Preocupación por las más recientes decisiones adoptadas por la Corte Constitucional sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) expresó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

En carta dirigida al presidente de la Corte, Alejandro Linares, el fiscal Martínez resume sus inquietudes en cinco puntos clave: narcotráfico como delito de ejecución permanente; investigaciones contra agentes del Estado y reinsertados; renuncia a la investigación penal de graves crímenes; garantía de no repetición; y trámite de extradición.

1. Narcotráfico como delito de ejecución permanente

Sobre la primera preocupación, Martínez afirma que el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc no definió jurisdicción competente para conocer de los delitos de ejecución permanente.

El Fiscal recuerda que, como lo propuso, el Acto Legislativo 01 de 2017 estableció que los delitos relativos al narcotráfico, cuya comisión haya iniciado con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, serían de conocimiento de la justicia ordinaria.

Sin embargo, sostiene que la sentencia de la Corte le impedirá a la Fiscalía actuar con celeridad hasta que la JEP defina los casos en los que los desmovilizados de la guerrilla continúen cometiendo delitos relacionados con el narcotráfico. Según él, la entidad quedaría sin competencias hasta que el tribunal defina caso por caso qué justicia tendría las facultades para hacerse cargo de ellos.

2. Investigaciones contra agentes del Estado y reinsertados

El fiscal Martínez afirma que en el comunicado de la Corte, aunque se reconoce que la Fiscalía puede seguir con las investigaciones en curso, “en su interpretación deja maniatada completamente la actividad investigativa, al prever que no podrán ordenar la citación a la práctica de diligencias judiciales”.

El temor de la Fiscalía es que algunos operadores judiciales puedan concluir que, por lo dicho por la Corte en el comunicado, no sería posible citar a los reinsertados y agentes del Estado a entrevistas, indagatorios, audiencias de formulación de imputación, entre otras; “todo esto mientras la JEP asume competencia de esos casos en un término que se prevé de hasta tres años”.

3. Renuncia a la investigación penal de graves crímenes

Martínez recuerda que el Congreso dispuso en el proyecto de ley estatutaria que “en ningún caso podrá renunciarse al ejercicio de acción penal cuando se trate de delitos no amnistiables”; sin embargo, dice en la carta, “al parecer la Corte Constitucional habría condicionado esta disposición”.

Sobre este tema, Martínez se pregunta: ¿Es posible renunciar a la acción penal cuando se trate de crímenes de guerra que no han sido cometidos de manera sistemática? ¿Podría interpretarse que con el mero juzgamiento de los máximos responsables, quedan liberados de responsabilidad penal los demás agentes del conflicto que no ostenten dicha condición, tales como los ejecutores materiales de dichos crímenes, caso en el cual podría activarse la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional frente a dichos sujetos?

4. Garantía de no repetición

Aunque se había acordado que en caso de existir reincidencia en la comisión de delitos por parte de los postulados a la JEP, se perderían todos los beneficios, el fiscal Martínez considera que ahora, en el comunicado de prensa de la Corte, “parecería concluirse que la expresión ‘todos’ desconoce los principios de igualdad y de proporcionalidad del régimen de condicionalidad. Y, en consecuencia declaró su inconstitucionalidad”.

El fiscal Martínez pide dilucidar si un favorecido por el sistema que comete nuevos delitos puede seguir recibiendo los derechos, beneficios, tratamientos especiales y garantías de la JEP.

5. Trámite de extradición

A Martínez le preocupa que se pueda sustraer a Colombia de la posibilidad de materializar circulares rojas de la Interpol, en el marco de la lucha global contra el crimen; que la extradición le impida al Estado investigar a reinsertados extraditables; que se abra la posibilidad de que autoridades distintas al Fiscal General dispongan de la libertad del capturado con fines de extradición.

Respuesta de la Corte

El magistrado Linares le dijo a EL NUEVO SIGLO que “estamos analizando la carta del Fiscal y la estaremos contestando la semana entrante. El Fiscal lo que hace es una especie de consultas sobre algunos temas y sencillamente vamos a contestar esa carta por escrito”.

El jurista afirmó que “vamos analizar con mucho cuidado el tema, así como lo analizamos antes de tomar la decisión. Esos temas habían sido planteados en las distintas intervenciones ante la Corte y van a quedar plasmados en la sentencia. Estamos leyendo con cuidado lo que nos consulta el Fiscal”.