En los últimos años, Colombia ha tenido una reducción de los indicadores de violencia asociada al conflicto armado, en gran parte derivada del proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano. Decenas de municipios que antes padecían ataques, hostigamientos y confinamientos, han mejorado sustancialmente. Sin embargo, en varias zonas han estallado disputas, debido al intento de coparlas por parte de organizaciones criminales. Gran parte de los territorios en confrontación concentran diferentes economías ilegales.
Dicha situación creó unos bolsones o grupos de municipios donde se concentró una reactivación de la violencia homicida. Sin embargo, en los últimos dos meses sucedieron dos cosas que pronosticarían que debajo de estas disputas, que eran consideradas relativamente normales, hay una reconfiguración de la criminalidad en el país. Por un lado, estallaron, casi de forma simultánea, guerras en las ciudades y zonas donde están los principales puertos legales del país. Por otro lado, se ha confirmado la presencia de una serie de emisarios mexicanos en varias ciudades, incluso han comprado propiedades donde se cultiva hoja de coca y muchos de ellos administran playas en municipios donde salen lanchas rápidas cargadas de cocaína.
Entre el mes de noviembre y diciembre explotó la guerra en el principal puerto de Colombia, en la ciudad de Buenaventura. Allí, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- o Clan del Golfo se disputan metro a metro el territorio con la organización criminal de La Empresa y la guerrilla del ELN. La información recogida en terreno indica que la guerra se centra directamente por el puerto y no por las zonas de esteros o zonas rurales de Buenaventura.
En diciembre, igualmente, se desató la guerra en la Sierra Nevada de Santa Marta y particularmente por el Puerto de Santa Marta. Esta vez, La Oficina del Caribe y su brazo armado de Los Pachenca recibieron una ofensiva de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Hace apenas unos días se dieron dos casos de sicariato u homicidio por encargo. El primer caso fue el asesinato del director de recursos humanos del Grupo Daabon. Una de las empresas más poderosas y de mayor crecimiento en el distrito de Santa Marta. El segundo homicidio fue el de José Benito Villarreal Ramírez, alias Echeverry, cercano a las AGC. Alias Echeverry es uno de los principales aportantes en esta guerra que se está formalizando en Santa Marta. La disputa nuevamente es por la zona del puerto y el corredor de la Troncal del Caribe.
Una tercera guerra se vive al noroccidente de Colombia, en la zona del Urabá. Es la casa de las AGC y en ese lugar sus antiguos socios, Los Caparrapos o el Bloque Virgilio Peralta, lanzaron una ofensiva sobre varios municipios. El objetivo es controlar los principales corredores para movilizar cargamentos de droga y el puerto de Turbo. De las tres disputas, esta es, tal vez, la más violenta. Combates entre decenas de combatientes, homicidios selectivos y desplazamiento de población.
Mientras estas guerras se desarrollan, en Europa comenzaron a caer cargamentos de droga en diferentes puertos. El último de ellos fue en el puerto de Génova: dos toneladas de cocaína, embarcadas en contenedores desde Colombia y con destino a España, fueron decomisadas. Todo parece indicar que si bien para Centroamérica y México se utilizan principalmente lanchas rápidas, semisumergibles y avionetas, hacia Europa se utilizan principalmente puertos legales. Allí, en cargamentos de Banano, o alimentos en general, se camufla la droga.
Obviamente la pregunta es por la corrupción y la complicidad, pero las autoridades poco hacen. Incautan submarinos y lanchas rápidas para reportar positivos, pero algunos puertos parecen ser una especie de zona franca para el crimen. El incremento del consumo de droga en Europa, Asia y el sur de África ha empujado sustancialmente la guerra por las zonas portuarias. Todo indica que durará un buen tiempo.
