Tuve la oportunidad, en el reciente foro del Centro Democrático, de saludar al coronel Plazas Vega y a su señora Tania el día después de la liberación del militar. La alegría que sentí al abrazarlos es indescriptible, fue un abrazo que me reconfortó con mi patria. Por fin se hizo justicia después de una injusticia de ocho años y cinco meses. Para mí fueron unos segundos de tanta felicidad que lágrimas derramé al saber y verlo que volvía a la libertad después de pagar una pena que no debería haber pagado por un acto patriótico, de cumplimiento con su deber y por amor a la patria que juró defender como lo hizo.

Tiempo he tenido para reflexionar sobre lo que pasa en Colombia. Esto no debería suceder.

Como ingeniero y como empleado público que he sido, no entiendo las leyes obligatorias para unos y laxas para otros.

Cuando un funcionario comete un error, así sea por desconocimiento o engaño, este debe responder ante los organismos de control y ante la justicia. Es lo lógico y es lo justo. Para hablar de algunos ejemplos: si se adjudica un contrato, después de una licitación clara, pero esa adjudicación se hizo con base en un documento falso y engañoso por parte del proponente, es el funcionario quien debe responder ante los organismos de control y ante la justicia por ese error y engaño de otros. Cuando un subalterno comete un error o una falta grave, es su superior, el jefe, quien debe responder por la falta.

Es más, la ignorancia de la ley no exonera al ciudadano de su cumplimiento.

Pero, y eso es lo que no entiendo, con la justicia no ocurre lo mismo. En el caso del Coronel Plazas Vega, un falso testigo, que pronto se comprobó que no había estado en los hechos del Palacio de Justicia, que no estaba en Bogotá cuando se produjo el ataque por parte del narcotráfico en cabeza del M19, sin embargo el testimonio de ese “testigo” sirvió para privar de la libertad al coronel que había salvado a Colombia del terrorismo y a la justicia de caer en manos de la subversión. Ocho años y cinco meses de detención injusta a sabiendas de que el testigo era falso, debería tener alguna sanción como pasa con los funcionarios de la Rama Ejecutiva. Esa es mi opinión.

Ahora nos debemos preguntar ¿qué pasa con los casos de los generales Arias Cabrales, Vega Uribe, Uscátegui, Rito Alejo del Río y otros muchos militares, policías y funcionarios que pagan condenas por declaraciones de testigos falsos o que quieren vengarse de quienes los capturaron, extraditaron o les hicieron seguimientos para someterlos a la justicia?

Otra cosa: leí las declaraciones del director de ANI a este diario sobre las obras de carreteras 4G que se construyen en Colombia. Todas muy importantes y necesarias, pero ninguna en Antioquia. Están adjudicadas, me dirán, están dentro de la programación de obras, lo que es cierto, pero siempre de últimas y cuando los recursos están agotados. Primero la de Anapoima, de una importancia personalizada, después otras importantes en todo el territorio nacional, las últimas, las de Antioquia.

Que hayan pasado unas navidades llenas de felicidad y que el 2016 sea el año de la verdadera justicia y de progreso para todos.