“…la defensa de los derechos de las mayorías democráticas y patrióticas, acechados por la confabulación cada día más evidente entre el mamertismo y la cúpula gubernamental, torna imperiosa la conformación de una gigantesca alianza, no conocida hasta ahora, entre obreros, campesinos, intelectuales y burgueses…” (Francisco Mosquera, Resistencia Civil)

Parece que fue ayer. Las frases anteriores corresponden a una declaración del MOIR titulada: “Elementos de la FARC asesinaron a Eduardo Rolón”, aparecida en el TIEMPO del 14 de Julio de 1985, en pleno auge  de las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y los terroristas de las FARC. Continuando por esta senda, desde hace mas de cuatro años el presidente Juan Manuel Santos inició conversaciones con el estado mayor fariano que no han llegado a su desenlace final a pesar del innúmero de prerrogativas y concesiones hechas  a los agalludos comandantes.

El gobierno actual se debate en una crisis irreversible. La política económica basada en las cinco locomotoras ha tocado fondo agudizada por los precios internacionales de los hidrocarburos; la devaluación creciente recae sobre la inmensa mayoría de la nación y agobia a los sectores más empobrecidos; el desarrollo industrial naufraga merced a la política económica oficial y la quiebra de la producción agropecuaria ha llevado al país a importar más de 9 millones de toneladas de alimentos.

La improvisación  es el mayor distintivo de Santos y, como en cualquier  gobierno populista de América Latina, las promesas son el acicate para engañar incautos. No reconstruyó Gramalote, engañó a los pensionados prometiendo la rebaja de la cuota para salud, el mísero aumento del salario mínimo dejó a los trabajadores a merced de la inflación galopante, incumplió los acuerdos que motivaron el paro agrario del 2013 y tuvo que recurrir a la compra de energía al vecino país ecuatoriano para detener el racionamiento. Y como si fuera poco, contra la opinión mayoritaria de los partidos vendió ISAGEN. El gobierno Santos marcha en una sola rueda: la anhelada paz.

Santos obtuvo la reelección despilfarrando la bonanza y utilizando los dineros públicos para comprar a los manzanillos de la Unidad Nacional. Dividió el país entre amigos y enemigos de la paz y calificó como guerreristas a quienes criticamos con razón el trámite de la Habana como una táctica de apaciguamiento, endilgándole principalmente al ex presidente Álvaro Uribe y a su corriente el calificativo de ultraderechistas. Y utilizó el poder del Estado y de la fiscalía puesta a su servicio, para perseguir y encarcelar a destacados dirigentes del Centro Democrático.

Como lo previera acertadamente el industrial Fabio Echeverry Correa, en entrevista concedida a la periodista Cecilia Orosco Tascón, publicada en el periódico EL ESPECTADOR del 10 de septiembre del 2011: “…lo que más me preocupa es que la instigación (se refiere a la pelea Uribe – Santos) puede tener efectos catastróficos tal como pasó al final de los años 40 cuando casi desaparece Bogotá”.  

En su funesto propósito de dividir  la nación y enfilar las baterías contra más del 50% del país que representa Uribe, nada parece importarle a Santos,  mucho más ahora que nos anuncia desde las Naciones Unidas su acuerdo con los terroristas de las FARC y el ELN para erradicar el narcotráfico y democratizar plenamente a la nación Colombiana. Le faltó decirles a los representantes de los países del mundo que se hará revestir de facultades extraordinarias para consolidar su dictadura civil y “fortalecer” la nueva “Unidad Nacional“,  como ya lo hizo nombrando a Clara López, presidenta del PDA, Ministra del Trabajo. En esa organización mamerta se oyen lamentos hipócritas, pero no pasará  nada  porque Clara ya votó por Santos y lo importante no son los principios sino seguir unidos.

A las FARC se le ha concedido el “oro y el moro”: zonas de reserva campesina, jurisdicción especial para “juzgar” sus fechorías de más de cincuenta años. El narcotráfico,  el terrorismo y toda clase de atrocidades han sido vinculadas al delito político, es decir, impunidad y como premio, elegibilidad política. El 90% de los colombianos rechaza semejante obsecuencia con el terrorismo.

Sin embargo, el quid del asunto estriba en la “ley de Victimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). Alejandro Reyes quien fuera asesor del gobierno nacional en materia de la Ley de Tierras, afirmó en EL ESPECTADOR el pasado 5 diciembre: “…Muchos reclamantes de tierras han visto en la Ley de Restitución una oportunidad para recuperar la valorización que perdieron cuando abandonaron la región. Al reclamar los predios valorizados de vuelta, definen a los actuales dueños como victimarios y despojadores, les imponen la carga de probar que adquirieron de buena fe exenta de culpa y los exponen a que la justicia los despoje legalmente de su propiedad, con una compensación en el mejor de los casos. Esta es una situación a todas luces injusta para los dos participantes en el  proceso: injusta la perdida patrimonial de quien es tratado como despojador sin serlo, e injusto el enriquecimiento sin causa para el reclamante que no fue despojado y consigue del juez la restitución del predio”.  

En relación con tan delicado asunto, el Procurador General de la Nación y el presidente de FEDEGAN asistieron recientemente a reuniones con los campesinos del Magdalena Medio para oír las reclamaciones atinentes a la aplicación de la Ley 1448. El exministro Juan Camilo Restrepo, la UP, el senador fariano y la izquierda en general, hoy en la corriente del mamertismo, así como el antiguo terrorista ahora contratista del gobierno Santos, León Valencia, alborotaron el cotarro y se atrevieron afirmar que existe un pacto entre los paramilitares y el uribismo para impedir la restitución de tierras.  Valencia urgido de contratos, publicó en la revista Semana un calumnioso artículo: “El Cartel contra la Restitución de Tierras”. Lo mismo hizo un  exmoirista en trance  de pedirle puesto a Santos. Todo el entramado de la izquierda conlleva el oscuro propósito de vincular el paro armado de las BACRIN con la marcha  del 2 de abril, a la que concurrieron casi medio millón de personas de todo el país. Las calles de Colombia las colmaron compatriotas de bien contrarios al proceso de impunidad en la Habana, que rechazan por igual a los criminales de las FARC, ELN y los paramilitares.

El asunto es más complejo de lo que creen los áulicos de los Castro y del Socialismo del Siglo XXI hoy en vía de extinción. Que el experto en tierras Alejandro Reyes, puntal en la redacción de la Ley 1448 haga una afirmación como la que hemos citado anteriormente demuestra lo delicado del asunto. De no modificarse la Ley y persistir el gobierno en alianza con la izquierda  en promover la división de los campesinos, la paz de Santos si es que se firma: será la guerra.

La malicia indígena de los colombianos pone en duda con razones suficientes la firma del acuerdo. Las FARC, que se burlaron de las negociaciones realizadas durante el cuatrienio de Belisario Betancur  y de la generosidad de Andrés Pastrana en el Caguán, cada que se acerca la firma como la anunciada para el 23 de marzo, se inventan una nueva exigencia: ¡que se acabe el paramilitarismo!; ¡que harán dejación de las armas en un proceso!;  ¡que Estados Unidos libere a Simón Trinidad pues es el único avezado en contar armas! etc. etc. En el entreacto, Timoshenko se reúne con los comandantes del ELN en la Habana para que se mantengan como retaguardia armada e inicien conversaciones con Santos que constituyen  una treta más de los terroristas.

El porvenir democrático de la nación se avizora cercano a una conflagración de incontenibles proporciones. Los campesinos y los productores no se dejarán arrebatar por un golpe de mano sus tierras. El expresidente Uribe y diversas fuerzas democráticas de la nación, incluyendo a sectores patrióticos provenientes de la izquierda cerraremos filas en pos de derrotar la oscura alianza Santos-Farc.

¡Que la clase obrera condene a quienes la llevaron de la ternilla al santismo!