Godo bueno, el que se va muriendo…

Según la Fiscalía, para entender el asesinato de Gómez Hurtado es necesario tomar como referencia coyuntural el proceso 8.000.

La actitud del Montealegre de insistir en que el de Álvaro Gómez no llena los requisitos de un crimen de lesa humanidad, como se lo solicitaron todos los expresidentes vivos de Colombia (salvo el que aparece mencionado en toda la investigación), lo deja a uno pensando si lo que esconde es la secreta intención de ayudar a alguien, que en este caso solo pueden ser dos personas: Ernesto Samper y su exministro Horacio Serpa.

La propia Fiscalía, en un documento de este año elaborado por la Unidad de Análisis y Contextos, parece contradecir abiertamente la tesis de su jefe, el Fiscal, al asegurar: “Para relacionar los homicidios y atentados citados en este análisis, es necesario tomar como referencia coyuntural el proceso 8.000, es decir que el homicidio de Álvaro Gómez no es el punto nodal del fenómeno criminal, sino que puede entenderse como una víctima más del exterminio de personas que criticaron el gobierno Samper por sus presuntos nexos con el narcotráfico, los que quisieron colaborar con la investigación y los que tenían conocimiento de la infiltración de los dineros de los carteles en la campaña Samper Presidente” (página 82). Y después de aceptar que todos estos asesinatos encuadrarían en el carácter de conducta masiva y sistemática, el mismo informe reconoce que los expedientes mencionados no se pueden relacionar con el crimen, ya que “… evidencian un manto de impunidad que cubre todas las investigaciones de los homicidios de estos posibles informantes sobre los nexos entre los miembros de los carteles de la droga del Valle del Cauca y el gabinete presidencial de Ernesto Samper Pizano” (página 83).

¿Cuántos muertos, mal contados, ha dejado el proceso 8.000, que para la Fiscalía no tienen carácter masivo o sistemático?

Darío Reyes Ariza (conductor de Horacio Serpa); Elizabeth Montoya de Sarria (Monita Retrechera); Diego Andrés Buitrago Gómez, sobrino de ‘Rasguño’, asesinado cinco días antes de la declaración de su tío en Nueva York; Lorena Henao Montoya, viuda de Iván Urdinola y hermana del asesinado jefe del cartel del Valle Orlando Henao; Ángela Villalobos Cano, nombre de protección de la hija del narco Víctor Patiño Fómeque; Jaime Acevedo Quimbayo y Ancísar Gutiérrez Cuevas, escoltas del abogado de Samper; Antonio José Cancino. Fuente: Grupo Magnicidios Dinac.

A esa lista se suman el propio Álvaro Gómez Hurtado; el empresario César Villegas, alias el’ Bandi’; Carlos Hernando Maya Hoyos, socio de Patiño Fómeque, que terminó colaborando con la justicia; Jairo Chavarriaga, promotor de los pagos a congresistas para la absolución de Samper; el profesor de la Universidad Nacional Chucho Bejarano Ávila, quien desmintió la tesis de que Gómez hubiera participado en un intento de golpe contra Samper; Patricia González, esposa del contador Gustavo Pallomari, asesinada después de su entrevista en la embajada de EE. UU.; Germán Alberto Cifuentes, hijo del general Cifuentes, quien se le rebeló a Samper; el general Fernando Landázabal Reyes, quien aseguró siempre tener información sobre los autores intelectuales del crimen; Carlos Oviedo Alfaro, abogado de Élmer ‘Pacho’ Herrera, compadre de alias ‘Jabón’, quien suministró información del homicidio; y Romel Hurtado, ex- viceministro de Comunicaciones, detenido por el 8.000, asesinado días después de prometer por una emisora de radio que contaría la verdad sobre el crimen.

Luis Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, identificado con cédula n.° 16’209.410, de Cartago (Valle), ha hablado 4 veces ante la justicia. Ya dijo quién mató a Álvaro Gómez. Ya dijo por qué. Pero está visto, como aseguró el periodista Mauricio Gómez en este nuevo aniversario de la muerte de su padre, que en Colombia sigue siendo cierto eso de que “godo bueno, el que se va muriendo”. Y añado yo: ¿y para qué resucitarlo con investigaciones incómodas, cuando el Fiscal “es amigo”?

Entre tanto… A lo mejor los indígenas castigan mejor a los asesinos de las Farc que el propio Estado colombiano.

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