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Martes 12 de Diciembre del 2017

Justicia a media marcha

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 04/01/2015

 

Foto: eluniversal.com.co

Peligroso lastre del paro judicial

Acudir a estado de excepción?

El funcionamiento de la justicia es la columna vertebral de toda la institucionalidad. Por lo mismo resulta inaudito que Colombia arranque este año en medio de un paro de la Rama Judicial que está a punto de completar 90 días. Antes de que comenzara la vacancia judicial en la tercera semana de diciembre, más de 25 mil audiencias tuvieron que ser canceladas. Aunque la afectación del derecho ciudadano al acceso a una justicia pronta y eficaz es tan grave como incuantificable, los cálculos que hace el Consejo Superior de la Judicatura señalan que el costo del paro ya supera los 100 mil millones de pesos.

Las negociaciones entre el Gobierno y Asonal, el sindicato sectorial, se encuentran estancadas desde hace varias semanas. El Ejecutivo sostiene que no hay razón para mantener la protesta, pues ya se abocaron recursos de emergencia para solventar la mayoría de las peticiones laborales y presupuestales de la agremiación, especialmente los referidos a juzgados de descongestión. A ello se suma que entró en vigencia días atrás una recién aprobada ley que le permitirá a la Rama disponer de nuevas fuentes de financiación que para el 2015 representarán 650 mil millones de pesos adicionales a su presupuesto inicial. El funcionamiento pleno del Sistema Oral y la implementación del Código General del Proceso así como del Administrativo, al igual que los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y la modernización tecnológica y logística en los despachos, serán los nichos principales de inversión. Todo ello se hará con base en el recaudo de depósitos judiciales, los rendimientos de recaudos del Banco Agrario, multas, impuestos al remate y una contribución especial arbitral. También se obtendrán recursos por la vía del juramento estimatorio y la compartición de bienes con otros países.

A su turno Asonal sostiene que todavía están pendientes asuntos tan complejos como el de la nivelación salarial y el régimen de carrera administrativa, al tiempo que alega que las medidas financieras adoptadas por el Gobierno fueron unilaterales y tendrán apenas un efecto temporal. Insiste en que todos los despachos de descongestión deben ser permanentes.

A ese tira y afloje se suma el constante contrapunteo verbal. El Ejecutivo sostiene que Asonal Judicial impide que miles de funcionarios que sí quieren trabajar puedan acceder a los despachos, en tanto que el sindicato replica que el Gobierno dejó solo en la negociación al Consejo Superior de la Judicatura, que no tiene la autonomía para definir en materia de escala de sueldos.

Más allá de todo ese tire y afloje, lo cierto es que el paro judicial se mantiene y apenas están funcionando los servicios más esenciales. En el entretanto, las estaciones de Policía y los calabozos de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía están a reventar de detenidos cuya situación judicial no se ha podido resolver por la parálisis. Se denuncian casos tan aberrantes como el de los presos que duermen en camionetas de la Policía o aquellos que en el día son sacados a parques aledaños a las estaciones para que tomen el sol esposados a estructuras metálicas.

Luego de más de tres meses de parálisis de la Rama, el próximo 13 de enero termina la vacancia judicial. El Ministerio de Justicia ha advertido que ese día garantizará que los funcionarios que quieran laborar puedan acceder a los despachos, lo que hace prever que podrían generarse enfrentamientos con los sindicalizados que obstaculizan las entradas a las dependencias en todo el país.

La ciudadanía ha sido la gran perjudicada en todo este lapso. Decenas de miles de procesos, diligencias y expedientes de todas las jurisdicciones están bloqueados. Por lo mismo no es nada extraño que en las encuestas el nivel de favorabilidad de la Rama Judicial, otrora muy alto, ahora sea tan deficiente. Obviamente en esta crisis de percepción de legitimidad no sólo el paro ha sido causa principal, sino también la cadena de escándalos del último año.
La situación es tan grave que ya hay voces que urgen acudir a un estado de excepción para hacerle frente, pues el país no puede seguir funcionando con la administración de justicia a media marcha. El problema no se reduce a si se paga o no el salario a quienes están en paro y qué hacer con los que aun queriendo laborar, se les impide hacerlo. Aquí urge una solución de fondo, sea por la vía ordinaria o extraordinaria. Una solución inmediata.

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