Cuando un gobierno autoritario, como el de Nicolás Maduro, siente cómo el país se desmorona luego de 16 años de mala gestión, suele acudir a cualquier tipo de patrañas para mantenerse en el poder.
De allí que la absurda detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, el pasado jueves, ratifique los temores en cuanto a las arbitrariedades que el régimen insiste en cometer, socavando una vez más su mermada legitimidad democrática. Según el gobierno, Ledezma deberá responder “por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad y la Constitución”.
La reacción adversa frente al hecho, infortunadamente, no ha sido la deseada. La mayoría de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación y algunos líderes políticos condenaron el hecho y pidieron la pronta liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Sin embargo, los pronunciamientos de la mayoría de los jefes de Estado en América Latina han brillado por su ausencia, salvo contadas excepciones, como la del presidente Juan Manuel Santos. Ni qué decir de organizaciones como la OEA, Celac o Unasur. Aunque hay que reconocer que esta última anunció el pronto viaje de los cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador a Caracas para que puedan recabar información de primera mano y luego la lleven a una reunión de cancilleres de dicho grupo. Ya veremos.
Como lo mencionamos recientemente en este espacio, la estrategia del gobierno chavista ha sido la de desviar la atención, dentro y fuera del país, de los graves problemas existentes adjudicándoles todos los males a los demás: la oposición interna que lleva a cabo un golpe de Estado continuado, los militares golpistas, los paramilitares colombianos, los medios de comunicación que promueven una guerra mediática utilizando como punta de lanza, o de lápiz, a los caricaturistas, los empresarios que promueven una guerra económica, un eje que según el presidente Maduro tiene como promotores “desde Madrid, la derecha; de Bogotá, la ultraderecha, y de Miami, la ultraderecha”, así como el consabido imperio. Allí están —o estamos, según estos disparatados señalamientos— los verdaderos responsables de las siete plagas que vive Venezuela. Vea pues.
Ante esos señalamientos hizo bien el presidente Santos en salir al paso de los señalamientos de Caracas y ser enfático, por si quedaban dudas, en el sentido de que desde Colombia no hay ningún tipo de complot contra ningún gobierno. De igual manera, en reiterar la petición para la pronta liberación de Leopoldo López. También en pedir que a los opositores se les respeten sus derechos, en especial a Ledezma. Aunque a veces esperaríamos declaraciones más contundentes por parte del Gobierno colombiano, se entiende que hay muchas cosas en juego entre los dos países. Comenzando por el gran número de connacionales que viven en el país vecino, los importantes temas del comercio bilateral, así como el apoyo que Venezuela está brindando a los diálogos de paz en La Habana. Comentarios más fuertes desde Bogotá no harían sino quitarle piso a la canciller Holguín en su labor de mediación y facilitación del diálogo entre el Gobierno y la oposición, junto con sus pares de Unasur.
Lo cierto es que Nicolás Maduro cruzó, ya hace un buen tiempo, la delgada línea roja que separa a un gobierno democrático, que respeta la institucionalidad, la separación de poderes, la garantía a los derechos humanos y la libertad de opinión, de un régimen autoritario. La salida a esta compleja situación compete exclusivamente a los venezolanos y debe darse dentro de las reglas de juego de la democracia, así el oficialismo se aparte cada vez más de ellas. No puede ser de otra manera.
