Merecen la mayor atención del país las conclusiones del presidente de Human Rights Watch –HRW–, señor José Miguel Vivanco, sobre el acuerdo de Justicia Transicional prenegociado entre las Farc y el Gobierno en La Habana, el 23 de septiembre pasado, el cual fue celebrado con el apretón de manos entre el presidente Santos y alias “Timochenko”.

Palabra más palabra menos, para HRW, el acuerdo no contiene los mínimos de justicia requeridos, es un pacto para la impunidad poco serio, para no utilizar los calificativos de que se trata de una farsa o burla, puesto que no contempla penas de prisión para aquellos que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, porque hasta les permite a los acusados escoger su pena. Es una piñata.

Ejemplifica HRW este acuerdo como el que más impunidad ha concedido en el mundo durante los últimos 20 años. Y advierte: “No prestarle la atención debida a dicha impunidad expone a Colombia a reclamar la atención de la jurisdicción internacional. El acuerdo no cumple con los estándares básicos internacionales sobre el tema. Si la Corte Constitucional de Colombia hace caso omiso y no reconsidera los acuerdos, HRW promete acudir a las entidades internacionales”.

Más advertencias. La revista Semana nos informó que el pasado jueves 3 de marzo publicó la Federación Internacional para los Derechos Humanos –Fidh– un informe emanado de la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional –CPI— en el cual expresa que si no hay cambios importantes en la política penal colombiana, procederá a actuar.

En el informe de 93 páginas se asegura que “la CPI monitoreará muy de cerca la implementación de las medidas previstas en el marco jurídico para la paz y estará atenta a que sean juzgados los responsables de crímenes de su competencia”.

La presidenta de la Fidh, Souhayr Belhassen, dijo que “el tono del informe de la CPI anuncia claramente que entraña este una última advertencia al Estado colombiano, pues si no hace lo necesario para impedir la impunidad de los altos responsables de estos crímenes, la CPI abrirá una investigación”.

Tal como lo comenté en una columna anterior, no considero demasiado complejo para la justicia internacional concluir que sí se está aplicando por acá la impunidad tipo piñata, cuando los cabecillas de las guerrillas ocupen sus curules en el Congreso y se desplacen protegidos por caravanas de guardaespaldas y carros blindados, como sucede hoy en los sitios donde adelantan su pedagogía para la paz.