Los candidatos a la Procuraduría hacen campaña en el Senado, que deberá elegirlo mañana. El Ministerio Público es necesario y útil siempre y cuando cumpla las funciones que le competen.

El Senado de la República tiene prevista para su sesión plenaria de mañana, la elección de nuevo procurador general de la Nación. Elegirán entre el candidato del Consejo de Estado (Fernando Carrillo Flórez); de la Corte Suprema de Justicia (Jorge Fernando Perdomo); y del presidente de la República (María Mercedes López Mora).

Ayer fueron escuchados en audiencia pública en el Senado, en un proceso que el presidente de la corporación denominó de “meritocracia”. También como meritocracia presentaron el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia los procesos de selección interna de sus candidatos, en los que al final salieron escogidos aquellos que estaban anunciados de antemano.

La Procuraduría General de la Nación, entidad que cumple las funciones de Ministerio Público, como organismo de control, autónomo de las tres ramas del poder público, está dotada de toda una serie de competencias constitucionales que la hacen muy relevante en la estructura estatal.

Las competencias del Ministerio Público apuntan, sobre todo, al control y vigilancia de la gestión de los funcionarios públicos, al poder disciplinario para garantizar la moralidad y transparencia de la gestión pública, así como la defensa de los intereses de la sociedad. Tiene atribuciones para suspender o destituir funcionarios, incluyendo a los elegidos popularmente. Una Procuraduría que ejerciera cabalmente sus funciones sería una de las herramientas más eficaces para atajar la corrupción y lograr “la vigencia de un orden justo”, como establece la Constitución Política.

A pesar de su amplia nómina de personal, con una cúpula mejor remunerada que la de casi todas las demás entidades del Estado, y de contar con un presupuesto más que generoso, la Procuraduría ha estado enfocada en intereses distintos a los que le impone la Constitución.

Ello ocurre, evidentemente, por las prioridades que fijan quienes ocupan el cargo de procurador general: prioridades políticas, de compromisos burocráticos y de acumulación de poder en las otras ramas de Estado, de forma preponderante en la judicial.

Al anterior procurador, Alejandro Ordóñez, le fue anulada su reelección por considerarse probado que nombró familiares de magistrados de la Corte Suprema que intervinieron en su proceso de postulación. Sus actuaciones luego de su salida del cargo han evidenciado que su gestión se desarrollaba para edificar un proyecto político.

Las múltiples vicisitudes protagonizadas por los procuradores no deben llevar a desestimar el papel de la Procuraduría como tal. Lo que se espera es un jefe del Ministerio Público que trabaje con la ley en la mano. Que haga lo que le compete. Que no use el cargo como trampolín.

De los actuales candidatos, el Senado tendría que mirar la trayectoria, la limpieza de la hoja de vida, las ejecutorias, el compromiso con la ética, las capacidades intelectuales y morales, su escrupulosidad en el manejo de recursos públicos. La trayectoria es mucho más que un largo listado de puestos ocupados. Es la forma como se comportaron en ellos y su honradez, su verticalidad, sus resultados.

El procurador no es, como decía Ordóñez, el representante de la sociedad, como un gobernante paralelo, sino un defensor de los intereses de la sociedad, que es lo que dice la Constitución. De los tres candidatos actuales, el país podrá considerarse bien librado si, por lo menos, es elegido el menos malo.