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Miércoles 21 de Agosto del 2019

Historia sin sesgos

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Alberto Velásquez Martínez  |

Fecha: 01/10/2014

 

Recordaba la columnista Natalia Springer que el fenómeno paramilitar no nació – como sí lo quiso hacer creer el senador Cepeda- con Álvaro Uribe.

Sin sutileza alguna sostiene que el paramilitarismo como política de Estado fue materializado, "en el estatuto orgánico de Seguridad Nacional, antes de la aparición de Uribe en la escena política".

Recordemos. Bajo el gobierno de Turbay Ayala -1978 a 1982- se expidió el Estatuto de Seguridad amparado por el Estado de Sitio que regía en el país. Por medio de tan draconiano mandato se restringieron las prácticas de las libertades violando los principios de derechos humanos. Se concedieron facultades omnímodas de policía judicial a las Fuerzas Armadas y bajo la justicia penal militar iban a caer los llamados delitos políticos. Posiblemente bien intencionado el gobierno para enfrentar a una subversión creciente, aquellas normas y sus ejecutores desbordaron la acción de la fuerza pública. Las arbitrariedades se salieron de madre.

Los vejámenes contra los contradictores del régimen no fueron escasos. Cualquier sospecha recibía desconsiderada y abusiva atención de los organismos del Estado a través de la detención o el allanamiento. La guerra sucia fue acunando reacciones que luego el país lamentaría cuando se desbordaron del cauce. Casi los cuatro años del gobierno Turbay estuvieron regidos por tan discutido Estatuto que generó autoritarismo y revanchismo.

Se allanaron residencias con el estatuto en mano, sin investigar previamente la procedencia y solvencia moral de los testimonios contra los implicados. La invocación del estatuto era suficiente para cometer el atropello. No se libró de esta cacería de brujas ni la finca del presidente de la Andi, Fabio Echeverri como tampoco la de un reconocido periodista de El Colombiano, víctimas del desenfreno autoritario. Las protestas se ahogaban con la altanería y la soberbia del régimen. Comenzaba el matrimonio entre el Estado y denunciantes fuerzas oscuras.

La voz de un senador se levantó en el Congreso para comprobar tantas tropelías. Y fue la de Jota Emilio Valderrama. Enumeró casos y hechos en debate documentado. Luis Carlos Galán calificó ese Estatuto como "la respuesta represiva a la miseria".

Luego vinieron alianzas temerarias en el gobierno de César Gaviria entre fuerzas legítimas del Estado con fuerzas extrañas al mismo Estado, para combatir unidos a Pablo Escobar. Allí se colocaba la primera piedra para realizar azarosas uniones temporales que iban acercando al país a precipicios institucionales…

Más tarde en el cuatrienio Samper se les dio operatividad a las Convivir apoyadas con entusiasmo por los ministros Horacio Serpa y Fernando Botero. Se crearon grupos de vigilancia privada con derecho a portar armas y equipos de comunicación de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con el propósito de combatir la subversión. Muchos se desbordaron del bien intencionado objetivo para terminar en intrépidos consorcios que dieron vida a grupos de autodefensa.

Así que con estos antecedentes se fue regando la semilla del paramilitarismo creado equivocadamente para suplir la ausencia del Estado. Se jugó con candela hasta que se incendió el establecimiento. Es la verdad histórica monda y lironda, que no se puede reconstruir con sesgos ni narrarla con oratoria incompleta. Todos a una, como en la manida frase de Fuenteovejuna, mataron al comendador. Es decir, la credibilidad y confianza del sistema institucional colombiano.

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