El Acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz entre el Gobierno y las Farc ha encontrado beneplácito de miles de colombianos que, a pesar de la poca credibilidad en las partes, siguen albergando la esperanza de un país en paz. Los negociadores, aprovechándose de la buena fe del pueblo colombiano y de la víspera electoral, anuncian un acuerdo confuso en materia de justicia, con suficientes zonas grises como para satisfacer a la guerrilla y para no levantar sospechas en la opinión pública ni en la justicia penal internacional.

El Gobierno, evitando el examen sobre los acuerdos, dio a conocer un escuálido comunicado. Que ante el insano un animismo alrededor de “la paz”, no permite cuestionamientos y descalifica a críticos con el implacable rótulo de guerreristas. Es peligroso caer en fanatismo a ciegas por el proceso en La Habana que impide pensar en asuntos fundamentales, que a pesar de ser incómodos para el Santos y las Farc, no podemos perder de vista.

Importante que los negociadores tengan en cuenta que las penas, aunque en justicia transicional pueden ser reducidas, deben compadecerse con la gravedad de los hechos, y que la “restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales” no puede ser una simulación de justicia, una especie de Cuba por cárcel, para sustraer a los acusados de su responsabilidad penal por crímenes de competencia de la CPI.

Decir que el narcotráfico es conexo al delito político es legitimar una práctica que ha causado mucha violencia en Colombia; eximir de la prisión a criminales de lesa humanidad es una afrenta a las víctimas y a la sociedad, no se puede decir que la justicia es venganza, o ¿cómo justificar entonces que se aplique con rigor para miles de personas que, por necesidad o “víctimas de la injusticia social”, han cometido crímenes mucho menos graves que los cometidos por todos los cabecillas de las Farc en nombre de la paz?

Ofende a las victimas la creación de un tribunal con participación de las Farc en la elección de sus jueces. Es suplantar la justicia para inventar una a su medida, que les garantice impunidad y les permita lavar sus fortunas y su imagen de asesinos. Un tribunal especial para la paz que será utilizado por las Farc para impartir venganza contra quienes en democracia los combatieron, no puede ser el resultado de un acuerdo de paz, es el resultado de un acuerdo de rendición del Estado.

Por último: ¿cómo es posible que el Fiscal ordene suspender la imputación de cargos a los miembros del Secretariado, cuando todavía no hay acuerdos con carácter normativo y nuestro ordenamiento jurídico sigue siendo el mismo?