La explosión criminal del legado de Santos puede establecer la prioridad de Duque.

Tal vez no se necesitaba el informe, un tanto amarillista, de revista Semana para concluir que si un gobierno regala control territorial a grupos armados ilegales y estimula el narcotráfico vía plantaciones de coca, al siguiente gobierno le toca hacerse cargo de las consecuencias, especialmente si no es de continuidad permisiva.

El presidente Duque se eligió con las banderas de la legalidad, el emprendimiento y la equidad, pero la realidad lo puede obligar a poner primero la seguridad como eje e impronta de su gobierno. Por fortuna, la comprensión de la  seguridad como condición de posibilidad de la legalidad y la inversión productiva está en el ADN de la elección del presidente.

Habría una razón política y otra estratégica para este giro. La política se ve en la portada de Semana: este gobierno no puede exponerse a que le digan que “la situación de orden público e inseguridad en el país está en franco deterioro” y a que de aquí a noviembre de 2020 Trump siga con su sainete sin contrarrestarlo con hechos contundentes. Si este gobierno endereza la seguridad, lo demás no importará tanto.

La razón estratégica es que el proyecto moderno de país no aguantaría otro proceso de paz parecido al de las Farc, pero como vamos el riesgo es grande en un gobierno de Petro o de Fajardo: negociarían con el ELN, las disidencias de las Farc, el EPL y cuantos clanes quieran bajo las mismas condiciones que tanto defienden a diario los incondicionales del acuerdo con las Farc.

El reto del gobierno Duque es triple: i) introducir en la Constitución cláusulas de no repetición de paz con extrema impunidad; ii) imponer la fuerza legítima del Estado en el territorio para que las eventuales negociaciones versen solamente sobre entrega y reincorporación, y iii) corregir lo más que se pueda los aspectos indeseables del trato con las Farc (comenzando por la legitimidad otorgada a la violencia terrorista).

Colombia necesita cerrar este largo ciclo de violencia pretendidamente política alimentada por el narcotráfico y el crimen que prospera ante la ausencia de Estado, y lo evidente es que la fórmula ensayada por Juan Manuel Santos no sirve. La seguridad democrática sirvió mucho más. Y la dura verdad es que a Iván Duque no lo van a juzgar por “la legalidad, el emprendimiento y la equidad”, sino por su liderazgo en el cierre de la violencia.

Semana, tratando de aliviar la responsabilidad de Santos, dice que “todo el mundo le echa la culpa al otro. Para los uribistas, el problema tiene su origen en que Santos, después de la entrega de armas, dejó tirado el posconflicto y no llevó el Estado a los territorios abandonados por las Farc”. Es una manera de resumirlo bastante indulgente. El problema es que Santos regaló la victoria militar estratégica del Estado y no definió como principio en la negociación el interés nacional del control territorial. Cuando se dio la entrega (parcial) de armas, ya esta violencia de 2018 y 2019 estaba incubada.

Según Semana, “para los que apoyaron el proceso de paz, (el problema) se debe en gran medida a que el Gobierno de Duque, al meterle palos en la rueda a todo lo que tenga que ver con los acuerdos de La Habana, frenó su implementación con las implicaciones de orden público que esto conlleva”. Y termina con la sapiencia de siempre: “la realidad es que ambas partes tienen razón”.

Palos en la rueda de la consolidación de este país son 200.000 hectáreas de coca y que a la voluntad firme de la defensa y la seguridad por el Estado  se le llame “guerrerismo”.