TURBULENCIAS en todos los frentes. Así podría describirse lo que hoy está ocurriendo con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la estructura de justicia transicional que pactaron el gobierno Santos y las Farc para procesar a los guerrilleros de esa facción, integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles que cometieron delitos relacionados con el conflicto armado.

Aunque en diciembre de 2016 el acuerdo finalmente entró en vigencia, tras la accidentada y polémica refrendación parlamentaria, el arranque de la jurisdicción ha sido traumático. Solo en abril de 2017 el Congreso, vía ‘fast track’, aprobó el acto legislativo que le dio vida a la misma, en medio de fuertes debates en el Parlamento, sobre todo porque el uribismo y otros sectores consideraban que la legislación excepcional era demasiado laxa al permitir penas de cero cárcel y participación en política de culpables de delitos graves y de lesa humanidad.

Cinco meses después, en noviembre, cuando ya iba adelantado el proceso de desmovilización y desarme subversivo, la Corte Constitucional por fin emitió el fallo de exequibilidad sobre la JEP. Y allí el sistema de justicia transicional experimentó su primer gran ajuste, porque el alto Tribunal le introdujo varios cambios de fondo, empezando por precisar que la JEP no era una justicia paralela y menos superlativa, tampoco se podía subordinar a la justicia ordinaria, quedaba sujeta a acciones de tutela, sus magistrados tendrían el mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades que los integrantes de otras altas Cortes, la Procuraduría podría intervenir en los procesos y los terceros civiles solo se someterían voluntariamente y no de forma obligatoria a esta jurisdicción especial. Incluso dejó a los juristas extranjeros como observadores y no como operadores judiciales.

Aunque las Farc, que por entonces empezaba su tránsito a partido político, protestaron y acusaron a la Corte de estar modificando el acuerdo habanero, lo cierto es que la mayoría del país respiró aliviada por los ajustes a la JEP y su encuadramiento dentro del orden constitucional vigente. Más aún porque quedaba claro que cualquier reincidencia criminal o el incumplimiento de los compromisos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición implicaba que los infractores perderían todos los beneficios penales y penitenciarios, pasando a la justicia ordinaria de inmediato e incluso activándose la posibilidad de extradición.

Es más, si bien se habilitó la posibilidad de que los cabecillas desmovilizados de las Farc pudieran participar en política sin haber sido juzgados y condenados por la JEP, se dejó en claro que sería a los magistrados a los que les correspondería establecer, en cada caso en particular, si la sanción impuesta implicaría algún tipo de restricción de la libertad y si esta era compatible o no con el ejercicio de algún cargo de elección popular.

Más modificaciones

Por los mismos días en que la Corte emitía el fallo sobre el acto legislativo que creó la JEP, en el Congreso se aprobaba la Ley Estatutaria de la jurisdicción en la que, de nuevo, se le introdujeron más ajustes. Por ejemplo, se determinó que los guerrilleros, exmilitares y expolicías culpables de delitos sexuales contra menores de edad no serían juzgados por la justicia transicional sino por la ordinaria. También se crearon más condicionamientos e inhabilidades a los magistrados del Tribunal de Paz y las distintas salas, al tiempo que se ordenó cerrar las listas para que no entraran más desmovilizados y se ajustó lo relativo respeto al fuero de los altos oficiales de la Fuerza Pública.

El próximo martes vence el plazo que la JEP dio a 27 líderes de Farc para que ratifiquen si continúan o no en el acuerdo de paz

Ya para entonces la JEP estaba en plena estructuración y a finales de septiembre se habían escogido a los 51 magistrados, varios de los cuales quedaban en vilo por cuenta de las nuevas inhabilidad aprobadas, a finales de noviembre, por el Congreso en la Ley Estatutaria.

Sin embargo, el armazón de este sistema todavía no quedaba completo. De un lado, porque faltaba por tramitar una ley ordinaria de procedimiento de la JEP y, de otro, porque la Corte Constitucional debía pronunciarse sobre la exequibilidad o no de la Estatutaria aprobada.

Mientras esto ocurría, no solo se posesionaron los magistrados de la JEP (en enero de este año), el partido Farc sufría un descalabro electoral en los comicios parlamentarios (en marzo) y tanto la Fiscalía como la Corte Suprema empezaron a remitirle los primeros expedientes sobre delitos cometidos, sino que vino un primer escándalo al interior de la jurisdicción.

En abril, en medio de un pulso de poderes entre el secretario general de la jurisdicción, Néstor Raúl Correa, y la nueva presidenta de la misma, magistrada Patricia Linares, terminó renunciando el primero. Hubo un cruce de acusaciones en torno a anomalías en nombramientos y contratación, choque de competencias, polémicos permisos de salida del país a los exguerrilleros e incluso descontento por la distribución de las oficinas para los nuevos magistrados. Un cruce de acusaciones que, incluso, hoy sigue bajo la lupa de la Fiscalía.

Choque de competencias

Y fue también en abril cuando se empezó a generar el primer pulso de competencias entre la JEP y la Fiscalía, luego de que esta última anunciara la orden de captura contra el excabecilla desmovilizado y parlamentario electo, alias ‘Jesús Santrich’, sindicado de incurrir, presuntamente, en planificación de operaciones de narcotráfico después de diciembre de 2016. En otras palabras, un caso claro de reincidencia criminal, que le correspondería a la justicia ordinaria.

Sin embargo, la JEP decidió asumir el caso y suspender los términos del proceso de extradición, bajo la tesis de que debía determinarse si se trataba de un delito cometido antes o después de esa fecha límite del 1 de diciembre de 2016. Vino entonces un rifirrafe de lado y lado, en un claro choque de competencias que, incluso, llegó hasta la misma Corte Constitucional.

En el entretanto, las presiones sobre la JEP aumentaron ya que los procesos contra los cabecillas desmovilizados no arrancaban, al tiempo que generales y otros ex altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía procesados por ‘falsos positivos’ empezaron a pedir pista en esa jurisdicción, así como varios congresistas condenados por ‘parapolítica’ y hasta condados por casos de corrupción.

A la par de lo anterior, en un hecho que evidenciaba ya la crisis del acuerdo con las Farc, varios excabecillas desmovilizados empezaron a pasar a la clandestinidad, especialmente el exjefe negociador alias ‘Iván Márquez’ y ‘El Paisa’, quienes se internaron en las selvas de Caquetá o Meta.

Lo cierto es que en medio de la recta final de la campaña presidencial, tanto el caso ‘Santrich’ como la eficiencia de la JEP, siempre fueron motivo permanente de debate entre los distintos aspirantes, pues mientras que algunos, como el entonces candidato del Centro Democrático, Iván Duque, anunciaba que, de llegar al poder, ajustaría el acuerdo de paz, otros como Gustavo Petro o Humberto de la Calle indicaban que el pacto debe cumplirse, y más aún después de los correctivos que la Corte Constitucional le había aplicado a la justicia transicional.

Paradójicamente, luego del triunfo del 17 de junio del aspirante uribista, en el Congreso se estaba terminando de aprobar la Ley de Procedimiento de la JEP. El nuevo mapa político impactó el trámite de la iniciativa y a última hora se le introdujeron dos grandes cambios al proyecto. De un lado, se creó una sala especial para el juzgamiento de los integrantes de la Fuerza Pública (congelando todos los procesos hasta que esta se active) y, de otro, la prohibición a los magistrados de la JEP de ordenar la práctica de pruebas de fondo cuando estudie solicitudes que recaigan sobre sometidos a esa jurisdicción.

Este último artículo era claro que tenía nombre propio: ‘Jesús Santrich’, que seguía en manos de la JEP. Todo ello en medio de más críticas a la jurisdicción por considerar que no tenía presentación que entre ocho y 10 cabecillas desmovilizados se pudieran posesionar en el Congreso (el 20 julio) sin siquiera haber empezado su juicio en la justicia transicional.

Lo más complicado es que la verdadera prueba de fuego será cuando la CPI revise la primera condena emitida por la JEP

Vendría la posesión presidencial de Duque y una semana después la Corte Constitucional se pronunció sobre la Ley Estatutaria, dejando sin piso los últimos condicionamientos a los magistrados de la JEP así como la exclusión de este sistema de los agresores sexuales de los niños. En cuanto a la extradición, pareció darle la razón a la JEP en torno a que podía practicar pruebas solo para establecer la fecha del delito imputado, en tanto que la decisión de entregar un nacional a otro país seguía en cabeza de la Corte Suprema y del Presidente de la República, tal como lo advertía de forma insistente el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien durante todo el proceso de estructuración de la JEP ha recalcado que deben quedar muy claros los límites entre la jurisdicción ordinaria y la transicional, sin que esta última limite a la primera o la subordine.

Lo que mal comienza…

Solo si se entiende todo ese traumático proceso de activación de la JEP se puede explicar la génesis de todo lo que ha pasado en los últimos dos meses, en donde esa jurisdicción no ha salido del ojo del huracán.

De un lado, tras muchas denuncias sobre el crecimiento de las disidencias de las Farc y el regreso al monte de varios cabecillas desmovilizados, la JEP por fin conminó a 27 exjefes, con ‘Iván Márquez’ y ‘El Paisa’ a la cabeza’, a informar qué están haciendo y si continúan sometidos al proceso, pues de lo contrario perderán todos los beneficios jurídicos, políticos y económicos pactados en La Habana.

Aunque los abogados de varios de los excabecillas interpusieron recursos alegando que en esta etapa procesal no les pueden pedir esos informes, la JEP ratificó la solicitud hace dos semanas y ahora se está a la espera de que venza el plazo dado y allí se sabrá, a ciencia cierta, cuáles ex líderes subversivos volvieron a la clandestinidad y deben pasar a ser buscados por el Estado, procesados por la justicia ordinaria e incluso extraditados.

Los 27 excabecillas deben presentar informes de cumplimiento del régimen de condicionalidad antes del 23 de octubre, es decir el martes próximo. Un día clave, sin duda alguna.

Los colados

Por otra parte, mientras que el fiscal Martínez denunció esta semana que guerrilleros del Eln de una célula urbana denominada “Llamarada” se están tratando de ‘colar’ en la JEP, el procurador Fernando Carrillo también alertó sobre el riesgo de que la jurisdicción especial termine siendo utilizada como “violín prestado” para admitir a personas culpables de delitos que no tienen nada que ver con el conflicto, como feminicidios o delitos comunes, caso Enilce López, alias ‘La Gata’, que ya pidió pista en esta jurisdicción e incluso un juez ordinario remitió el expediente a la justicia transicional. Para el Jefe del Ministerio es claro que la JEP debe ser más estricta a la hora de revisar si tales delitos tienen una causalidad directa con el conflicto armado.

Mientras la JEP respondió que en el caso de los presuntos guerrilleros del Eln estos estaban en los listados entregados por las Farc a la Oficina del Alto Comisionado de Paz en el gobierno pasado, el hoy titular de esta última, Gabriel Ceballos, pidió la urgente revisión de esos casos. Hasta el presidente Duque terció en la polémica el viernes pasado al exigir que “esos colados no se pueden aceptar y tiene que haber una respuesta muy clara” al respecto de la JEP. Incluso hace una semana el propio Ceballos tuvo que desmentir que el Gobierno estuviera evaluando una nueva lista de excombatientes para integrarlos al proceso.

El riesgo de que la JEP termine, como lo advirtiera un editorial de EL NUEVO SIGLO, como “lavadero penal” es mayor si se tiene en cuenta que ya hay dos condenados por parapolítica cuyos casos están en revisión por los magistrados, en tanto que condenados por sonados escándalos de corrupción también quieren postularse, a sabiendas que, de entrada, podrían lograr su excarcelación y acceder a penas sustancialmente bajas (o incluso de cero cárcel) con referencia a la justicia ordinaria. Hasta excabecillas de los grupos paramilitares extraditados y juzgados por la Ley de Justicia y Paz, como es el caso de Salvatore Mancuso, quieren someterse a esta jurisdicción.

Zamora procesada

Asimismo, el escándalo por presuntas actuaciones ilegales de personal de la jurisdicción especial sigue creciendo, al punto que esta semana ante el Juzgado 27 Penal Municipal de Bogotá, la Fiscalía imputó cargos a Martha Lucía Zamora Ávila, directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaria Ejecutiva de la JEP, así como a los contratistas de esa entidad July Milena Henríquez Sampayo y Luis Ernesto Caicedo Ramírez, a quienes se les sindica de incurrir en los delitos de asesoramiento y otras actuaciones ilegales y perturbación de actos oficiales, tras inferir su posible participación en el favorecimiento indebido a exintegrantes de las desmovilizadas Farc.

A ello se suma la polémica de días atrás, cuando un funcionario de la Fiscalía accedió a material probatorio de la JEP e incluso quiso entrevistar a la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas en un caso relacionado con los secuestros cometidos por las Farc. Al final el propio Martínez ordenó reversar la decisión.

Pero las sombras que se asoman sobre la eficiencia de la JEP no terminan ahí. Por ejemplo, aún hoy no se tiene claridad sobre los bienes que entregaron las Farc para reparar a las víctimas. Cuando ese grupo en vías de desmovilización remitió -el año pasado- el listado, hubo polémica porque incluyó el costo del armamento, enseres y utensilios de cocina, carreteras ilegales y hasta predios y fincas que eran baldíos del Estado o propiedad privada.

Lo último que se supo al respecto es que esta semana la JEP advirtió que no tiene conocimiento sobre los bienes que las Farc reportaron al Gobierno, pues no han tenido eco las solicitudes que ha hecho sobre el particular a varias entidades. Por ello la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP suspendió la entrega de información sobre los bienes de la extinta guerrilla a todos los vinculados al proceso en el que se estudia la posibilidad de imponerles medidas cautelares con la intención de garantizar la reparación de las víctimas.

Paradójicamente mientras que en días pasados el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Mesa, advertía que los bienes reportados por las Farc no alcanzan el valor que estas dijeron (alrededor de 1,3 billones de pesos), el propio fiscal Martínez indicó el viernes pasado que la entidad ya tiene detectados una gran cantidad de bienes que no fueron reportados por la exguerrilla. Esto –según analistas- sería un grave incumplimiento al acuerdo.

“… Estos activos no fueron inventariados en el listado de Farc. Hasta el 2017, eran $ 1,3 billones. En lo que va corrido del año se han incautado activos por $691.000 millones. Con lo cual, esto debe quedarle muy claro a la opinión pública, hemos incautado activos, presuntamente vinculados a la economía de guerra de las Farc por $ 2,3 billones en total incluido 2018… Ninguno de estos $ 2,3 billones estuvieron reportados en los listados de bienes”, sostuvo el Fiscal el viernes pasado en declaraciones a Blu Radio.

Y lo que viene…

Se supone que, según lo pactaron esta semana tras una audiencia en el Congreso, la JEP y la Fiscalía integrarán una “mesa técnica” para analizar las actuaciones de cada entidad. Incluso tanto Martínez como Linares negaron que estuvieran inmersos en un “choque de trenes” jurisdiccional o personal. Sin embargo, al decir de los expertos, las diferencias seguirán dándose porque aún hay muchos vacíos y dudas de competencia. Temas como los de los “colados” o los reincidentes criminales apuntan a ser muy polémicos en el corto lapso. Es más, el viernes se conoció que la JEP dio permiso a ‘Rodrigo Granda’ para viajar a Venezuela, lo que generó fuerte polémica y dudas sobre su regreso al país la próxima semana.

También este martes, como se dijo, debe conocerse qué pasó con la conminación a los 27 ex líderes de Farc, al tiempo que se agota el plazo para que la JEP decida sobre el caso ‘Santrich’.

De otra parte, en el Congreso los pulsos sobre el alcance del sistema de justicia transicional no se detienen. Por ejemplo, esta semana tanto la JEP como la Procuraduría e incluso la ONU advirtieron sobre el riesgo que implica un proyecto de ley que impulsa el Centro Democrático que pretende limitar la entrega de información de seguridad nacional del Estado a la Comisión de la Verdad. Para los críticos esa limitación afectaría los derechos de las víctimas no solo de acciones ilegales de la Fuerza Pública sino de los actores armados ilegales.

A ello se suma que la comunidad internacional está muy pendiente de lo que pase con la JEP. De un lado, la Misión de la ONU indicó días atrás que «la JEP tiene la responsabilidad de ofrecer garantías a todos los participantes en el marco del sistema de justicia, verdad y no repetición, y los magistrados deben poder realizar sus investigaciones con independencia y sin injerencias para garantizar justicia”.

A ello se suma que falta por conocerse el fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley de Procedimiento de la JEP, sobre todo acerca los artículos polémicos de la sala especial para militares (ya la Procuraduría dijo que era inexequible) y las limitaciones a la práctica de pruebas en solicitudes de extradición (que seguramente también caerá).

También hay mucha expectativa sobre el arranque del proceso al excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya, que esta semana se sometió a la JEP pero niega todas las acusaciones sobre ‘falsos positivos’.

Como se ve, cuando se advierte que la JEP navega en aguas turbulentas no se exagera. Y eso que todavía no ha emitido el primer fallo, porque allí habrá una nueva prueba de fuego: la Corte Penal Internacional (CPI) revisará la sentencia para establecer si hay castigo efectivo a los culpables de delitos graves y atroces, ya que aún en el marco de la justicia transicional no puede permitirse la impunidad total. Será entonces cuando se sepa si las turbulencias de hoy se transforman en huracán.