Para efectuar algún balance sobre el llamado tercer punto, el de las drogas ilícitas, que se discute a puerta cerrada en La Habana entre el gobierno y la narco-guerrilla, disponemos de poca información, aparte de las profusas y demagógicas propuestas de las Farc. Hemos de valernos, para detectar las reales intenciones de las partes, de fuentes alternas que nos brinden indicios sobre el fondo de lo que se discute en la mesa.
Tal vez ninguna más apropiada, en el caso de las Farc, que las opiniones de un columnista como Alfredo Molano. Quien en su habitual escrito en El Espectador (“El tratado y el acuerdo”, marzo 16) toca con franqueza el asunto. Gustavo Duncan, otro comentarista más moderado, lo ha resumido de esta manera: “Sin ascos Molano sostiene que lo que tiene trabado las discusiones en La Habana no es la política antidrogas como tal. Al gobierno y a las Farc no les trasnocha a fin de cuentas qué tanto se enfatice en sustitución y desarrollo agrario en vez de represión a los cultivadores de coca. O si la legalización deba ser una condición para la paz.” De ninguna manera, sobre todo porque en lo de la legalización están de acuerdo. “Lo que realmente preocupa a las Farc, y con toda la razón del mundo, es el tema de la extradición”, remata Duncan. (El País, marzo 22).
Coincido con este analista y con Molano en esa diferenciación, aunque no en sus conclusiones. Es evidente que entre el gobierno de Santos y las Farc hay más identidades que diferencias en cuanto a la “política anti-drogas”(o pro-drogas si queremos ser más precisos). Con seguridad, en el conciliábulo de La Habana se dirigen a un “acuerdo parcial” en la materia, que conoceremos probablemente antes de la primera vuelta de la elección presidencial de mayo, para darle un empujoncito a la descaecida campaña de don Juan Manuel, redactado con la alambicada y almibarada retórica de la dupla de gramáticos greco-caldenses De la Calle-Timochenko.
Según Molano la guerrilla “está dispuesta a contribuir a la sustitución y a la erradicación de cultivos ilícitos”, y conoce “al dedillo” las zonas de cultivo y los campesinos que trabajan en ellos (¡quién habrá de negarlo!). Solo que la “sustitución de la coca implica mucho dinero y mucha tierra”. Bastaría para el efecto que se concedieran por el gobierno las “zonas de reserva campesina” (ZRC) pedidas por las Farc, para copar su ambición de tierras, y que se dedicaran a ese fin los fondos que hoy se gastan en la “guerra contra la droga”, de suerte que “hasta sobraría plata”. Benemérita labor que además dejará réditos económicos. Vivir para ver.
Quienquiera que consulte los documentos que las Farc han producido los últimos meses sobre el punto de las drogas podrá coincidir con Molano en que esos son sus propósitos. No muy diferentes de los que de manera tangencial y esporádica ha expuesto el gobierno, como por ejemplo la disertación del ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez hace unos días, en la Cumbre de la ONU sobre drogas y delito en Viena. Aunque se vanagloria de los éxitos de Colombia en la lucha contra este flagelo, que deberían llevarlo a aconsejar a los demás para imitar el valeroso ejemplo, deriva hacia una lamentable y derrotista conclusión: “en esta materia ganar batallas no es conseguir la victoria.” Pondera la nueva política del gobierno Santos, basada en la “integralidad” de la intervención del Estado en asuntos de drogas, pero advierte que es una “utopía” alcanzar la “eliminación absoluta de los cultivos de las drogas de origen natural”. Con base en lo cual no duda en saludar los nuevos vientos que aconsejan utilizar herramientas diferentes a la “guerra” del pasado, vientos de legalización y liberalización que el jefe de Estado colombiano ha venido propiciando.
Retomando el hilo podemos decir que el consumo, para ambos –gobierno y Farc-, es un problema de salud y como tal hay que tratarlo, abogando por su despenalización e incluso su legalización. Y en cuanto al cultivo y comercio de las drogas, ambos coinciden en que la “guerra contra las drogas” ha fracasado y que hay que buscar alternativas diferentes a la represión y a la erradicación forzada de cultivos. Las Farc abogan, así sea de dientes para afuera, por la erradicación de los cultivos, solamente que exigen que sea voluntaria y gradual, según lo decidan los mismos cultivadores (bajo su cobijo). Y todos hablan de sustitución de cultivos como la meta.
Dejo a un lado el “aporte” de las Farc en este terreno -proponer que una parte de los cultivos se conserven para fines alimenticios, medicinales, industriales y ¡hasta culturales!, según lo decidan de nuevo los campesinos cocaleros-, que no es más que un ardid para mantener buena parte de las zonas de cultivo bajo el manto de “costumbres ancestrales” y otros sofismas. Ni me ocuparé de las extravagancias de que el plan de erradicación voluntaria y de sustitución de cultivos se realice con financiación plena del Estado, de acuerdo a las demandas de los campesinos cocaleros y con participación y supervisión de las Farc, además del otorgamiento de una renta regular para todos ellos por un número indeterminado de años. Ya Gómez Méndez en reciente visita a Washington indicó que era conveniente ir cambiando la destinación de los fondos que Colombia recibe de Estados Unidos, de la erradicación a la sustitución, empezando seguramente a implementar lo que en Cuba se está ventilando.
Lo realmente importante es lo restante: el problema de la extradición, pero también el tratamiento del delito del narcotráfico, el desmonte del cartel de las Farc, y la pretendida desmilitarización de las zonas infestadas de cultivos ilícitos.
Empecemos por la extradición. Para Molano, la talanquera en ese sentido proviene del empecinamiento de los Estados Unidos en su política anti-drogas, y una supuesta utilización de la extradición como mecanismo de sometimiento del país. Es cierto que Estados Unidos no ha cedido ante los cantos de sirena de Santos para que deje de pedir en extradición a los jefes narco-terroristas, y devuelva los que ya tiene tras las rejas: en verdad ese es un escollo de consideración con miras a un arreglo más seguro y confiable para la banda criminal. Solo quedaría –como lo hizo Uribe con los jefes paramilitares- una suspensión condicionada de la extradición. Pero la desconfianza de las Farc con Santos no es poca, pese a que ningún mandatario les ha ofrecido tanto. Aún en la eventualidad de que aceptaran esa salida, la desconfianza se mantiene por otros motivos, advierte Molano: “Santos podría llegar a prometerles a las Farc no firmarla a quien cobije el acuerdo, pero un Zuluaga o un Peñalosa podría hacerlo porque esa rúbrica diabólica es potestad del jefe del Estado.” De allí se colige, de contera, cuáles serán las esperanzas de estos bandidos en las próximas elecciones presidenciales.
Sigamos con el delito del narcotráfico, que es el fundamental para sustentar los pedidos de extradición. Cuando se discutió el proyecto de Marco Jurídico para la Paz, se debatió el viejo asunto de la “conexidad” del delito político con otros delitos, a fin de determinar un límite más a la concesión de amnistías e indultos (con el mote de “justicia transicional” para encubrirlos). Se desechó la propuesta del senador uribista Juan Carlos Vélez de incluir los delitos transnacionales como el narcotráfico, de suerte que no figura en el texto final del acto legislativo.
El señor Molano “sin ascos” -en palabras de Duncan- se extiende sobre tan sensible materia, a fin de otorgarle a los facinerosos una salida legal, que los inmunice frente a la extradición. He aquí su enjundioso tratado: “El procurador declaró que considerar político el delito de narcotráfico es ponerle conejo a la extradición. (¡Claro, de eso se trata! ¡Bravo, monseñor! En el fondo, vuestra excelencia tiene razón). El vicepresidente Angelino le reviró diciéndole que por encima de todo —incluidos los tratados internacionales— está la paz y —debía haber agregado— la soberanía del país. La pelea está casada. No tarda Uribe en brincar y las Farc en poner como condición de un acuerdo que los delitos de narcotráfico –que en realidad en el caso de ellos no son de exportación de cocaína, aunque también ahí hay manzanas podridas– deben ser conexos con los de rebelión política. Más aún, producir un par de kilos de base de cocaína —que es lo que hacen algunos campesinos— no puede ser considerado delito de lesa humanidad, como sí lo es un falso positivo. Tampoco es considerado como tal el gramaje o impuesto a los cultivos que cobran las Farc.”
La comparación es de antología: producir “un par de kilos” de coca (¡un par de kilos!), o el “gramaje” que practican los narcoterroristas, no puede ser considerado un delito de lesa humanidad, como sí “lo es un falso positivo” de los militares. Amén de que las Farc dizque no son exportadores –salvo algunas minúsculas “manzanas podridas”, dentro del idílico cesto de manzanas virtuosas-. En tal virtud la condición para el acuerdo es contundente: “que los delitos de narcotráfico deben ser conexos con los de rebelión política”. Ya el Marco Jurídico para la Paz lo permite. Se requiere que Santos lo acepte y el Congreso refrende una ley que contemple ese delito como “conexo” con el político, para así bloquear la extradición. No imposible, salvo que Uribe y su fuerza política lo impidan en el parlamento, o que en las presidenciales se cuele “un Zuluaga” que lo evite (pues Peñalosa ya agachó la cabeza y aceptó la impunidad que ofrece el gobierno).
Cuando se expidió la Ley de Justicia y Paz, se armó un gran alboroto por ciertos dirigentes y comentaristas porque dizque lo que se quería era encubrir a unos narcotraficantes y evitar su extradición. Cuando la mayor parte de la cúpula de las autodefensas fue extraditada, precisamente por seguir en actividades ilícitas como el narcotráfico, se dijo entonces por los mismos críticos que era para no saliera a flote la verdad en Colombia. Qué paradójico: quienes eso decían fueron los primeros en visitar a los jefes paramilitares en las cárceles gringas para sonsacarles declaraciones contra funcionarios del gobierno que los había extraditado, su enemigo común, en una “venganza criminal” evidente que ha denunciado el expresidente Álvaro Uribe. Ahora, los mismos personajes solicitan para la guerrilla lo que antaño mostraban como una patraña para favorecer a los paramilitares. Otra vez, vivir para ver.
Rematemos con dos consideraciones relevantes. Las Farc han pedido, además de las extravagantes solicitudes ya comentadas, que se suspendan las erradicaciones forzosas y fumigaciones de cultivos ilícitos, y se proceda a la desmilitarización de las áreas donde proliferan esas siembras. Inadmisible para cualquier colombiano sensato, pero que cabría perfectamente en el “período de transición” que ha elucubrado Sergio Jaramillo, de diez años durante los cuales las Farc manejarían estos territorios sin entregar las armas. Agregado a la creación de ZRC significaría proporcionar territorios con varios millones de hectáreas a los violentos que por allí campean, y estimular que se siga en el cultivo y comercio de la coca, su sostén económico. Instaurar narco repúblicas independientes, que serían la cuota inicial para conducir a Colombia al dominio de estas fuerzas tenebrosas.
De lo que no se habla por Molano, ni en ningún documento de las Farc, es de lo que harán con el cartel que tienen montado. Parece que su propósito es mantener la estructura criminal que les ha servido de soporte por décadas, con todo el entramado de áreas de cultivo, laboratorios, rutas de tráfico, alianzas domésticas y externas con carteles y bandas criminales, propiedades y dineros cuantiosísimos, armamentos sofisticados, en fin, todo el andamiaje que los convierte en el primer cartel de drogas del mundo, pero actuando disfrazados de damas de la caridad que luchan junto con el gobierno por la redención de la Colombia marginada. Ni una sílaba sobre su desmonte, sobre la entrega de rutas, compinches y bienes mal habidos, sobre reparación a las víctimas con tan descomunales patrimonios, nada.
¿Hasta dónde estirará la cuerda Santos para sellar un pacto aceptable para las Farc, el mayor grupo criminal y traficante de la historia de Colombia, convertido por arte de birlibirloque dizque en quién nos va a salvar precisamente del turbio negocio que los nutre?
