El proceso de venta de la participación de la Nación en Isagén se reinició. Las circunstancias han cambiado y hay nuevas razones en contra. Ello obliga al Gobierno a reforzar sus argumentos.

El Gobierno Nacional decidió reactivar el proceso de venta de la participación que tiene la Nación (57,6 por ciento) en Isagén. Para ello se estableció que la precalificación de los interesados en participar en la subasta pública irá hasta el próximo 15 de abril. Igualmente, se anunció que la operación se incluyó en el plan de enajenación de los activos del Estado radicado en el Congreso.

Las circunstancias en que se da esta noticia se caracterizan por un entorno y unas circunstancias muy diferentes a las que se tenían meses atrás, lo que afecta el proceso de venta y el valor de la empresa.

En particular, y más allá de la actual situación de la economía y del sector petrolero, desde principios del año inició operaciones la central de Hidrosogamoso, con lo cual Isagén se ubica como la segunda generadora de energía eléctrica del país.

De otra parte, los resultados financieros de la empresa en 2014 fueron muy positivos, lo que se tradujo en un pago total por concepto de dividendos por valor de 481.315 millones de pesos, de los cuales al Gobierno le corresponden 277.289 millones.

Ello ha llevado a que las objeciones a la venta de la empresa ahora vayan más allá de las conocidas oposiciones políticas e ideológicas de ciertos sectores, pues han surgido diversas voces, muchas de ellas de expertos reconocidos, que esgrimen razones de orden técnico y financiero que muestran lo inapropiado que resulta que la Nación salga de Isagén.

A pesar de que las cosas han cambiado y que los aparentes riesgos que se derivan de la venta lucen mayores, el Gobierno mantiene el discurso y los argumentos que desde un principio presentó para sustentar la venta.

Frente a razones de mayor peso por parte de los opositores a la enajenación de Isagén, la defensa de la operación debe trascender la tesis de que el grado de madurez del sistema energético y el nivel de desarrollo del esquema regulatorio del sector, permiten la salida del Estado de la empresa y hacen viable cambiar un activo por otro que genera crecimiento y empleo y le da mayor competitividad al país, como es el caso de las concesiones viales 4G.

En las actuales circunstancias, el Gobierno debería, por lo menos, presentar las relaciones costo-beneficio sociales de cada una de las opciones. Con ello, lo que parece intuitivamente correcto, como es el cambio de activos, tiene un soporte cierto.

Además, frente al nuevo escenario energético y la proyección favorable que en este tiene Isagén, los entes gubernamentales (como el Ministerio de Hacienda y el DNP) deben sustentar con suficiencia lo adecuado de la decisión de que la Nación deje de participar directamente en un sector estratégico como el eléctrico.

Finalmente, debe dejarse en claro que, contrario a lo que argumentan varios expertos, realmente no existe una fuente alterna de financiamiento para el programa de las 4G.

En este orden de ideas, el Gobierno debería realizar un ejercicio pedagógico y argumental comprensivo que ilustre a la ciudadanía cómo la utilización de los recursos de la venta de Isagén para financiar la infraestructura física es un juego de suma positiva para la sociedad.

Igualmente, deberá garantizarse que estos dineros, además de destinarse a un fondo de infraestructura, adopten la figura de fondos reembolsables que no terminen alimentando las ganancias de los concesionarios de las vías.