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Miércoles 18 de Septiembre del 2019

Justicia pobre, fiscal manirroto

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 13/09/2015

 

Ilustración: El Colombiano

Quienes cuestionan los contratos del fiscal es porque son del entorno criminal, dice Montealegre. El control político requerirá coraje, mientras la prensa cumple su labor de informar y preguntar.

El año pasado, mediante decretos leyes, el presidente de la República procedió a reformar la estructura y competencias de la Fiscalía General de la Nación. La reforma se aprobó según los requerimientos que hizo el fiscal general, Eduardo Montealegre. El poder Ejecutivo le formalizó la reforma a su medida, al punto de que el entonces ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez -exfiscal general de la Nación- no estampó su firma en ella, por no estar de acuerdo con lo que allí se disponía. El exministro y exfiscal Gómez Méndez lo ratificó así en entrevistas radiales el pasado jueves.

La reforma fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, y por el entonces viceministro de Justicia, encargado para tales efectos del despacho del ministro, Miguel Samper Strouss.

El pasado 19 de agosto este periódico hacía referencia en su editorial (“Los gastos de la Fiscalía”) a los nombramientos de “consejeros especiales en comisión” que se vienen realizando, con honorarios millonarios, en el exterior. Decíamos allí que era necesario rendir cuentas y justificar la necesidad de tales gastos.

En los últimos días, gracias a la labor de varios medios de comunicación, se ha venido conociendo la verdadera feria de contratos mediante la cual el fiscal general, por asignación directa, está disponiendo de recursos multimillonarios para exmagistrados y juristas cercanos a sus afectos. Los contratos por más de 4 mil millones a la señora Natalia Springer, cada vez rodeados de mayores cuestionamientos, y los del exjuez español Baltasar Garzón, inhabilitado en su país por decisión unánime del Tribunal Supremo para ejercer la judicatura por haber incurrido como juez en el delito de prevaricación, no son los únicos que generan escándalo.

También hay contratos para el anteriormente mencionado Miguel Samper Strouss, el viceministro que le firmó la reforma de la Fiscalía, hijo del expresidente Ernesto Samper Pizano, cuya corporación Vivamos Humanos también ha sido beneficiaria de contratos.

El senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, ha citado un debate en el Congreso. Se necesita coraje para hacerlo, ya que el temor que genera el fiscal entre los políticos paraliza cualquier forma de control. Y el control político del Congreso, junto con el papel de la prensa, son los únicos que pueden dilucidar algo de todo este complejo entramado.

La Fiscalía hace parte de la Rama Judicial, la misma que clama por recursos para superar sus muchas necesidades. Las mismas fiscalías regionales tienen requerimientos, materiales y de personal. Mientras esperan soluciones ven cómo miles de millones se van en contratos de asesorías externas que tendrían que ser justificados ante los colombianos.

En entrevista con El Tiempo, el fiscal Montealegre atribuye las dudas y preguntas sobre los contratos a propósitos perversos. Dice que los cuestionamientos se deben a que “los violadores de derechos humanos, el entorno político del paramilitarismo y las organizaciones criminales están sintiendo pasos de gigante”. Suponemos que allí quedamos encuadrados, en la visión del fiscal, los medios de comunicación.

Y remata diciendo que muchos de esos contratos servirán para la paz. “Los costos de la paz serán siempre irrisorios comparados con la guerra”. Sin embargo, la paz por la que debería trabajar el fiscal y la Fiscalía es aquella que se deriva de derrotar la impunidad. Tendría que demostrarnos que los miles de millones repartidos han conducido a la eliminación de ese gran problema nacional.

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