¿Entonces a qué fueron los congresistas a Cuba? ¿A abogar por las víctimas o a buscarle salida a los victimarios? No se necesitan dos dedos de frente para intuirlo.

Acaba de viajar una comisión (no nombrada) del Congreso de Colombia a La Habana, para dialogar con las Farc sobre las “víctimas” y sobre todo el proceso de paz, según lo ha confirmado la Presidencia por medio de un comunicado. Que vayan a hablar de las víctimas es una falacia, mírese el asunto por donde se le mire.

Por el lado del Congreso, no hay duda. Con intervención decidida de Roy Barreras, que encabeza la susodicha comisión, aprobó el Marco Jurídico para la Paz que permite la impunidad de los victimarios, soslayando el verdadero interés de las víctimas a que haya verdad, justicia y reparación. Pensar, por otro lado, que Iván Cepeda y Gloria Inés Ramírez vayan a defender a las víctimas de las Farc, organización con la que tienen conocidas afinidades ideo-políticas, es un contrasentido. Una burla.

Y por el lado de las Farc, ni se diga. Han negado que sean victimarios repetidamente. Lo acaba de ratificar alias Iván Márquez. Ante insinuación de Humberto de la Calle en el sentido de que el grupo guerrillero había aceptado “darle la cara” a las víctimas, el jefe narcoterrorista indicó que sí, “pero aclarando previamente que nosotros no proyectamos acciones contra la población civil”, y agregando: “Las víctimas son víctimas del conflicto y en esto de las víctimas el Estado tiene responsabilidad por acción u omisión”. ¿Hay alguna duda? Primero: ellos son víctimas y no victimarios; segundo: si hay supuestas víctimas de ellos, en virtud de que las Farc que no “proyectan” “acciones contra la población civil”, no son en últimas víctimas de ellos sino “del conflicto”; y tercero: el que sí definitivamente es victimario y responsable general es el Estado, bien por acción, bien por omisión. Qué belleza. Qué lógica. Qué “avance”.

¿Entonces a qué fueron los congresistas a Cuba? ¿A abogar por las víctimas o a buscarle salida a los victimarios? No se necesitan dos dedos de frente para intuirlo.

El real problema del proceso de paz es ese: hasta dónde el gobierno está dispuesto a ceder ante la pretensión de las Farc de absoluta impunidad para sus crímenes. Ya de manera unilateral aprobó el Marco Jurídico para la Paz, con concesiones inaceptables para la mayoría de los colombianos, es cierto. Pero el grupo narcoguerrillero no se transa en este punto. Entonces hay que buscarle la comba al palo.

Interrogado alias Iván Márquez la semana pasada por Maria Jimena Duzán al respecto repitió la monserga de que las víctimas lo son del conflicto y el responsable último el Estado. Pero agregó: “Pero le quiero decir una cosa más: creo que el Estado colombiano está enredado con el Estatuto de Roma. Dicen que tienen temor de que se vengan demandas si no se cumple con unos requisitos mínimos de Justicia, pero creemos que eso no es así y que por el contrario esos temores infundados se están usando para imponernos a nosotros unos ritmos con el propósito de que salgamos de esto ligero.”

Ahí está la traba, en el Estatuto de Roma. Desdeña Márquez los temores alegados e “infundados” de demandas si “no se cumple con unos requisitos mínimos de justicia”, pues “creemos que eso no es así”. Supone que es presión para imponerles “unos ritmos con el propósito de que salgamos de esto ligero”. El Estatuto de Roma y el tiempo, dos variables claves que Santos, sus asesores, los negociadores oficiales y congresistas como los que han viajado a La Habana no ignoran.

En palabras más claras alias Rodrigo Granda, otro vocero de las Farc, ratificó a un periodista la semana pasada, al ser preguntado por la reparación de las víctimas: “En el caso de un arreglo dialogado tendrían que revisarse los tratados que en materia de justicia firmó Colombia. (…) Decimos que así como se hacen los tratados se deben deshacer si el interés supremo es el de la paz, que está por encima de cualquier otro”. No les sirve el marco para la impunidad que les regaló Santos, por estrecho; y piden nada más y nada menos que el retiro de Colombia del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional.

Ese es el delicado asunto que Santos y sus congresistas están buscando dilucidar en Cuba. Por adelantado, pues ese punto aún no está en la mesa de negociaciones. Pero el tiempo es crucial para el proyecto de reelección de Santos y para poder tramitar los acuerdos en un Congreso arrodillado como el actual, ante el temor de que el que resulte de las urnas en 2014 no le sea muy obsecuente. ¿Hasta dónde llegarán en sus charlas habaneras?

Para terminar debo comentar unas inquietudes que sobre el particular formuló mi entrañable amigo Jaime Jaramillo Panesso la semana pasada en una columna de DEBATE (¿Por qué tanta prepotencia?, 27-02-2013). Hablando de amnistía e indulto, el nudo gordiano del proceso de paz, preguntó si Colombia debería colocarse fuera del Pacto de Roma “como lo están desde su inicio varias potencias y otros países democráticos”, para facilitarla. E interrogó sobre si, en la eventualidad de un acuerdo tal de favorabilidad penal amplia para las Farc y el Eln,  esos beneficios “se deben extender a los militares y a los paramilitares que han sido también víctimas de la confrontación”.

Yo tengo unas respuestas que he repetido varias veces, como muchos otros analistas. La primera es que esas democracias (como la de Estados Unidos e Israel, que menciona Granda en su entrevista) son respetables por muchas cosas, pero no por su negativa a sumarse al Tratado de Roma, que es un avance en el campo de la normatividad penal internacional. Como no es respetable que Estados Unidos siga por fuera de los acuerdos contra las minas antipersonal, para mencionar otro caso.

La segunda observación es que ya no hay posibilidades de tratamiento equitativo en esa dirección. Los paramilitares, los para-políticos, y numerosos militares –justa o injustamente-, han pagado cárcel, han sido condenados, o han sido extraditados. Eso es irreversible. Mientras que los líderes que se pasean en La Habana aspiran a impunidad, sin haber pagado un día de cárcel, cubriendo con el mismo manto a los incursos en la farc-política que nuestra justicia se ha negado a procesar. De allí que el reto ético de Guillermo Hoyos con el que remata su escrito Jaramillo -¿es perdonable lo imperdonable?- no sea tan difícil de dilucidar: si todos estuvieran alineados en el mismo partidor, de pronto sí; pero si los unos ya dieron varias vueltas, seguramente no.

La única posibilidad de tratamiento equitativo, creo firmemente, es que a los narcoterroristas se les apliquen normas similares a las de la Ley de Justicia y Paz: condenas –aunque con rebaja de penas- por sus delitos; negación de amnistías e indulto e inelegibilidad si las condenas cubren crímenes de lesa humanidad o de guerra; reparación de las víctimas; confesión plena de sus atrocidades. Contando con la determinación clara, perentoria y previa, del abandono de las armas y la decisión de desmovilizarse. Y obvio: sin otorgarles el derecho a discutir el futuro de la economía y la sociedad colombianas.