Farc: multinacional intocada

La misma Fiscalía dice que durante años no se ha investigado la riqueza de las Farc. No parece haber voluntad política para ello. Al fin y al cabo, se terminará reparando con impuestos.

Recordaba el informe publicado ayer en este diario, que en 2002 el entonces director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Asa Hutchinson, aseguraba que “el Departamento de Estado estima que las Farc reciben USD. $ 300 millones al año por la venta de droga”.

En Colombia, según reconocía el hasta hace poco fiscal general (e), Jorge Perdomo, la investigación judicial de cuántos recursos tiene ocultos las Farc no se había hecho: “nadie se había preocupado por cuánta plata tenían las Farc”.

Este periódico le preguntó al presidente Juan Manuel Santos. Aseguró que no les cree a las Farc cuando dicen que no tienen recursos. Pero anota que “no he podido descubrir dónde tienen esas cuentas criminales. Ni las ha podido encontrar la CIA ni la inteligencia militar” (entrevista publicada el 31/07/2016).

También le preguntamos al expresidente Álvaro Uribe: “Nosotros sí encontramos mucha [plata], en Costa Rica, a través del chavismo, en inversiones en Ecuador, inclusive en Colombia y han tenido testaferrato”. Y acusó que “una cosa es que sea difícil encontrarles el dinero, otra es lo que hace este gobierno, que no lo busca y además les avala la disculpa de que no lo tienen” (entrevista del 14/08/2016).

Del actual gobierno el único que se atrevió a hablar de cifras fue el anterior director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), que en conversación off the record con The Economist habló de activos por 10.000 millones de dólares. Le fue exigida su renuncia de inmediato.

El pasado mes de julio la Fiscalía presentó un informe preliminar sobre la riqueza de las Farc, donde corroboró lo ya sabido hace años: el narcotráfico es la principal fuente de financiación de la guerrilla. Pudo documentar, por el momento, ingresos por 22 millones de dólares.

Por su parte, la recién posesionada vicefiscal general, María Paulina Riveros, dijo ayer en El Tiempo que “con los delitos de los guerrilleros de las Farc hemos encontrado unos baches muy grandes (…) en cuanto a investigación por enriquecimiento ilícito. Hasta ahora no encontramos procesos”.

La riqueza de esta guerrilla no la van a encontrar en cuentas corrientes con la razón social de las Farc. Ni es solo la proveniente del narcotráfico, cometido a plena luz del día y ante la mirada de las autoridades. De los numerosísimos delitos cometidos por las Farc muchos de ellos corresponden a extracción de rentas contra ciudadanos y empresas legales, como el robo y la extorsión. Delitos que quien haya leído el punto 39 del acuerdo en materia de justicia transicional, sabrá que quedarán definidos como conexos al delito político, amnistiables e indultables.

Para hallar el patrimonio escondido de las Farc se requiere, ante todo, voluntad política, no solo del gobierno colombiano sino de muchos en cuyos territorios se han blanqueado esos activos. Es posible que políticamente ni el de aquí ni los de allá quieran atormentar a la guerrilla con estas pesquisas activando su comprobada capacidad de chantaje, pues a cambio de “la paz” no van a aceptar que les toquen su dinero.

Dice el acuerdo de justicia transicional que las Farc “se comprometen a realizar acciones de contribución a la reparación por los daños causados” (5.1.3.2). Más concreto es el mandato que se impone al Estado: “(…) concurrirá subsidiariamente a la reparación de las víctimas cuando quienes individualmente causaron daños no tengan recursos para repararlos” (5.1.3.7).

Pronto los ciudadanos sabrán el significado tangible de estas disposiciones cuando padezcan la puesta en vigor de la nueva reforma tributaria y sepan quiénes pagarán los daños causados “con ocasión del conflicto armado”.

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