Facultades, no atajos

La simple promesa de que hay una buena intención clara no es garantía suficiente para que los colombianos extiendan una carta blanca al presidente.

El problema habitual con las facultades extraordinarias otorgadas al presidente que las solicite es que éstas se fundamentan en la buena fe y las buenas intenciones de quien las ostente. Nos explicamos: por más que el Gobierno y sus defensores insistan en que el aterrizaje de los eventuales acuerdos con las Farc requiere creatividad jurídica, y por más que repitan que el presidente sólo utilizará sus facultades extraordinarias para lo estrictamente necesario, si los límites de esta medida excepcional no están bien definidos desde el Acto Legislativo para la Paz —con el que se pretende abonar el terreno de los acuerdos—, la justa desconfianza reinará entre los colombianos.

Por esa indeterminación, mientras se cumplía ayer el segundo debate del Congreso sobre el Acto Legislativo, ha surgido un debate importante acerca de un artículo puntual, pero que potencialmente puede tener implicaciones monumentales: aquel que le otorga al presidente de la República la facultad para designar un número adicional de miembros que hagan parte de la denominada comisión legislativa para la paz, que será la encargada de dar trámite en el Congreso a los proyectos de ley que faciliten la implementación de los acuerdos alcanzados en La Habana entre Gobierno y guerrilla. El artículo establece que el presidente podrá designar “un número adicional de miembros, no congresistas, como parte de la Comisión” para que participen con voz, pero sin voto.

Para la senadora Claudia López, ponente del Acto Legislativo, y para diversas voces de la oposición, eso abre la puerta para el aterrizaje en el Congreso de miembros de las Farc. Nosotros añadimos: esta proposición de la Comisión no dista mucho, entonces, de la supuestamente desechada idea de un “Congresito”. Roy Barreras, coordinador de los ponentes del Acto Legislativo, ha asegurado que dicho artículo sólo estaba pensado para incluir actores sociales como académicos o activistas. ¿Le creemos y ya?

Ahí es donde cobra relevancia lo que mencionamos de la buena fe como único límite a los poderes extraordinarios. Según supo El Espectador hace unas semanas, este artículo ya había sido pensado antes del primer debate como alternativa para permitir la eventual participación de las Farc en la Comisión legislativa para la paz. Por eso, mediante este mecanismo entrarían al Congreso “proxis”, personas que, sin ser parte del grupo armado, abiertamente han demostrado y declarado afinidad con la ideología de la guerrilla y que pueden contribuir a darle otra mirada a lo que se debata en la Comisión.

Independientemente de si es pertinente o no que las Farc tengan voz en la eventual Comisión, este debate demuestra por qué intranquiliza la solicitud de las facultades extraordinarias. La simple promesa de que hay una buena intención clara, como lo mencionó Barreras, no es garantía suficiente para que los colombianos extiendan una carta blanca al presidente.

Reiteramos, entonces, lo que ya hemos dicho en este espacio: bienvenidas las facultades extraordinarias, siempre y cuando sean lo más claras y delimitadas posibles, de tal manera que el país entero sepa para qué se utilizarán. No pueden ser un mecanismo para que el Gobierno se ahorre debates que debería dar en el Congreso. ¿Por qué no discutir abiertamente algún tipo de representación para las Farc? Esa es la única manera verdaderamente democrática de hacerlo.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Buscar

Facebook

Ingresar