Odebrecht y los jinetes del apocalipsis
Los jueces acorralan a los corruptos
Desde que estalló el escándalo de Odebrecht en el Brasil, por la alianza nefanda entre el Partido de los Trabajadores (PT) y la multinacional constructora, que tejieron una intrincada red de sobornos y corrupción, son tantas las cabezas de políticos, funcionarios y empresarios que han caído en ese país y en Latinoamérica que ya algunos observadores califican la dimensión de este caso como apocalíptica para una generación de dirigentes salpicados. No pocas fuerzas políticas, al ver rumbo a prisión a sus jefes, se derrumban por el descrédito irreversible y hasta por la expropiación de bienes de origen ilícito.
En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff terminó defenestrada y su páter político y también exmandatario Lula da Silva se encuentra en prisión. Aunque la izquierda mantiene fortaleza electoral, la corrupción le pasó cuenta de cobro y ello llevó a que derecha haya ganado el poder el domingo pasado. Numerosos exministros y gerentes de empresas estatales ligados al PT están presos e incluso han confesado sus delitos para poder cumplir condenas cortas y prontas. Ante tales evidencias, al final las masas de derecha, centro e independientes eligieron como Presidente de la República a Jair Bolsonaro, un político contestatario, cuya principal bandera ha sido castigar a los corruptos y llevarlos a prisión.
En otros países de nuestra región la justicia también viene actuando para enjuiciar y condenar a los involucrados en la cadena de sobornos de Odebrecht para quedarse con contratos de obras públicas. Las pruebas aportadas por Estados Unidos, las confesiones de los directivos del cuestionado consorcio y las gestiones propias de fiscales y jueces tienen las tras rejas o judicializados a presidentes, expresidentes, altos funcionarios y exempleados oficiales, así como a reconocidos empresarios, contratistas, congresistas y demás. La nación en donde esto ha sido más evidente es Perú. Allí exgobernantes de distintos partidos han caído en desgracia y hasta un presidente en ejercicio, Pablo Kuczynski, renunció en marzo pasado cuando lo alcanzó el escándalo. Lo más grave es que la complicidad de la dirigencia inca con los agentes de la corrupción de Odebrecht no tuvo un color político en particular. En realidad, resultaron salpicados todos los que estaban en el poder en dos décadas o tenían la posibilidad de llegar a obtenerlo por la vía electoral.
Al encausamiento de los expresidentes Ollanta Humala -preso-, Alejandro Toledo -pedido en extradición a Estados Unidos- e incluso a Alan García -apenas indiciado-, se sumó ahora el encarcelamiento de la excandidata presidencial (perdió con Kuczynski en 2016), senadora y principal líder de oposición en Perú, Keiko Fujimori, hija del exmandatario inca de origen japonés que terminó condenado por violación de derechos humanos.
Aunque hace dos semanas la dirigente política, cuyas fuerzas dominan el Congreso, había sido detenida precautelativamente, sindicada del delito de lavado de activos e integrante de una organización criminal que trató de esconder aportes económicos de Odebrecht a sus arcas, logró recuperar la libertad días después. Sin embargo, el jueves pasado volvió a dictársele orden de prisión por parte de un juez de apelaciones que consideró procedente el pedido de encarcelamiento preventivo por 36 meses de la jefe del partido Fuerza Popular, que ya fue ingresada de nuevo a un penal.
Este caso y los ya referenciados evidencian que la justicia del Perú ha dado muestras de que no tiembla frente a los poderosos. La excandidata, que insiste en su inocencia y advierte que hay una persecución política y judicial en su contra, tendrá que hacer uso de otros recursos jurídicos e incluso acudir ante la Corte Suprema para tratar de reversar su captura o ir hasta el mismísimo Tribunal Constitucional. Mas en todas esas instancias esta clase de asuntos se mueve como en cámara lenta. Por lo pronto el Partido Popular ya anunció múltiples acciones jurídicas y movilizaciones políticas, en tanto que la justicia ha insistido en que se le está respetando el debido proceso y las pruebas en su contra son lo suficientemente sólidas para justificar su detención.
Lo que está claro es que en Perú el aparato judicial no se amilana y presidentes, expresidentes, excandidatos y demás altos funcionarios y contratistas ligados al caso Odebrecht terminan en prisión. Con información de Estados Unidos, Brasil y la recaudada a nivel interno, se han construido los expedientes que comprobarían los movimientos de multimillonarios sobornos y financiación electoral ilícita. Como se dijo, siendo claro que la corrupción permeó a todo el espectro político, a izquierda, derecha o centro, uno tras otro van cayendo.
