CONFIESO QUE AYER QUEDÉ SORprendido cuando leí el editorial de este periódico. Llamó poderosamente mi atención su título: «AIS y la justicia mediática».

La nota en comento hace referencia a la exagerada medida de aseguramiento intramural que el juez 33 de garantías —el mismo que hace un año dejó en libertad a Rubén Darío Granda, el hermano del denominado “canciller” de las Farc, a quien acusaban de manejar plata de la guerrilla— les impuso a Camila Reyes, Eugenia Méndez, Óskar Schroeder y Juan Camilo Salazar, cuatro jóvenes exfuncionarios del Ministerio de Agricultura.

Tanto el fiscal como el juez de ese caso coincidieron al afirmar durante los tres días de audiencia de imputación de cargos en que la corrupción es el peor mal de nuestra sociedad. Estamos de acuerdo con ellos. Y en Agro Ingreso Seguro claro que hubo corrupción, pero por parte de unos finqueros que, abusando de los beneficios que permite la ley de AIS, fraccionaron fincas para, literalmente, meterle un zarpazo al erario.

Pero hay hechos que la sociedad no sabe o, peor, no ha querido saber. Cuando se destapó el escándalo de AIS, el Ministerio de Agricultura, en cabeza de Andrés Fernández, se constituyó en víctima y denunció penalmente a los particulares que robaron al Estado.

Esta semana, cuatro ciudadanos decentes, buenos profesionales, inocentes, fueron encarcelados. La fiscalía intentó acusarlos de peculado. Tan burdamente estaba montado el cargo, que el juez tuvo que reprender al fiscal por la mediocridad y la carencia de pruebas presentadas para sustentar esa imputación, con la que se intentaba condenar a esos jóvenes a más de 50 años de cárcel.

Decía el editorialista de El Espectador que la medida de aseguramiento es exagerada. Los cuatro exfuncionarios atendieron respetuosa y cumplidamente todas las citaciones de la justicia. Comparecieron cuantas veces fueron llamados; aquello demuestra su talante y comprueba su decencia, pero por sobre todo el respeto reverencial de ellos por la justicia.

Pero el juez decidió privarlos de la libertad como si de los peores delincuentes se tratara.

¿Ellos están en la cárcel por haber robado o haber asignado créditos irregularmente? No. A esas personas las detuvieron porque, aparentemente, celebraron mal un contrato entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, para efectos de impulsar la transferencia de tecnologías de riego que habilitaron a más de un millón de hectáreas que hace seis años eran improductivas. Por primera vez en la historia universal, alguien termina con sus huesos en la cárcel por suscribir un contrato con un organismo multilateral. Para quienes no lo saben, el IICA es a la OEA, lo que la FAO es a la ONU.

Dijo el juez que Camila Reyes, Eugenia Méndez, el exviceministro Salazar y Óskar Schroeder son un peligro para la sociedad y por eso los mandó a las mazmorras. Interesante el concepto que de peligrosidad tiene el dicho operador judicial.

Concluyo retomando la frase final del editorial de ayer: “Ojalá la justicia no permita que inocentes terminen pagando para satisfacer la ansiedad de la opinión pública o alguna que otra carrera política. No quedará una sola persona correcta en el país que se arriesgue a trabajar para el Estado si se siguen sentando malos precedentes como los que estamos presenciando”.