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Martes 23 de Julio del 2019

Justicia indígena

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Rafael Nieto Loaiza  |

Fecha: 16/11/2014

 

Foto: proclamadelcauca.com

El 05 de noviembre las Farc dieron muerte a dos miembros de la guardia de la etnia Nasa. Los indígenas fueron asesinados cuando se disponían a desmontar unas vallas alusivas a la muerte de “Alfonso Cano”. Los Nasa lograron capturar a siete de los integrantes de las Farc y en juicio de un día condenaron a 60 años de cárcel al autor material del crimen y a 40 a sus acompañantes. A los dos menores de edad parte de la cuadrilla los condenó a latigazos.

“Timochenko” excusó a los guerrilleros, dijo que “este tipo de procedimientos repugna al más elemental sentido de justicia”, sostuvo que la condena “no es otra cosa que el reinado absoluto de la arbitrariedad”, y remató con un “si ese es el país al que piensan reintegrarnos, no hay entonces la menor posibilidad de ello”. ¿Desde dónde escribe el máximo jefe guerrillero, señor Presidente? ¿Cuba, Nicaragua o Venezuela? Como sea, quedamos notificados.

Por su parte, desde el Ministro de Justicia hacia abajo, se ha aplaudido el juicio indígena y se le destaca como una muestra de “justicia pronta, cumplida y eficaz”.

Cuatro son los puntos más destacables del episodio. El primero, la crueldad de los terroristas. Aunque las Farc han dicho que la población no ha sido ni blanco principal ni blanco secundario de las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas” y “evidentemente nuestras responsabilidades no son en ningún caso por la comisión de crímenes de guerra o de lesa humanidad”, nunca han tenido, y desde que están en La Habana tampoco tienen, ningún reparo en asesinar civiles desarmados, centenares de ellos indígenas.

Segundo, su cinismo. Son famosos los ajusticiamientos, sin juicio alguno, por infracciones a la “disciplina” de las Farc o por sospechas de colaboración con el Estado. Y los “juicios populares”. Que “Timochenko” se indigne y la guerrilla pida juicio con garantías cuando nunca han dado una sola, prueba lo caraduras que son.

Como sea, los hechos los desmienten sin descanso. Y dejan desnudo al Fiscal General. ¿No es el asesinato generalizado y sistemático de civiles, entre ellos centenares de indígenas, un crimen de lesa humanidad, doctor Montealegre? ¿No es el reclutamiento de menores un crimen de guerra? No porque la Fiscalía se niegue a llamarlos por su nombre, los crímenes internacionales dejan de serlo. La realidad es tozuda.

Tercero, la inoportunidad e inconveniencia de las declaraciones de Humberto De la Calle en que pide que se repiense el concepto de delito político y conexos, porque “se presentó un vaciamiento de la conexidad que lo ha dejado reducido y muy alejado de la realidad del conflicto militar”. El jefe negociador sabe que la jurisprudencia ha sostenido que los delitos atroces, los actos de barbarie y el narcotráfico no pueden ser considerados como delitos políticos o conexos. Lo que De la Calle sugiere es que sí lo sean. Es decir, pretende que el narcotráfico y los crímenes internacionales, o al menos algunos de ellos, sean considerados delitos políticos o conexos y en consecuencia a) puedan ser indultados o amnistiados y b) sus responsables puedan llegar a cargos de elección popular. Con todo respeto, no veo cómo el asesinato de civiles, como el de los indígenas, puede ser considerado un delito político o conexo. Ni cuál crimen internacional sí pueda serlo.

Cuarto, creo que la justicia sumaria, aunque sea contra guerrilleros, es una violación a los derechos humanos, estoy convencido de que todos sin excepción tienen derecho a una defensa profesional y a garantías procesales, y los castigos corporales me parecen un exabrupto propio de la edad media. Pero como vivimos la más grave crisis de la justicia colombiana en su historia, se explica que haya quien sostenga que el juicio indígena es una “lección para el Estado colombiano”. No en vano en la última encuesta Gallup el sistema judicial tiene la más mala imagen en su historia: es la institución más desprestigiada, incluso diez puntos peor que el Congreso, con un 80% desfavorable, y las más negativas calificaciones, hasta hoy, de la Fiscalía y la Corte Constitucional.

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