El Congreso propone disminuir el umbral del plebiscito para la paz a un número muy inferior de votos. El mensaje que dan es que temen al pronunciamiento popular, a la democracia.

La agenda trazada por las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, en el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (26/08/2012), establece que en el proceso de negociación se determinarán los mecanismos de refrendación de los acuerdos (Agenda, punto V, 6-6).

El presidente de la República se comprometió a que esa refrendación sería de origen popular, específicamente a través del voto. “Serán los colombianos los que tendrán la última palabra sobre si lo que se llegue a firmar en La Habana se ejecuta o no”. Ahí están decenas de discursos presidenciales, del negociador jefe Humberto de la Calle, de los ministros del Interior.

Los principales mecanismos de participación popular están establecidos en la Constitución Política y han sido desarrollados en leyes estatutarias: la consulta popular, el plebiscito y el referendo. Todos con sus especificidades, requisitos y, ante todo, sus profundas complejidades.

En varias ocasiones anteriores habíamos anotado que dos apuestas políticas marcarían el doble mandato de Juan Manuel Santos: negociar con las Farc, por un lado, y someter a voto popular la decisión final de lo que en La Habana llegare a formalizarse. Más arriesgada la segunda, por inédita y por el altísimo grado de liderazgo político, moral y de credibilidad que requería del Jefe de Estado, de su gobierno y de su equipo negociador.

Con el precedente del referendo de 2003, ahogado por las exigencias del umbral y por la prolijidad de su texto, a pesar de haber sido impulsado por un presidente (Álvaro Uribe) que gozaba entonces de niveles de popularidad sin precedentes, la promesa de Juan Manuel Santos significaba un compromiso con el país y, de forma que en su momento se creyó inteligente, una especie de órdago (como gusta decir a los jugadores de cartas) a las Farc: si ustedes son el “ejército del pueblo”, que sea ese pueblo quien legitime sus demandas y aspiraciones.

Pero pronto el gobierno ha caído en la cuenta de que la apuesta fue demasiado alta. Las complejidades de un referendo eran muchas. Sería, eso sí, de aprobarse, el mecanismo que con mayor grado de legitimidad fijaría el acuerdo con todas sus garantías de permanencia y seguridad jurídica. Pero hoy no hay un liderazgo que logre que haya tal grado de participación popular y de votos. Por eso ahora se tramitará una ley para convocar un plebiscito. Y las Farc dicen que tampoco aceptarán esa forma de pronunciamiento popular.

El plebiscito entraña más riesgos para el país que para las Farc. Las posibilidades de manipulación son grandes. Y el Congreso está demostrando que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de complacer al gobierno y las mismas Farc. Aprobaron una disminución del umbral (menos de 5 millones de votos) que tornaría este plebiscito en un remedo de refrendación popular. Sería un plebiscito farsa. Juan Manuel Santos fue reelegido en 2014 con algo más de 7.800.000 votos que creyeron en su promesa de paz negociada. Pero ni siquiera su bancada parlamentaria ni sus asesores confían en repetir o acercarse a esa cifra.

A pesar de que las encuestas apuntan a un mayor apoyo al proceso y a la firma de un acuerdo final, se nota un clima de indiferencia por lo que está pasando en el Congreso. El gobierno y su bancada quieren despachar la refrendación popular como un trámite que hay que sacar como sea, siempre y cuando sea favorable. Por eso reiteramos que es indignante el miedo que a la democracia (igual que el de las Farc) están demostrando los políticos.