Bajo el amparo de un acuerdo de paz cuya sombra de impunidad no se ha disipado, la Farc viene ahora a dictar cátedra de aplicación de justicia. ¿Realmente quieren debatir sobre impunidades?

Al anunciarse la semana pasada un acuerdo político entre la mayoría de partidos con representación en el Congreso para ajustar unas normas de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) relativas al régimen aplicable a los agentes del Estado, dos colectividades se apartaron y manifestaron su discrepancia con la reforma: el Polo Democrático y el movimiento Farc.

El Polo, cuyos representantes en el Legislativo tienen el respaldo de la legitimidad política de haber sido elegidos democráticamente en las urnas, manifestó a través de sus voceros que consideraba que introducir modificaciones o adiciones a la JEP es violatorio de la Constitución, pues el régimen normativo que define las competencias y alcances de la JEP no puede ser cambiado.

La Farc dijo lo mismo, pero en su posición añadió un elemento que, por tratarse de quien lo esgrime, debe ser sometido a juicio crítico: que los partidos políticos quieren “asegurar la impunidad”, la cual, dice, ha sido una constante histórica en nuestro país. Se refiere, claro está, a la impunidad de los agentes del Estado, a quienes siempre han endilgado desde esa facción la responsabilidad del conflicto armado.

A primera vista, lo que dice la Farc y su rasgado de vestiduras por la impunidad podría considerarse parte del clima político donde los líderes hacen gala de cinismo y olvidan sus promesas y programas electorales tan rápido como se cambian de camiseta para hacer lo contrario de aquello a lo que se comprometieron. Pero oír a los de las Farc dolerse por impunidades sobrepasa cualquier cálculo.

El ahora senador “Carlos Antonio Losada” pudo explicar sus puntos de vista en rueda de prensa y en la sede del Congreso, el mismo Congreso que durante la pasada legislatura convalidó los acuerdos de paz firmados por las Farc y el Gobierno Santos en los que la impunidad es una sombra que nadie ha podido disipar. El hecho de que “Losada” sea hoy legislador y no esté cumpliendo prisión por los crímenes de los que fue partícipe como dirigente de la cúpula de la entonces guerrilla, exime de ir más allá para en la explicación de porqué es una afrenta que ahora la Farc y sus dirigentes –muchos de ellos con sentencias suspendidas por crímenes de lesa humanidad– condenen la impunidad.

En un sistema democrático, los engaños y defraudaciones de sus políticos electos podrían ser sancionados por la ciudadanía mediante el voto: no reelegirlos la siguiente ocasión que se abran las urnas. La Farc no tendrá que temer esa sanción. Por el acuerdo firmado con Santos e incorporado a la Constitución –inmodificable e intocable, según ellos– tienen curules aseguradas sin necesidad de un solo voto. Cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, durante tres períodos. Y así sean condenados penalmente por la justicia transicional, eso no será incompatible con el ejercicio de derechos políticos y de representación, dice el mismo acuerdo.

Por otra parte, las máximas instancias de la justicia ordinaria (Corte Suprema, Consejo de Estado) vienen desde hace muchos años condenando al Estado colombiano –a los ciudadanos que pagan impuestos– como responsables patrimoniales de los actos terroristas de las Farc. La entrega de bienes y recursos de parte de esta para la reparación a las víctimas ha sido otro engaño.

Dice el pronunciamiento de la Farc que es inadmisible que magistrados de la JEP, que serán elegidos por la institucionalidad, sean los que investiguen y juzguen a los agentes del Estado, que también son institucionalidad. Puede que sean tantos años desconectados del mundo y de los sistemas democráticos los responsables de tal desconocimiento del funcionamiento de todos los sistemas ordinarios de justicia. Lo que no es habitual, como sí sucede en Colombia, es que la redacción del sistema de justicia que se les aplicará a los agentes del Estado haya sido compartido entre representantes de un Gobierno y representantes de quienes hasta hace nada combatieron con las armas y contra la Constitución, arrasando todos los derechos –vida, integridad, dignidad y bienes– de los ciudadanos de Colombia.