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Viernes 20 de Julio del 2018

Interrogantes políticos y económicos

Publicado en:

El Tiempo  | 

Autor(a): Abdón Espinosa Valderrama  |

Fecha: 30/01/2014

 

El Congreso y la administración de Justicia requieren depuración sustancial, pero ella no autoriza a abolir, en la práctica, la separación de los poderes.

En medio de la conmoción por el drama de sobrepoblación de la cárcel de Barranquilla, sufrido asimismo en los demás establecimientos carcelarios del país y, en este caso específico, signado por sangrientos episodios, consuela saber que el Gobierno, con el Ministro de Justicia a la cabeza, ha dado los primeros pasos para corregir de raíz el afrentoso problema, en primer lugar a través de la indispensable reforma del Código Penitenciario.

Dejada la constancia anterior, podemos pasar al tema puramente político, una vez protocolizada la candidatura a la reelección del presidente Juan Manuel Santos y lanzada la de Marta Lucía Ramírez por el Partido Conservador. No sin advertir que el hecho de haber adherido el autor de estas líneas al primero, lo compromete a procurar que sean precisados los alcances de algunas de sus reales o supuestas bases programáticas.

Con inmensa sorpresa, leímos hoy en la prensa la iniciativa de un comité ad hoc de su candidatura en el sentido de atribuir al Presidente de la República la nueva función de dictar decretos con fuerza de ley, sujetos al control de la Corte Constitucional, “con el fin de crear y regular todos los elementos administrativos, presupuestales, fiscales y de todo orden, necesarios para poner en acción mecanismos y unidades administrativas independientes, con capacidad para articular proyectos, obras y acciones que interesen conjuntamente a la Nación y a las entidades territoriales”. Váyase a saber el origen de semejante despropósito antidemocrático.

Si tal insólita iniciativa fuera a abrirse paso, no valdría la pena gastar tiempo, dinero y esfuerzo en la elección de cuerpos representativos, los cuales quedarían prácticamente sin oficio, al menos después de darle su luz verde y de desmontar en esta forma el andamiaje del Estado Social de Derecho. La figura de la autocracia así concebida y puesta en marcha la conocimos, experimentamos y escarmentamos amargamente en Colombia con la mampara del estado de sitio. Su desmonte harto trabajo y heroicos esfuerzos requirió. Incluso la sustitución de la caótica legislación de emergencia, dictada al azar del capricho o de las necesidades y apetencias de turno.

La democracia es complicada de manejar, requiere mucha laboriosidad, tenacidad y paciencia, pero con todos sus defectos no se ha inventado ningún sistema político mejor. Es lugar común decirlo. Desde luego, su eficacia dependerá de que el régimen de opinión funcione en la acción y en la prevención, en la creación y el servicio, como en la guarda de la moral pública.

Inocultablemente, el Congreso y la Administración de Justicia requieren depuración sustancial, pero ella no autoriza a abolir, en la práctica, la separación de los poderes que nos viene de Montesquieu. Por supuesto, debe subsistir la posibilidad del Legislativo de conferir precisas facultades extraordinarias al Ejecutivo. Es de confiar en que sobre esta materia el presidente Juan Manuel Santos arroje plena luz.

Otro punto neurálgico es el desempleo en que la Cepal le asigna, en el 2013, el deprimente y sancionatorio primer puesto latinoamericano a Colombia, al lado de Venezuela y Argentina. Ninguna voz oficial ha dejado oír su disentimiento o la solicitud de fundamentos para una catalogación a contrapelo de los repetidos anuncios del Gobierno colombiano de generación más que satisfactoria de puestos de trabajo en dicho año.

De acuerdo con la calificación de la Cepal, algo se hizo aquí peor que en los demás países del Hemisferio, a lo cual es menester salirle explicativamente al paso, en lugar de optar por la desdeñosa indiferencia. Al fin y al cabo, de una institución de las Naciones Unidas se trata. Con ella ha tenido Colombia estrechos nexos.

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