Aunque el Gobierno tache de enemigo de la paz a todo aquel que no esté de acuerdo con la forma en que está conduciendo las conversaciones con las Farc en La Habana, es inquietante que constantemente dé indicaciones de querer hacer nuevas concesiones al grupo guerrillero. Una de ellas, todavía en discusión, es la ampliación del concepto de delito político para incluir una serie de actividades delictivas como el secuestro con fines extorsivos, la colocación de minas antipersonales, el reclutamiento de niños y, muy en especial, el tráfico de estupefacientes, todo con el argumento de que estos delitos se cometieron y se siguen cometiendo, con miras a lograr los objetivos políticos de los subversivos. Es consciente el Gobierno de que con esto se estarían violando una serie de tratados internacionales de los cuales Colombia es signataria, pero cree que el nuestro es un caso especial y que para lograr la paz se hace necesario que no se apliquen estas normas internacionales.
Ahora el presidente Santos ha esbozado una nueva concesión con su declaración en París de que no descartaba el que guerrilleros de las Farc hicieran parte de una “policía rural… (y que) bien puede negociarse con la contraparte algo en este sentido”. Obviamente que esta declaración produjo inmediatamente fuertes reacciones de quienes temen que Santos, en su afán de lograr un acuerdo con el grupo guerrillero esté dispuesto a hacerle concesiones incompatibles con el sistema democrático y con nuestros principios económicos. Claramente lo que el Presidente hizo fue lanzar un globo de ensayo para medir la reacción pública, la que no fue, no ha sido nunca, favorable a la incorporación de guerrilleros a las Fuerzas Armadas. El senador Roy Barreras salió unas horas después a decir que el Presidente había hecho estas declaraciones en respuesta a una pregunta de un periodista pero que su intención no era ni crear un cuerpo nuevo dentro de la Policía (a imagen de la gendarmerie francesa), ni de integrar a los miembros de las Farc dentro de la Policía. Por el contrario, el ministro del Interior, Cristo, se declaró favorable a la iniciativa y dijo que debía “darse la bienvenida al debate” sobre este tema, indicio este de que el Gobierno sí había pensado en esta alternativa para tratar de integrar a los guerrilleros desmovilizados. Que los guerrilleros, aunque sean desmovilizados, se conviertan en policías rurales implica darles el control efectivo de ciertas áreas, por ejemplo, de las llamadas Zonas de Reserva Campesinas que las Farc ha querido mantener bajo su control y que les son importantes para el movimiento de tropas y para el transporte de cocaína. Nos parece que el globo no le salió bien y que se ha dado marcha atrás. De todas maneras hay que permanecer alertas a las “iniciativas de paz” de nuestro primer mandatario.
