¿Golpe de Estado a presidencia de Santos?

La vergonzosa reculada del presidente Santos respecto al nombramiento del nuevo director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) puso de presente su debilidad a todo nivel y dejó en evidencia un bochornoso golpe a su autoridad por parte del vicepresidente, Germán Vargas, quien además de atravesarse al nombramiento de alguien competente y honesto como Rodrigo Suárez, da un espaldarazo a alguien tan funesto para la institucionalidad como el insostenible Fernando Iregui, quien tal vez oculte pruebas de su papel de lacayo para la aprobación a patadas de muchas licencias exprés con grave perjuicio para la nación.

Semejante pulso de politiquería tiene de por medio intereses económicosmultimillonarios, pues las licencias ambientales, en la práctica, representan el permiso que da el colectivo ciudadano a intereses particulares para afectar el medioambiente, que pertenece a todos. Si la afectación negativa no es reparable o no se compensa con el beneficio social de la intervención humana, la ANLA debe negar permisos; así las cosas, ese balance y estado de pérdidas y ganancias entre interés público ambiental y las utilidades particulares conlleva a que se cargue a favor de una u otra parte en proyectos multibillonarios que, con largas chequeras, influyen en quienes detentan el poder político.

Iregui no pudo explicar por qué cambió de la noche a la mañana el concepto de negativo a positivo de la licencia del Proyecto Porvenir II, favoreciendo al grupo empresarial antioqueño, ni explicó su alcahuetería con el manejo de las aguas de El Quimbo, de la multinacional Emgesa, ni pudo explicar sus piruetas jurídicas con las que autorizaba la exploración de hidrocarburos en la serranía de La Macarena, a sólo 67 kilómetros de Caño Cristales, sólo por mencionar algunos casos emblemáticos de su nefasta dirección en la ANLA.

Todas estas perlas bajo el manto de los cuestionables Proyectos Estratégicos de Interés Nacional (Pines), que maneja a su discreción la Vicepresidencia y constituyen una aplanadora irrefutable que ni la Contraloría, ni la Procuraduría y mucho menos la Fiscalía investigan.

Como es el vicepresidente quien actualmente manda, estamos ad portas de su reelección y de la consolidación de su talante de emperador, el cual es defendido por los que sostienen que eso del desarrollo económico ni debe ser sostenible, ni debe ser democrático. ¡Ave César!

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