Los datos revelados por la veedora de Bogotá, Adriana Córdoba, parecen una radiografía de los problemas que afronta la administración pública en Colombia.

En el marco del Día Nacional Contra la Corrupción, la Veeduría Distrital anunció la firma de un pacto entre todas las secretarías e instituciones de la capital, varios medios de comunicación y gremios de empresarios. Esto, motivado por una serie de encuestas que demuestran con cifras algo que todo colombiano ya intuye: la corrupción ha encontrado su hogar en el diario vivir, tanto de los funcionarios públicos como de la sociedad civil.

No importa la variable que se seleccione, el panorama es descorazonador. Sólo 4% de las personas encuestadas confía en los políticos. Apenas el 11 % cree que es más grave robarle al Estado que a un vecino, mientras que la abrumadora mayoría considera la contrario. El 87% cree que todos los funcionarios públicos son corruptos, y el 56 % cree que más de la mitad de los ciudadanos también lo son. Aceptaron haber ofrecido sobornos el 94% de los empresarios, la mayoría (55%) para agilizar los procesos administrativos. El clima, además, es propicio para justificar a los corruptos: el 40% de los ciudadanos siempre encuentra una “excusa” para su propia corrupción, y a más personas les molesta tener como vecinos a drogadictos (80%) o a alcohólicos (63%) que a corruptos (39%). El daño que la corrupción les hace a todos es difuso para la ciudadanía.

Esta situación es profundamente preocupante pues es la raíz que permite que los recursos públicos (y privados) se sigan quedando en la cadena de la corrupción. Si las personas están resignadas a que “todo el mundo lo hace” y que “hace parte del juego”, son más propensos a justificar sus propias violaciones a la ley, y el círculo continúa. La mentalidad que lleva a pensar que el problema es tan grande que no se puede solucionar está equivocada, y a eso le apuesta la propuesta de Córdoba.

Uno de los principales problemas identificados es el de la transparencia: solo el 44% sabe que tiene derecho a solicitar y recibir información sobre la ejecución de proyectos y obras, y apenas el 8% considera que el Distrito informa adecuadamente sobre la ejecución del presupuesto. Es fundamental que la población se empodere y, sobre todo, entienda que estos recursos, que son de todos, también son de cada uno, y la responsabilidad no es únicamente de los políticos. Córdoba lo dijo mejor: “Si yo creo que lo público no es de nadie, se vuelve un caldo de cultivo propicio para que allí germine este mal”.

El pacto de la Veeduría busca crear una comisión intersectorial de gestión ética, transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, presidido por la Alcaldía, con presencia de las Secretarías.

Apoyamos esta iniciativa, que ojalá sea tomada en serio por esta y las administraciones que vengan en un futuro: lo simbólico no puede abandonarse y debe acompañarse de una vigilancia práctica que incentive una cultura de la legalidad. Las personas deben entender, no sólo que no pueden apoyar la corrupción, sino que hay sanciones para quien lo haga. Dejar las excusas en todos los niveles de la vida pública y privada es el primer paso para mejorar la calidad de la administración y la vida de las personas.