En diciembre pasado, mientras el país estaba de fiesta, el Gobierno promovió la expedición de la Ley 1743 del 26 de diciembre de 2014, la cual creó onerosos impuestos a la administración de justicia arbitral y a los árbitros, y trasladó en favor del Consejo Superior de la Judicatura el pago de la sanción en que se incurre, cuando en un proceso judicial se pruebe exceso en el juramento estimatorio que pretende el reconocimiento de una indemnización, compensación, o el pago de frutos o mejoras.

Los nuevos tributos a cargo de los centros de arbitraje y de los particulares que transitoriamente son investidos con la honrosa y grave responsabilidad de administrar justicia, así como la asignación al Consejo Superior de la Judicatura de la sanción por exceso en el juramento estimatorio, constituyen impuestos a la justicia y estratagema del Gobierno para mitigar el déficit ocasionado por su faraónico derroche y gasto.

Es incomprensible que mientras el Gobierno dilapida a manga rota los impuestos y demuestra incapacidad para resolver los problemas estructurales que agobian a la justicia, y coyunturales, como el del hacinamiento judicial, castigue con un impuesto a la justicia arbitral y a los árbitros por contribuir de manera eficaz a la descongestión y a la debida y oportuna administración de justicia.

En esencia, establecer una carga impositiva a los centros de arbitraje y a los árbitros, es castigar la eficiencia e imponer un impuesto al trabajo. Lo que debería ser reconocimiento y estímulo, es discriminación y castigo.

El maltrato del Gobierno a la Justicia y la educación no tiene antecedentes en la historia reciente de Colombia. Si la educación es el fundamento de la sociedad civilizada, la justicia es su garantía de permanencia. Es utópico pensar en progreso y bienestar sin justicia.

Nada más medular para una sociedad democrática, que universalizar la educación y fortalecer la justicia. De ahí la necesidad de desplegar los mayores esfuerzos para proteger el sistema judicial, eximirlo de impuestos y dotarlo de todos de recursos y medios que aseguren su debida y cumplida administración.

Al Presidente Santos no le han bastado dos periodos presidenciales, y disponer de un Congreso servil y obsecuente para resolver los problemas que agobian la justicia. Es claro que sus actuaciones mediáticas, antes que fortalecer la justicia, promueven la impunidad y la anarquía. Al final, Colombia lo entenderá y mucho lo lamentará.

Dólar. Para depredar el mercado, los intermediarios cambiarios abusan y se aprovechan del tecnicismo y desconocimiento general de las normas cambiarias; de la falta de autoridad del Gobierno; de la inmovilidad del Banco de la República; y, de la falta de vocería de los comerciantes.

Es inverosímil que un repunte tan abrupto del dólar se pueda dar en tan corto plazo, con un DTF por encima del 4% y en un mercado anegado de divisas y capitales itinerantes.

Entretanto, la banca nacional socarronamente observa la tragedia de muchos empresarios, que para eludir abusivas tasas de interés de hasta el 28%, se endeudaron en moneda extranjera y la devaluación les aumentó la deuda en cerca del 25%.

La bonanza de un puñado de exportadores e intermediarios, contrasta con el drama de cientos de miles de comerciantes y con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

En Colombia el mercado financiero no tiene guardián.