El Ecuador vivió la muerte de cuatro militares por artefactos explosivos, medio centenar de heridos y el secuestro y posterior asesinato de un equipo periodístico y de dos civiles en los cuatro primeros meses de este año, a causa de un conflicto armado en la frontera norte del Ecuador, suceso que forma parte de los «Los 15 hechos de Ecuador en 2018». Lo que puso en evidencia la compleja situación que esta región vive desde hace ya varios años.El aislamiento geográfico y el abandono de parte de las autoridades, así como la cercanía a territorios del vecino país donde operan grupos vinculados al narcotráfico hicieron de esta zona un paso de alto riesgo. La presencia de grupos armados se acentúa con la firma de la paz de las FARC con el Gobierno colombiano en 2016 y, con ello, se intensifica la necesidad de los disidentes, como alias «Guacho», de controlar territorios y las rutas de la droga.

Pese a que el conflicto data de hace más de dos décadas, el Ecuador sufrió constantes ataques a inicios de este año. El primero ocurrió la madrugada del sábado 27 de enero, con la explosión de un coche bomba en los exteriores del Comando de la Policial Nacional de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. El ataque dejo más de 30 casas afectadas, varios heridos y más de 100 personas damnificadas. Por ello, el presidente Lenín Moreno declaró, el 27 de enero, estado de excepción y emergencia.

Para entonces, las autoridades señalaron a alias “Guacho”, disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y líder del Frente Oliver Sinisterra, como principal responsable. Así lo informó quien era el entonces comandante de la Policía de Ecuador, Ramiro Mantilla, y el fiscal de Colombia Néstor Martínez.

El 17 de febrero, en el sector El Pan, San Lorenzo, grupos irregulares atacaron a militares ecuatorianos en la frontera y dos soldados resultaron heridos. A finales del mes, se constituyó un Mando Unificado entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional para la intervención en la frontera.

El 16 de marzo, en Borbón, Eloy Alfaro, se registró una explosión cerca de las 02h30 en el destacamento naval de Esmeraldas, en la que tres uniformados resultaron con heridas leves. Luego de 48 horas, en Alto Tambo, San Lorenzo, una patrulla recibió el impacto de un artefacto explosivo y, ese mismo día, en El Pan, dos uniformados que realizaban patrullaje sufrieron traumas acústicos por la detonación de morteros artesanales.

Por estos ataques, más de 312 personas, según el registro del Departamento de Gestión de Riesgo municipal, dejaron sus casas por el miedo y el peligro latente en estos cantones de Esmeraldas.

En esos días, la atención se fijó en esta región del país. Caracterizada por elevados niveles de exclusión e inequidad social, marcada de debilidad institucional y la normalización de la violencia por el conflicto armado y actividades ilícitas, se puso en evidencia el abandono histórico de la frontera norte y su aislamiento geográfico, pese al esfuerzo de ambas naciones por fomentar un proceso de paz, desarrollo y seguridad integral. Hasta la fecha, se han realizado dos Gabinetes Binacionales, en los que se ha llegado a acuerdos para incrementar las inversiones y apoyar el desarrollo del cordón fronterizo, pero los ciudadanos aún esperan soluciones concretas.

La crisis se agrava

Para el 20 de marzo, en Mataje, tres militares murieron y otros siete resultaron heridos por la detonación de un artefacto explosivo. Tras varios días en terapia intensiva, el cabo Wilmer Álvarez también falleció.

Seis días después, quien ejercía como ministro del Interior, César Navas, confirmó el secuestro de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, equipo periodístico de El Comercio que estaba cubriendo el conflicto en la frontera. Sin dar mayores detalles, anunció que los captores ya se habían comunicado e indicó que los raptados «recibieron advertencias» sobre la situación de riesgo en la zona de Mataje, Esmeraldas.

“Nuestras unidades especializadas de Policía se encuentran trabajando para la resolución de esta situación”, mencionó. Sin embargo, tras varias ruedas de prensa que dejaban más dudas que certezas, las autoridades confirmaron, el 13 de abril, el asesinato de los tres trabajadores a manos del grupo de alias “Guacho”. El Presidente Moreno decretó 4 días de duelo nacional por la muerte de los 7 ecuatorianos muertos a causa de este conflicto.

Para investigar este caso, se conformó un Equipo Especial de Seguimiento (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, el pasado 1 de noviembre, emitió su primer informe. Entre otras determinaciones, informan que la «Fiscalía de Ecuador no ha avanzado satisfactoriamente en la investigación y vinculación a proceso de los responsables y observó la necesidad de que la Fiscalía realice un esfuerzo integrador que permita incorporar las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el Frente Oliver Sinisterra, entre setiembre de 2017 y abril de 2018″.

Al término de estos días, el 17 de abril, César Navas confirmó el secuestro de otros dos ecuatorianos, Óscar Villacís y Katty Velasco, secuestrados en el paso fronterizo con Colombia. El 4 de julio, el Gobierno de Ecuador confirmó que los cuerpos hallados en la zona de Tumaco, Nariño, pertenecen a la pareja secuestrada.

En la frontera con Colombia, pero en la zona amazónica de Sucumbíos, también se dio un caso de secuestro en junio de este año, a una niña de 12 años embarazada. Dos hombres cubiertos el rostro ingresaron a la escuela de la menor, amenazaron a sus compañeros y la raptaron. Para octubre, las autoridades rescataron a la menor de edad en la localidad de La Hormiga, Colombia. Se descartó que sean grupos irregulares los responsables.

La presencia de estos grupos se acentúa con la firma de la paz de las FARC con el Gobierno del expresidente colombiano Juan Manuel Santos, en 2016. Con el desarme de una de las organizaciones con mayor poder en esta zona, se intensificó la necesidad de los grupos disidentes, como el de alias “Guacho”, de tratar de controlar los espacios que cedió las FARC. Una reacomodación de fuerzas y poderes, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).

A finales de este año, el 17 de octubre, se realizaron 7 allanamientos a recintos militares en Esmeraldas, Guayas, Pichincha y Loja, que dejó 7 uniformados y 6 civiles detenidos. La Ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que la hipótesis sobre la que se construye el caso es “robos de rastrillos militares que tomarían su rumbo hacia Colombia» para presuntamente ser entregados al Frente Oliver Sinisterra, de alias «Guacho». Las investigaciones aún continúan.