Tenemos razón para estar indignados. La bomba pensional que fatalmente le va a explotar al país tiene un elemento moral y políticamente detestable. Ya habrá descubierto el lector que nos referimos al régimen de aberrantes privilegios que a través de leyes organizaron para su propio beneficio los que las hacen, los congresistas, y que a través de sentencias se extendieron a su favor los que las dictan, los magistrados de las altas cortes.

Más adelante explicaremos que no hay colombiano que aporte al sistema pensional lo necesario para recibir la jubilación que tiene, o a la que aspira. Lo que significa que todas las pensiones están subsidiadas por el fisco nacional, y lo que significa, como es obvio, que el subsidio es mayor mientras la pensión sea más alta. En conclusión, los más pobres de Colombia, los que no tienen ni tendrán pensión alguna, y los que la tienen bajísima, de uno a tres salarios mínimos, ayudan a pagar las monstruosas pensiones de quince a veinticinco millones de pesos mensuales que ganan los favoritos de la vida, o aprovechadores de su condición privilegiada.

Un congresista o un magistrado se gana al mes cerca de veinticinco millones de pesos, más de 40 salarios mínimos mensuales. Pero no solo se ganan esa millonada, sino que por ella no pagan impuesto alguno. Tienen el sueldo distribuido entre gastos de representación, viáticos y otras bellezas, de modo que lo que les entra por salario es tan pequeño, que terminan por quedar exentos de impuestos.

Ahí comienzan sus ventajas más irritantes. Porque enseguida aparece que se jubilan con el 75% de su último sueldo, para cuyo cálculo sí cuentan los rubros que les sirvieron para no pagar impuesto de renta, mientras los demás colombianos reciben el 60% del promedio de sus ingresos en los últimos diez años. Repugnante diferencia de tratamiento, como quiera que se la analice.

Pero las gabelas siguen. Si hoy se retira del Congreso uno de estos patricios, y no tiene la edad de retiro, tampoco deberá preocuparse. Porque su último sueldo no será el que haya recibido, sino el que al momento de su jubilación tenga su equivalente en ese momento. Si se retiró diez años antes de los 65, su pensión se liquida con el sueldo actual de los congresistas y magistrados en ejercicio. Huelga decir que eso no lo dice la ley, sino que es interpretación ventajosa del Consejo de Estado.

La pensión no es una gratuidad del Estado para quienes han trabajado. O se supone que no lo sea. La pensión es el producto de un capital que el pensionado ha hecho con sus aportes, a lo largo de su vida laboral. Por donde lo que debe analizarse no es el número de años que alguien aportó a una caja pensional, sino cuánto aportó. Es cuestión de pura aritmética. Es un cálculo actuarial de matemática sencilla, sobre todo en la era de los computadores. De modo que si la pensión es superior al rendimiento de ese capital, la diferencia es un regalo del erario público al pensionado. El que resulta gigantesco cuando se calculan los aportes y las pensiones que hoy nos traen indignados.

Lo que están haciendo congresistas y magistrados, no es otra cosa que cavando su propia tumba moral. Los colombianos no los quieren, como bien claro se advierte en todas las encuestas, y de ahora en adelante llegarán, más que a detestarlos, a despreciarlos. Sobre todo cuando recuerdan el texto del artículo13 de la Constitución vigente, que reza como sigue:

"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato ante las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación……………….".

Ahora salta ante los ojos de los colombianos que esa igualdad no vale respecto de los que tienen la obligación de dictar leyes que protejan ese valor, y de quienes lo garantizan a través de sus sentencias. Ellos no pertenecen a esta raza, a este mundo, a este pueblo. Ellos se creen distintos y mejores. ¡Y eso es lo que nos tiene franca e insalvablemente indignados!