Hace algo más de diez años el periodista Juan Manuel Santos escribió un artículo tildando de corruptos a algunos magistrados del Consejo de Estado. Inmediatamente la Sala Plena de la corporación se reunió y por abrumadora mayoría aprobó denunciar penalmente al periodista. Varios consejeros no participaron de dicha decisión, porque presumían que nada sucedería y que la justicia no procedería contra tan respetable personalidad.
En aquel entonces y posteriormente, quienes así decidieron, siempre sostuvieron que las instituciones no se destruyen por agentes externos que denigren de ellas, sino que se autodestruyen por los errores y malas actuaciones de sus miembros, en especial de sus dignatarios. Situación que con más veras debe predicarse del actual momento que vive la justicia.
Lamentablemente el tiempo les dio la razón. No solo la justicia no procedió en debida forma respecto a la denuncia formulada, sino que años más tarde el denunciado fue elegido presidente de la República. Pero lo más doloroso no fueron las palabras del entonces periodista, sino la nula actuación de la justicia. Muy poco hizo la Fiscalía respecto a aquel suceso. Así comienza la autodestrucción de las instituciones. Y ese es el proceso que parece estar viviendo la justicia en sus distintas manifestaciones. Parafraseando alguna expresión del Código Civil: La justicia vive una lenta e imperceptible autodestrucción, originada por la forma como algunos de sus miembros se apartan de sus competencias.
La Corte Constitucional, cuestionada, con un presidente cuestionado; el fiscal general, asumiendo de congresista, amenaza con impugnar la reforma constitucional aún no aprobada; la Comisión Interinstitucional, integrada por los presidentes de las cortes y el fiscal, desconoce la legitimidad del Gobierno y del Congreso y decide que es necesario convocar una Asamblea Constituyente para que sin norte y sin ley, como siempre ocurre con estos órganos, expida una nueva Constitución, o revoque el Congreso, o destituya a los magistrados. Recuerden que es un cuerpo primario al que no se le pueden poner límites por órganos secundarios. Lo peor es que esos altos dignatarios, que quieren ignorar la institucionalidad del Congreso y el Gobierno, son desautorizados por sus propias corporaciones. La sala plena de la Corte Suprema desmintió a su presidente; un importante grupo de magistrados del Consejo de Estado se pronunció en contra de su presidente por no haberlos consultado para asumir semejante posición. El presidente del “moribundo” Consejo Superior de la Judicatura fue desmentido de manera inmediata y por medios públicos, por algunos de sus compañeros.
Son muchos los antecedentes de actuaciones de altos servidores de la justicia y del control que con su conducta pretenden provocar una verdadera autodestrucción institucional. Hay que recordar las decisiones del procurador anuladas o suspendidas por distintas instancias judiciales o el desconocimiento de la institucionalidad judicial por parte de la anterior contralora. La forma como algunos funcionarios del Estado desconocen la institucionalidad, constituye una situación preocupante, especialmente cuando se adelanta un delicado proceso de paz, que probablemente termine con el pronunciamiento ciudadano a través de un referendo.
