El escándalo por los sobrecostos de Reficar evidencia un Estado impotente para controlar el manejo pulquérrimo —como debería ser— de los recursos públicos, incluso en sus proyectos trascendentales.

Si algo ha demostrado el escándalo por los sobrecostos en la Refinería de Cartagena (Reficar) es que, sin importar la importancia para el país del proyecto en cuestión, la corrupción siempre está al acecho para sacar provecho y desangrar las finanzas públicas. Con un posacuerdo a la vista, que exige y promete abundancia de recursos tanto extranjeros como propios, e intensos movimientos que se han iniciado ya para definir la elección de altos cargos en los órganos de control en los próximos meses, no permitir que la dinámica dañina de la politiquería cree las condiciones para que los corruptos se rifen la reconstrucción del país resulta una tarea urgente.

El escándalo por los sobrecostos de Reficar evidencia un Estado impotente para controlar el manejo pulquérrimo —como debería ser— de los recursos públicos, incluso en sus proyectos trascendentales. Si desde el principio se entendió la modernización de la Refinería de Cartagena como pieza clave para el futuro de Ecopetrol, que a su vez fue la joya de la corona hasta este año en los ingresos estatales, no se explica cómo pudo permitirse ese nivel de sobrecostos indignante. Si eso ocurrió en Reficar, ¿qué se puede esperar del resto de proyectos a merced de dirigentes amparados por el desinterés de los órganos de control?

El Gobierno está al tanto de este problema. No fue casualidad que el presidente Juan Manuel Santos, en un foro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, titulado “Posconflicto: retos y oportunidades”, dijera: “Queremos garantizar que todo el mundo esté absolutamente tranquilo de que esa plata llegue a donde tiene que llegar”. Y para eso, agregó el mandatario, se están haciendo reformas institucionales y reglamentarias. Con todo, los casos recientes no dan muchos motivos para tener esperanzas al respecto.

No son cualquier cosa los recursos que se administrarán en el posacuerdo. Paz Colombia, la evolución del apoyo estadounidense al fortalecimiento de las instituciones del país, anuncia US$450 millones. Según los cálculos del Gobierno, en un plazo de diez años el posconflicto costará $90 billones. Una buena porción de esos recursos vendrá de donaciones internacionales. El éxito de lo pactado en La Habana dependerá en gran medida de los programas que estos recursos financiarán en las regiones.

Una oportunidad para garantizar la integridad en la utilización de ese dinero es la elección de los dirigentes de varios órganos de control. Ya se están moviendo las fuerzas políticas, y el Gobierno nacional, para ubicar cuotas en esas posiciones de poder. No son “botín” insignificante: el fiscal general termina su período en marzo de este año; el procurador, salvo alguna decisión en contra en el Consejo de Estado, termina en enero de 2017, y seguramente pronto tendrá que elegirse a un nuevo defensor del Pueblo.

La Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo son instituciones claves para asegurar que los recursos públicos no se desperdicien y que se respeten los derechos humanos de todos los colombianos. Por ende, la invitación es para que en esta elección se abandonen las transacciones políticas típicas que rodean esos nombramientos: no asumirlas como la oportunidad de obtener un triunfo político inmediato, sino como una oportunidad histórica de encargar la protección del posacuerdo desde la pulcritud a personas idóneas. Si la motivación detrás de las nominaciones son los méritos, y no la cercanía con proyectos políticos, tendremos órganos de control concentrados en cumplir sus funciones constitucionales y luchar contra la corrupción.

En el nivel regional, donde el éxito del posacuerdo jugará su partida definitiva, se ha venido denunciando que el nuevo sistema basado en el mérito para las elecciones de contralores y personeros no ha sido reglamentado y está siendo obstaculizado por los intereses políticos que no quieren renunciar a su influencia sobre esas entidades. Dado que los recursos se repartirán por todo el territorio nacional, un parte de tranquilidad podría darse si también se garantiza la presencia de funcionarios idóneos e independientes en estos cargos.

Lo único que puede detener los tentáculos a veces omnipotentes de la corrupción es la presencia de personas honestas, que reconozcan el intangible valor de proteger, con valentía y sin concesiones, los recursos del Estado, que son los recursos de todos. En Colombia existen, pero depende de los políticos ponerlos en posiciones de poder. La construcción de un país en paz los necesita allí.