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Lunes 21 de Mayo del 2018

La conspiración contra la Fuerza Pública y el PCD

Publicado en:

Fcppc  | 

Autor(a): Jaime Jaramillo Panesso  |

Fecha: 12/05/2014

 

El jefe de debate de Juan Manuel Santos y Vargas Lleras es Eduardo Montealegre, quien, además es el jefe administrativo de un aparato burocrático nacional que tiene 30 mil funcionarios al servicio del país, pero cuya suerte laboral está en manos de su jefe. Ocurre, además, que buena parte de estos funcionarios son escogidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil como jurados de las mesas de votación. ¿Cuál es la neutralidad que debe esperarse de este poderoso señor de Código Penal dentro de su guante de boxeador marcado por las Farc-Santos Presidente? Montealegre es un jugador privilegiado en el campo electoral porque no tiene árbitro que le saque la tarjeta roja por su sesgo político evidente que configura un faul contra el PCD, Partido Centro Democrático, y sus altos dirigentes. Cada entrevista tiene el veneno de la serpiente mapaná o la fuerza envolvente de la boa constrictor que pretende la extinción de su presa, presa que es su enemigo político y su alimento jurídico criminalístico.

Nunca en la historia política de Colombia, un Fiscal General de la Nación había dejado de ser defensor de la Nación  y sus ciudadanos para tomar el camino de flagrante militante activo de una campaña electoral. Pero la última entrevista concedida a Yamit Amat en el periódico oficial del santismo (donde tiene cupo permanente) el pasado domingo, Montealegre, con sus manos en forma de garras felinas, su reloj torcido en reverso de su mano izquierda, sus mancornas azules en juego con el prusiano azul de su corbata, lanza en ristre se vino contra la Fuerza Pública y descargó bombas de humo y torpedos en todas tas treinta preguntas que le hizo el periodista. He aquí algunas de respuestas relacionadas con el hacker (ninguna está dirigida a los 12 millones de dólares que presuntamente recibió J.J. Rendón de manos de la mafia para negociar con el gobierno de Santos el sometimiento).

1. El hacker es un ideólogo neofascista que vende información “a personas cercanas a la Fuerza Pública como a particulares, con un tinte ideológico de ultraderecha que quiere interferir el proceso de paz…. El hacker está comprando información a miembros de la Fuerza Pública… la utiliza para actividades ilegales que luego vende a miembros de la Fuerza Pública y a particulares…. Uno puede inferir que hay miembros de la Fuerza Pública que son francotiradores del proceso de paz.” Comentario: un carrusel de información, teñida de ideología política, con personas de la Fuerza Pública para dinamitar el proceso de paz. Comienza el Fiscal a delinear una gran conspiración. Él se presenta a sí mismo como el salvador.

2. Hay una guerra sucia “de la ultraderecha colombiana contra una solución negociada del conflicto. Tenemos que ver más allá de ver una guerra sucia contra el Presidente y examinar si se está poniendo en grave riesgo la institucionalidad. Supremamente grave tanto para los miembros de la Fuerza Pública comprometidos como para los particulares. Tenemos informes de que hay sectores vinculados a la Fuerza Pública en esto y no puedo descartar que haya miembros activos… comprometidos en este mercado de información. Es un atentado contra la democracia. El país y la justicia no pueden permitir que se atente contra el estado de derecho. La creación de rumores falsos es una conducta delictiva”. Comentario: el Fiscal involucra a la Fuerza Pública y a unos particulares en una conspiración que tiene el diseño de su propio interés ideológico y político. Está preparando un golpe de su poder represivo y de su guante ideológico para “develar” esa conspiración que tiene el sello y las conexiones que Montealegre “denuncia” en su papel de escudero del Presidente. Tiene como foco de su acusación a la Fuerza Pública. Montealegre prepara a la opinión pública creando un ogro fantasmal hitleriano para actuar con su formación estalinista en la JUCO (Juventud Comunista), con lista en mano, para dar cacería a quienes no comparten la metodología de los diálogos en La Habana ni la reelección presidencial.

La ciudadanía colombiana podrá preguntarse ante este escenario de un Moisés profariano lo siguiente: El Fiscal de la Nación, en razón de su compromiso político con el Presidente Santos que le obliga a la defensa del Estado de derecho, ¿está también obligado a defender al Santos candidato como persona que busca la reelección? ¿Se justifica una ficticia conspiración contra la democracia, con inculpaciones a la Fuerza Pública y a la principal fuerza de oposición el PCD y a sus máximos dirigentes Álvaro Uribe y Oscar Iván Zuluaga, para despejarle presuntamente el camino a Juan Manuel?

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