Remoción de la Constitución vigente
Cabos sueltos del proceso de paz
Lo que hoy ocurre con el dilatado proceso de paz que se desarrolla en La Habana es que no tiene un modelo claro y conciso al cual atenerse. Se dijo, en principio, que la Agenda era el núcleo de la negociación, pero ella va de un lado para otro, a veces como corcho en remolino, y sin saberse tampoco si se abandonó la regla vendida como clave de que “nada está negociado hasta que todo esté negociado”.
Hace más de un año se publicaron, por ejemplo, tres de los preacuerdos en materia agrícola, participación política y del narcotráfico, con fundamento en que se había llegado a ciertos convenios parciales. Se advirtió, no obstante, que por lo pronto se asumían los consensos que existían, en esos temas, pero en todo caso dejando los múltiples disensos para ser resueltos después. En esas estamos todavía, pendientes algún día de zanjar las discrepancias de fondo en materias tan sensibles. No es, pues, cierto que se hayan surtido estos tres puntos de la Agenda, pese a que algunos cacareen el asunto como si estuvieran resueltos y clausurados.
Faltan, solo para dar algunas referencias, elementos clave como las zonas de reserva campesina, el número, la extensión y las competencias, mientras no se tiene tampoco idea clara de qué hacer con el nuevo censo agrícola, del que se habló en la Mesa como fundamento de muchas políticas, ni tampoco avanzan decididamente, por fuera de las conversaciones de La Habana, los proyectos de la Altillanura llamados a ser despensa alimentaria. Igualmente está por verse, en cuanto a la participación política, si finalmente las guerrillas tendrán curules directas en el Congreso, si actuarán a partir de terceros convertidos en partido político, o si se mantiene la idea de que deberán pagar penas con sanciones alternativas, a través de la justicia transicional, mientras las encuestas siguen pidiendo cárcel efectiva. Y frente a los cultivos ilícitos no se sabe si, suspendido hace unos meses el glifosato, el Gobierno asumirá otro tipo de químico para la aspersión o si se pasará definitivamente a la alternativa manual, tal cual se ha pedido en la Mesa, mientras todos los datos apuntan a una expansión y comercialización de la droga, en raudo ascenso desde 2014.
Posteriormente, en buena hora vuelta a adoptar la tregua unilateral por parte de las FARC, se habló de que se adelantarían planes pilotos bilaterales para el desminado, hasta el momento en fracaso. Al mismo tiempo se dijo que se adoptaría un sistema integral de justicia, pactándolo entre las partes, pero de ello no se saben sino glosas. Recientemente Humberto de la Calle dijo que los agentes del Estado debían ser motivo de ello, llámense generales u otros funcionarios, mientras las FARC han escalado el tema hasta los presidentes y ministros que han tenido que ver con el conflicto armado en los últimos 50 años. Los guerrilleros, a su vez, dicen que primero la verdad y después la justicia, mientras el Gobierno apuntaría a elementos paralelos, cualquiera cosa que ello signifique para que las FARC acepten las sanciones. Para ello se nombró, en todo caso, una subcomisión que todavía no ha dado señales de resultados.
El Gobierno, de otra parte, aceptó entrar a negociar el cese al fuego bilateral y definitivo, modificando uno de los inamovibles de la Agenda como punto final. Pero, desde el ya viejo anuncio y desde la creación de la subcomisión correspondiente, tampoco se ha concluido nada. Sectores del país se la han pasado discutiendo si ello entraña localización de las tropas guerrilleras, verificación internacional y cómo hacerlo, y otras opciones, pero la crisis fronteriza con Venezuela distrajo el tema, más si se entiende que la Canciller es parte central de la Mesa de La Habana.
Ahora el Gobierno, por fuera de la Agenda, pretende hacer repentinamente del Congreso una Asamblea Constituyente indirecta, a través de un acto legislativo que cambia la esencia del sistema que nos rige. En efecto, asume los tiempos y mecanismos de este tipo de corporaciones, sin por lo demás haber sido legítimamente elegidos los congresistas para ello. De tal modo, como en una Constituyente, se cambian los debates democráticos y parlamentarios preestablecidos para reformar la Constitución, llevándose por delante las cláusulas pétreas del Estado Social de Derecho. Y a ello se adiciona, como si fuera poco, las decenas de leyes que eventualmente habrán de salir de la paz para ser tramitadas por facultades extraordinarias presidenciales, cuya solicitud no puede ser genérica, y hacer de algún modo, como advertía Alfonso López Michelsen, “la revolución por decreto”. Todo esto, y más, bajo el fementido expediente de que con lo que actualmente existe no se puede hacer la paz. ¿Quién dijo?
