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Martes 25 de Septiembre del 2018

Fiscal, a morderse la lengua

Publicado en:

El Tiempo  | 

Autor(a): Mauricio Vargas  |

Fecha: 26/01/2015

 

Foto: elpais.com.co

Lo del hacker poco convence: la mayoría de las supuestas pruebas son los dichos del principal implicado.

Acierta el fiscal general, Eduardo Montealegre, al decir que los acuerdos para la desaparición de las Farc como grupo armado no requieren de refrendación popular. La Constitución otorga suficientes instrumentos al Presidente para firmarlos, con los límites del Derecho Humanitario, advertidos ya por la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda.

La fiscal sostiene que “el mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”, una definición en la que caben muchas acciones de las Farc. La idea de que un referendo puede brincarse estos preceptos es errada, del mismo modo que un referendo no puede –por ejemplo– establecer la tortura como práctica de interrogatorio.

En vez de recostarse en un referendo, el presidente Juan Manuel Santos debe asumir la responsabilidad histórica de ese acuerdo, resulte como resulte. Pero, además, ¿qué pasa si los votantes lo rechazan como bien puede ocurrir debido a los sapos que, según Santos ha advertido, contendrá? Y otra: ¿entre la firma del acuerdo y la refrendación popular habrá una paz armada mientras las Farc esperan el resultado de la votación?

Pero que el Fiscal tenga razón no quiere decir que su función constitucional cobije el andar opinando sobre esos asuntos. Editorialistas de varios diarios, comenzando por EL TIEMPO, hicieron ver la inconveniencia de esas declaraciones. La principal función del Fiscal es dirigir la investigación de los delitos y llevar ante los jueces a quienes los cometen, con las pruebas para obtener su condena.

Y en eso se raja la Fiscalía. Así lo demuestran casos como el asesinato de Álvaro Gómez –nada que la Fiscalía procesa a los principales sospechosos– y el asesinato del joven Luis Andrés Colmenares, donde un cúmulo de errores de la Fiscalía impidió condenar a los responsables. Para no hablar de decenas de miles de casos fallidos que carecen de notoriedad.

Un experimentado fiscal me dijo que quizás esos fracasos explican la locuacidad de Montealegre –y de varios de sus antecesores–: “Como no tienen resultados en el campo penal, tratan de salvar la cara con opiniones políticas”. Si eso es así –y yo prefiero imaginar que lo de Montealegre es una equivocación de buena fe–, puede explicar el grave deterioro de la imagen de la Fiscalía. Según el Gallup Poll, en diciembre del 2011, la entidad gozaba de una imagen favorable del 71 por ciento. Tres años después, esa imagen cayó a 37 por ciento.

También es equivocado que el Fiscal utilice una entrevista radial para notificar a Óscar Iván Zuluaga que será interrogado por el caso del hacker. Dichosa época aquella en que los funcionarios judiciales se pronunciaban por fallos y providencias.

Lo del hacker poco convence: la mayoría de las supuestas pruebas son los dichos del principal implicado, un personaje fantasioso y vendedor de humo, en quien no puede basarse un proceso contra el candidato presidencial de la oposición sin que surjan sospechas de politización de la Fiscalía, acusada de ser cercana al Gobierno. Extraña el avance de ese caso, mientras las gravísimas denuncias sobre la ‘mermelada’ corrupta del santismo ni siquiera merecen una miradita de los fiscales.

A Montealegre le queda poco más de un año en el cargo. En unos meses comenzarán a sonar nombres para reemplazarlo y eso minará su poder. No le resta, pues, mucho tiempo para el principal pendiente de su gestión: el fortalecimiento de la investigación judicial, para que la Fiscalía deje de depender de confesos interesados y de dudosos testigos. En eso debe concentrarse el Fiscal mientras se muerde la lengua para evitar los micrófonos.

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