Heil Gilma

 


Comienza una nueva legislatura y habrá proyectos de ley de todos los calibres. Durante el próximo año, veremos a un Congreso entregado a la aprobación desesperada de normas, porque al fin y al cabo acá lo que impera es el santanderismo: frente a cada dificultad un buen paquete legislativo.

 

Creen los congresistas, cree el liberal presidente Santos, cree la gente que las leyes tienen virtudes mágicas y que con su mera promulgación se garantiza la solución de los problemas sociales.

Gilma Jiménez, congresista que hace muchos años militó en las filas del liberalismo —forjada bajo el amparo del campeón mundial de la manzanilla, Julio César Sánchez— ha querido presentarse como la defensora de los derechos de la niñez en el Parlamento colombiano.

Lidera el referendo para castigar perpetuamente a los violadores de menores de edad, iniciativa que le ha permitido ganarse el apoyo de las mayorías. ¿Quién puede estar en contra de que un abusador de niños no se pudra en la cárcel?

Hasta ahí iba bien la aguerrida congresista que en su afán de protagonismo está planteando un absurdo proyecto para garantizar la paternidad responsable. Dice ella que uno de cada cinco niños crecen sin saber quién es su papá. ¿Acaso una ley podrá por, sí misma, obligar a que los que engendran hijos respondan por ellos? Honorable senadora Jiménez: desafortunadamente, la sensibilidad humana no puede ser incorporada a través de las normas jurídicas. Si así fuere, las sociedades no tendrían que padecer los horrores que cometen los terroristas, los pederastas o los proxenetas.

Según la parlamentaria, el proyecto contempla que los hombres que no garanticen la subsistencia de sus hijos, reciban sanciones sociales y penales. Asegura que “el no responder (sic) emocionalmente” por los niños será castigado con cárcel. Atención: preparemos un nuevo capítulo del Código Penal con una tabla que califique el nivel de amor de un padre a un hijo, con los respectivos castigos para quienes no lleguen al mínimo anhelado por la senadora Jiménez.

En 1979, el régimen comunista chino estableció una política radical para el control de la natalidad que obliga a que las parejas que habitan en las zonas urbanas tengan un solo hijo y dos aquellas que viven en el campo.

Los que incumplan son castigados con la reducción de asistencia social en educación, salud y vivienda.

Es normal que un régimen totalitarista como el de China, donde la democracia es una meta inalcanzable, el partido político se inmiscuya en la vida de sus ciudadanos, hasta el extremo de limitarles el número de hijos que pueden tener.

Una aberración semejante sería adoptada en nuestro país, si es aprobado el proyecto de la senadora Jiménez. Ella cree que el desamor y la paternidad irresponsable se presenta con mayor frecuencia en las familias de escasos recursos. En otras palabras: los pobres, según ella, son unos insensibles.

Dado lo anterior y, en aras de obligar a que estas personas sean amorosas y responsables, el Estado debe decirles cuántos hijos pueden traer al mundo y en caso de que superen el límite establecido, se les castigaría igual que en la China, quitándoles beneficios sociales.

Comparto la preocupación y angustia de la senadora Jiménez por los niveles de desafecto con que crecen algunos de nuestros niños. Por supuesto que esa realidad debe ser cambiada, pero no a través de normas de corte fascista que no solucionan el problema, pero en cambio le hacen un daño irreparable a nuestra democracia.

La solución no está en una ley, sino en una política real y de largo plazo de educación en materia sexual y moral.

 

Ernesto Yamhure

Elespectador.com

Julio 21 de 2011

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