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Miércoles 18 de Septiembre del 2019

La danza de los millones

Publicado en:

El Tiempo  | 

Autor(a): María Isabel Rueda  |

Fecha: 12/09/2015

Los contratos millonarios sugerirían que este fiscal no era el hombre para este cargo, porque no sabe nada de lo cual está encargado y tiene que contratar niñeras jurídicas privadas.

Según el fiscal Montealegre, en entrevista con EL TIEMPO, las duras críticas que ha recibido en los últimos días se deben a que “las organizaciones criminales están sintiendo pasos de gigante con el nuevo modelo de investigación implementado por la Fiscalía”. Hasta donde yo sé, ni María Jimena Duzán, ni Vicky Dávila, ni El Espectador, ni EL TIEMPO integran ninguna ‘bacrim’, y han expuesto la verdad de la feria de contratos millonarios que el Fiscal viene repartiendo a diestra y siniestra.

Lamentablemente, el propio Presidente, con facultades extraordinarias, dio vía libre, en contra del concepto del Ministro de Justicia de la época, a este desbordamiento presupuestal. Creó 3.000 y pico de nuevos cargos, y hasta tiene contratados embajadores y un rector de universidad sin universidad.

Entre los beneficiarios de los contratos hay de todo. Buenos juristas, mentirosos y farsantes, cobradores de favores al Fiscal, exmagistrados varados, compañeros de pupitre, protegidos, compinches y hasta el inefable exjuez Baltasar Garzón, quien, ante la prohibición de ejercer su profesión en España por faltas contra la ética profesional, encontró en Colombia una mina de oro en asesorías: solamente el Fiscal aparece pagándole 1.380 millones para “brindarle apoyo técnico al Fiscal en la macrocriminalidad en contextos de justicia transicional”. Según Montealegre, “la capacitación del defensor de derechos humanos Baltasar Garzón (…) ya ha dado réditos palpables: del 2014 a la fecha se han dado duros golpes a 1.419 estructuras delincuenciales”. Pregunta: si el que sabe cómo perseguir a las ‘bacrim’ es el exjuez Baltasar, ¿por qué no nombrarlo Fiscal y ahorrarnos millones?

Ha contratado a consejeros que votaron para ampliarle el período: con Rafael Ostau de Lafont, para “representar a la Fiscalía cuando a ello hubiere lugar”, $ 1.380 millones. Con Bertha Lucía Ramírez, $ 345,1 millones; con Alfonso Vargas, por “apoyo y asesoría a su despacho”, $ 517,2 millones; con Enrique Gil Botero, “para prevención del daño antijurídico”, $ 751,1 millones. Con Springer von Schwarzenberg, $ 4.276,4 millones. (Ella “descubrió” en su estudio que el secuestro de las Farc en Colombia tenía carácter sistemático). Con excolegas de la Corte: Alfredo Beltrán, $ 551 millones para “apoyo en temas constitucionales”, y con Manuel José Cepeda, “en defensa de las facultades extraordinarias del presidente Santos para reformar la Fiscalía”, $ 1.380 millones. *En fin. Que se sepa, hasta ahora hay 28 contratos como esos por $ 10.000 millones, que sugerirían que este fiscal no era el hombre para este cargo porque no sabe nada de lo cual está encargado y tiene que contratar niñeras jurídicas privadas. Es absolutamente imposible que entre los 29.000 funcionarios de planta que tiene contratados, gente excelente la mayoría, tampoco haya nadie que sepa de eso.

Ahora el senador del Centro Democrático Ernesto Macías lo ha citado al Congreso para un debate sobre contratación. Muy seguramente, apoyado en el inciso, preferirá no ir, alegando que solo los funcionarios que tengan responsabilidad política son citables al Congreso, lo cual es cierto.

Lo que pasa es que este fiscal, en lugar de concentrarse en la persecución del delito, resolvió transformar la entidad a su cargo en una fuente de impulsos y orientaciones políticas de las iniciativas del Gobierno en la formulación de una negociación de paz, campo en el que hemos oído todo tipo de opiniones del Fiscal sobre cómo dirigirlo y arrastrar a las fuerzas políticas hacia una concepción sobre justicia transicional incluso contraria a la del Ejecutivo y a la de la propia Corte Penal Internacional. Desviación que corona no solo con la contratación a rienda suelta, sino con su intervención soslayada, y a veces también abierta, para patrocinar a protegidos suyos para todos los cargos imaginables de la Rama Judicial. El propio Gobierno sacrificó a la actual secretaria jurídica de Palacio, Cristina Pardo, cuando el Fiscal quiso llevar de magistrada a la Corte Constitucional a quien realmente logró imponer, Gloria Stella Ortiz.

No puede ser que a los problemas inmediatos del Presidente, como finiquitar el proceso de paz y capotear la crisis fronteriza con Maduro, ahora se le añada el de una Fiscalía enloquecida con la contratación, haciendo quedar muy mal a este Estado.

* Fuente: El Espectador. Los propósitos contractuales citados están resumidos, por motivos de espacio, en la versión impresa.

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