Recientemente el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el teniente Diosdado Cabello, publicó un artículo en el diario New York Times que denominó Intimidando a Venezuela en derechos humanos, en el cual expresaba lo desafortunado que era que mientras el Congreso norteamericano aprobaba una ley para sancionar a violadores de derechos humanos en Venezuela, las comunidades afroamericanas en Estados Unidos expresaban su indignación por los homicidios policiales contra hombres negros desarmados.
Lo hemos dicho siempre, los derechos humanos no tienen fronteras ni nacionalidad y deben ser rechazados y condenados todos los actos que representen violaciones a los derechos humanos en cualquier parte. Y si hubo excesos policiales en esas protestas en Estados Unidos, igualmente deben ser condenados y sancionados sus responsables. Pero eso no impide que también se hable y se condenen los que ocurrieron en Venezuela. El hecho que hayan podido ocurrir en un sitio, no justifican que se lleven a cabo en otro.
Lo que calla el teniente Cabello es que en Venezuela existe otro tipo de discriminación tan detestable como la racial. La discriminación política. Todo aquel que piense distinto al régimen de Maduro sencillamente es perseguido y afectado de alguna manera. Y lo peor es que esa discriminación es dirigida desde el poder e instituciones del Estado venezolano.
El teniente Cabello dice, sin prueba en mano, que las protestas que tuvieron lugar este año fueron para derrocar a Maduro. Por cierto, nadie está siendo juzgado por ese delito relacionado con las protestas. Lo que no dice es que las mismas se dieron por la profunda crisis política, social y económica que vivía el país (y aún vive). Venezuela había culminado el 2013 teniendo la inflación más alta del mundo, el año más violento de su historia, una escasez de productos jamás vista y una restricción de libertades al extremo.
El teniente Cabello en su artículo indica que la mayoría de las personas que murieron era simpatizantes del gobierno (cosa que no es cierta). Como si eso fuera relevante. Poco importa la tendencia política de quienes fallecieron. Lo que importa es determinar la verdad y sancionar a los responsables. Hay que recordarle que las primeras 3 muertes de las protestas, y que desata todos los eventos posteriores, fueron ocasionadas por funcionarios armados del cuerpo de inteligencia del gobierno denominado SEBIN y escoltas vinculados al Ministro de Interior y justicia del momento. Hasta la fecha solo se ha iniciado investigación de tan solo 4 de los fallecidos. Y por cierto, la Comisión designada en la Asamblea Nacional, presidida por el teniente Cabello, para investigar los sucesos aún no ha emitido el primer informe.
El teniente Cabello, con el cinismo usual en él, indica que el gobierno actuó con moderación frente a las protestas y que solo se llevó a la cárcel a quienes habían violado la ley. Lo primero que tenemos que decir es que la gran mayoría de las protestas fueron pacificas y la represión desmedida produjo, en algunos casos, focos de violencia. El régimen de Nicolás Maduro reaccionó con una brutal represión y persecución sin precedentes en nuestra historia: 43 fallecidos impunemente, más de 3,000 detenciones arbitrarias, 2,000 aún con juicios penales abiertos con restricciones en su libertad política, y alrededor de 150 casos de tortura denunciados. A tal efecto, podemos referirnos a comunicados e informes emitidos por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comité de Torturas y de Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde condenan la represión, los casos de torturas y las detenciones arbitrarias cometidas por el gobierno de Maduro. Por cierto, el Alto Comisionado de DDHH de la ONU ha pedido en varias oportunidades visitar Venezuela para constatar las denuncias directamente, y el gobierno de Maduro ha impedido su visita. ¿Por qué no lo dejan ir a Venezuela? ¿A qué le temen?
Decir que solo fueron a la cárcel quienes violaron la ley es tomar a los lectores por estúpidos. Tan solo mencionar el caso de Leopoldo López deja en ridículo tal aseveración. El comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU ha calificado a Leopoldo como un preso de conciencia.
Jóvenes estudiantes aún permanecen detenidos en cárceles comunes de alta peligrosidad y son torturados con prácticas que pensábamos habían desaparecido. Tal es el caso de los jóvenes Alexander Tirado y Raúl Baduel, quienes han sido golpeados severamente hasta fracturarlos, presentando uno de ellos los genitales quemados. Tenemos también el caso de venezolanos que por tan solo tuitear están hoy tras las rejas. El abogado defensor de las víctimas Marcelo Crovato, detenido sin orden judicial, o la imputación contra María Corina Machado por conspiración sin la debida presentación judicial de pruebas. No podemos dejar de mencionar que María Corina fue removida sin proceso legal alguno de su cargo de diputada por la sola voluntad del teniente Cabello.
El teniente Cabello trata de decir que la economía tiene algunos problemitas pero que ya lo van a resolver recortando el presupuesto. La realidad es que después de diez meses del inicio de las protestas el escenario es mucho peor: 80% de la población evalúa negativamente la situación del país. La popularidad de Maduro se vino al piso al caer por más de 20 puntos y ubicarse solo en el 24%. Este año nuevamente terminaremos con la inflación más alta del mundo, con mayor escasez (no hay papel toilette, jabón, acetaminofén, etc.), mucha más violencia y menos libertad.
Risible es la frase del teniente Cabello que dice que Maduro “extendió una rama de olivo” a la administración de Obama al nombrar embajador en Estados Unidos recientemente. Pero no dice que el gobierno de Venezuela tiene 15 años tirándole no una rama sino un bosque completo de insultos y acusaciones a Estados Unidos. Hace menos de una semana convocó una marcha contra Estados Unidos, y en un programa de televisión expresó que le “provocaba romper relaciones”.
Todo el conflicto venezolano ha llevado a Maduro a optar por el guión cubano. Represión e intimidación. Pretende silenciar las voces del cambio en Venezuela con esas herramientas. Son lo único que no escasea. Todo esto ha conllevado a violaciones graves a los derechos humanos, como lo ratifica el informe CAT emitido por el Comité contra la Tortura de la ONU. Por eso preguntamos, ¿quién intimida a quién?
