Los congresistas de la FARC Victoria Sandino y Benedicto González, junto a sus abogados y a los también legisladores Antonio Sanguino (Verde) e Iván Cepeda (Polo), afirmaron que, por fin, la justicia se impone sobre el caso Santrich. Además, afirmaron que la renuncia del fiscal busca “torpedear el proceso de notificación” para expedir la boleta de libertad del exguerrillero.

Este miércoles, fueron varios los episodios que sacudieron el escenario político nacional. La decisión de la sección de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de aplicar la garantía de no extradición al excomandante de las Farc "Jesús Santrich" y solicitar su liberación inmediata, mereció las reacciones de los congresistas de todos los partidos políticos.

Así mismo, el fallo de la JEP en el caso Santrich fue el elemento que llevó a la renuncia de Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, y de la vicefiscal María Paulina Riveros. Entre sus argumentos, Martínez expresó que su renuncia es irrevocable y que la decisión de la jurisdicción “atenta contra la Constitución, la cooperación internacional y hace trizas la barrera que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico”.

Ante la tempestad de decisiones y posiciones, el grupo de apoyo denominado Comité de Solidaridad #SantrichLibre convocó a una rueda de prensa en la que los congresistas del hoy partido FARC Victoria Sandino y Benedicto González, en compañía de los abogados de la colectividad Eduardo Matías y Gustavo Gallardo, y de Antonio Sanguino (Alianza Verde) e Iván Cepeda (Polo Democrático) dijeron que apoyaban el fallo y argumentaron que la renuncia del fiscal era un intento de torpedear la salida del aún detenido Santrich.

Por un lado, Victoria Sandino manifestó que pese al fallo a favor de Santrich, todavía no se supera el dolor de su partido por el asesinato del excombatiente Wilson Saavedra, en Tuluá. “Pedimos al Gobierno que dé respuestas sobre su compromiso para respetar la vida de nuestros compañeros, además convocamos a los que queremos la paz a que es necesario que cerremos esta oleada de estigmatización y asesinato de líderes sociales.”, dijo.

Luego de la acotación, reiteró que con la decisión de la JEP queda demostrada la inocencia de Santrich y que ahora necesitan que se tome en serio los textos firmados en La Habana. “En esta ocasión, llamamos al cumplimiento de la sentencia de la JEP, pero también a que se cumpla lo que pactamos en La Habana, como lo hemos exigido, y que Jesús Santrich pueda salir cuanto antes. El senador Pablo Catatumbo tenía un permiso para visitarlo esta mañana y hasta esta tarde no ha podido verlo”, manifestó la senadora de la FARC.

De igual forma, Benedicto González, representante a la Cámara por el partido creado luego de la firma del Acuerdo, dijo que Santrich es un prisionero político por la forma en la que se ha dado su detención.

“Ustedes saben que los procesos de este tipo tienen un término de 120 días. Santrich lleva más de 400 días en la cárcel. Se han hecho suficientes artimañanas para evitar que se lleve a cabo la decisión de la JEP. Quiero hacerles una pregunta al presidente Duque y a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez: ¿Están en disposición de acatar la decisión de la JEP o los términos del fiscal para desafiar su soberanía jurídica?”, declaró Benedicto, del que cabe recordar, está en el Congreso asumiendo la curul que le correspondería a Santrich. González, quien llegó al Congreso en diciembre, dejaría el cargo una vez se resuelva la situación de su copartidario.

Durante la rueda de prensa, los abogados dieron el parte jurídico del asunto. En ese sentido, Eduardo Matías reiteró que la JEP cobijó la estadía de Santrich en el país por “considerar que no se pudo evaluar la conducta ni establecer allí la fecha de unos presuntos hechos por los cuales una corte del Sur de Nueva York lo solicitaba en extradición. La decisión de la JEP está acorde a la justicia y el derecho, y allí se ordena, de hecho, concursar copias para funcionarios de la Fiscalía por haber avalado la intromisión de agentes extranjeros como los de la DEA para hacer operaciones encubiertas de narcotráfico en territorio nacional, y con las cuales luego se quería hacer un montaje contra Santrich”.

Ahora, pese a la decisión de la JEP, Santrich se encuentra todavía detenido, pero también privado de visitas de sus abogados y de la sección de revisión de la JEP, según expresó en la rueda de prensa el jurista Gustavo Gallardo.  

“La renuncia del señor fiscal y de la señora vicefiscal está generando un escenario para torpedear el proceso de notificación del fallo ante el Inpec. Como este es una entidad de orden jerárquico, debe haber un fiscal que se apreste a emitir la boleta de libertad lo más pronto posible en el caso Santrich. Hasta ahora, ni los abogados ni la sección de revisión de la JEP se le ha otorgado la entrada para visitarlo y notificarle de la decisión”.

“En defensa de las instituciones y la JEP”

Luego de que los voceros del hoy partido FARC, junto a sus abogados y a otros legisladores que conforman el bloque ‘propaz’, otros congresistas de distintas colectividades salieron a defender la legitimad de la decisión de la JEP en el caso Santrich. En tal sentido, se mostraron “sorprendidos” por la decisión del fiscal Martínez de renunciar a su cargo a raíz de la negativa de extradición solicitada por Estados Unidos, y concluyeron que no hay ninguna crisis en el país.

“El caos que algunos pregonan no existe. Las soluciones están previstas en nuestra Carta Política. Respetamos la decisión del señor fiscal general. Las instituciones encargadas de la designación del fiscal general –Corte Suprema de Justicia y Presidencia de la República- harán lo pertinente en el marco de sus competencias”, señaló el equipo de legisladores, conformado por Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez y John Jairo Cárdenas (la U); Temístocles Ortega, Richard Aguilar y Rodrigo Lara (Cambio Radical); y Luis Fernando Velasco y Guillermo García Realpe (Partido Liberal).

Finalmente, señalaron que la JEP tiene la misma legitimidad y el mismo poder en sus decisiones que cualquiera de las otras altas cortes y que, en tal sentido, deben ser respetadas y acatadas por los colombianos. “Nuestras instituciones están cumpliendo con sus funciones dentro de lo establecido en nuestro Estado de derecho”.