Los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, estremecen al país y parecen volverse más inauditos cada día que pasa. Aunque excelentes columnistas y autores de blogs ya se han pronunciado al respecto, personalmente no puedo callarme. Es una agitación que cada día me llena de perturbación. Veníamos con dolor de Patria debido al catastrófico invierno que ha golpeado el país y a los casos de corrupción, pero ahora es un grito mayor contra las sentencias de la CSJ, contra el resurgir de las guerrillas y las bacrim, y eso sin comentar las peligrosas influencias de los nuevos amigos, camaradas de los más extremistas del mundo árabe, los dirigentes iraníes.
Que digan que las pruebas obtenidas en los famosos computadores de Reyes son ilegales, es increíble y causa gran perturbación. Dentro de un marco jurídico, varias personalidades señalan la debilidad de los argumentos para semejante decisión. Como dice el exmagistrado Jesús Vallejo en relación con los correos de Reyes : «… Con base en un argumento de forma, la Corte ha negado a la sociedad la posibilidad de esclarecer las complicidades políticas con las Farc. El argumento esgrimido resulta cuando menos peculiar. Los militares a cargo de la operación no estaban habilitados para recoger evidencias judiciales y en cualquier caso éstas fueron obtenidas sin autorización de las autoridades ecuatorianas. Semejante planteamiento encierra al menos dos trampas. Primero, resulta inverosímil que dichas pruebas hubiesen podido ser recolectadas con la aquiescencia de un gobierno entre cuyos miembros la guerrilla contaba con simpatizantes…».
A su vez, Fernando Londoño opina que el Ejército actuó conforme al Derecho Internacional Humanitario, artículo 3 del Protocolo de Ginebra y la Resolución 1368 del Consejo de Seguridad de la ONU y sostiene, al igual que Vallejo, que se trató de una acción de legítima defensa. Pero además de la mencionada sentencia, vemos leguleyadas como para ripley:
– La disparidad en la manera de juzgar a los políticos tradicionales, los parapolíticos, los farcpolíticos y el M19, como si existiera cierta simpatía a favor de las izquierdas y animadversiones contra las derechas.
– La aceptación de demandas millonarias contra el Estado que tarde o temprano llevarán a su quiebra, por ejemplo, las demandas de Teodora y del señor Borja por la decisión de los jueces sobre el caso Reyes.
– La forma de aceptar a unos testigos sí y a otros no.
– Cuando condenan a militares que salvaron la patria y sueltan o no investigan a los autores de ataques aleves. Y un largo etcétera de decisiones judiciales no comprensibles a los ojos de los ciudadanos de a pie. Al parecer, el derecho nacional a la paz, ni el bien común son primordiales.
Y ahora cuando uno de los magistrados considera públicamente que sus sentencias no se deben controvertir, veo la necesidad urgente de que todos y cada uno de los colombianos del común, opinemos con valor y haciendo un pequeño esfuerzo, rechacemos por teléfono o por escrito lo que no consideramos justo y equitativo. Inundemos los medios de comunicación con nuestras opiniones y hasta enviemos mensajes al Procurador (quejas@procuraduría.gov.co), a la misma CSJ y a las distintas Cortes pidiendo justicia igual para todos los colombianos. Aunque desde la misma justicia nos digan que no los critiquemos, pidamos claridad. Estamos en una democracia real y opinar no es un delito. Pidámosles que actúen por encima de los intereses personales.
«Ay de los que al mal llaman bien y al bien, mal «. Isaías, 5- 20
Por Enoris Restrepo de Martinez El Colombiano, Medellin 9 de junio de 2011
