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Jueves 19 de Septiembre del 2019

Histeria

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Rafael Nieto Loaiza  |

Fecha: 29/03/2015

 

Foto: semana.com

Con ocasión del escándalo del caso Pretelt se ha desatado una tormenta de peticiones y propuestas para reformar la administración de justicia. Hoy casi nadie duda de la necesidad de esa reforma. Pero no puede hacerse con los afanes de la coyuntura y con calentura. De eso solo saldrán propuestas y soluciones peores que la enfermedad.

Una, por ejemplo, la solicitud de renuncia a Pretelt. Para empezar, vulnera la presunción de inocencia. Al menos hasta ahora, solo tenemos las versiones de un abogado. No hay siquiera una imputación formal contra el magistrado. En esas condiciones, ¿no se genera un pésimo antecedente si un juez debe apartarse del cargo solo porque alguien lo sindica de un delito? Dos extremos son especialmente preocupantes: el de un prestigioso periodista radial que solicitaba que Pretelt probara su inocencia y el de los otros miembros de la Corte Constitucional que también piden su renuncia y se niegan a trabajar con él.

¿Cómo puede probar alguien que no solicitó dinero? Si está probado que el juez votó en contra de los intereses del abogado, ¿no es la palabra del juez contra la del abogado? No digo que el magistrado sea inocente, sino que lo es hasta que se demuestre lo contrario. En cualquier caso, ¿de cuándo acá en un estado de derecho un ciudadano debe probar su inocencia? La inversión de la carga de la prueba (la inocencia se presume y se debe probar la culpabilidad) es una vulneración gravísima a los derechos fundamentales. Y si eso le ocurre a un magistrado de las altas cortes, ¿cómo podría defenderse un ciudadano del común? Si además son los mismos jueces encargados de la protección de los derechos fundamentales, los que no los defienden, ¿qué nos espera a los de a pie? ¿Cómo puede una corte decir que no cumplirá su función solo porque pretende que uno de sus miembros renuncie?

La posición de la revista Semana pidiendo la renuncia de todos los magistrados es aun más grave. Pero, además, ¿quién los reemplazaría y cómo? La propuesta supone que sea el Presidente. Salvo Gaviria en el 91, por obvias razones, nunca antes un presidente ha nombrado tres magistrados en la Constitucional. Pero Santos no es garantía de mejores postulaciones. No solo incurre en los vicios de la mermelada sino que negoció con las cortes la fallida reforma a la justicia que tanto escandalizó. Y tiene el respaldo de apenas la mitad de los colombianos.

Malo fue también que el Senado no aceptara la solicitud de licencia temporal que hiciese Pretelt. Por un lado, salvo que hubiera una justificación legal para negársela, y no la había, tenía que haberla concedido. Por el otro, negársela porque se pretendía su renuncia es impresentable. Finalmente, ¿semejante actitud no supone un prejuzgamiento o al menos una prueba de ausencia de imparcialidad, considerando que es el Senado quien debe juzgar a Pretelt? ¿No era más importante preservar la institucionalidad democrática que presionar al magistrado?

Y en la línea de la separación de poderes, ¿cómo es que el Ejecutivo, por vía de los ministros de Interior y Justicia, solicita y presiona la renuncia de un magistrado y maniobra para que en el Congreso no se acepte su solicitud de licencia?

La Fiscalía se suma a la gavilla. ¿Dónde está entre sus funciones pedir renuncias de magistrados? ¿No tiene mal olor que para presionar al magistrado se desempolve una denuncia que dormía en los anaqueles y se abra un proceso contra la esposa? ¿No da la impresión, otra vez, de que se usa a la Fiscalía con propósitos políticos?

Si fuera cierto lo de Pretelt, sería gravísimo. Pero no es menos grave todo lo que, como hemos visto, ha ocurrido alrededor.

Repito que la reforma a la justicia no da espera. Pero insisto en que debe hacerse no desde la óptica de la polarización política, la presión de los medios y esta histeria colectiva que parece alcanzar a casi todos, sino con cabeza fría y buscando soluciones institucionales y permanentes que protejan la democracia republicana, aseguren la separación de los poderes y la autonomía e independencia de la Rama Judicial y los derechos y libertades fundamentales, y consigan una justicia transparente, imparcial, despolitizada, eficaz y pronta.

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