El decreto sobre delimitación marítima, expedido por Venezuela, es una cortina de humo para esconder una situación interna insostenible en ese país.

El reciente Decreto 2787 de mayo 27 expedido por el régimen de Maduro es el fruto de la profunda ignorancia sobre la esencia de ese país. No deja de ser una cortina de humo usada por el vecino para desviar la atención del venezolano con un asunto considerado de interés nacional pues una porción importante de las exportaciones de petróleo se efectúa a través del Golfo de Coquivacoa.

Al restablecerse las democracias de Colombia, en 1958, y de Venezuela, en 1959, las dos naciones se encontraban en situaciones similares. Salían de períodos de conflictividad política e incursionaban en nuevos modelos democráticos, con oposición de algunos sectores leales al régmien anterior y una incipiente lucha izquierdista. En lo económico, dependían de esquemas monoexportadores y se registraban altas tasas de pobreza y subdesarrollo. Los objetivos de política internacional eran similares. Los presidentes Lleras Camargo de Colombia, y Betancur de Venezuela, buscaron diseñar una política exterior que jugara un papel cohesionador de los sectores internos. No obstante, el desarrollo de estas políticas por cada uno de los países presentó diferencias por efecto de las coyunturas económicas internacionales.

En el caso colombiano, el gobierno de Lleras Camargo continuó con los lineamientos del Respice Polum (mirar hacia el norte) y el bajo perfil. Las prioridades nacionales en el exterior no fueron objeto de discusión.

Venezuela por su parte, con Betancur y Leoni, sentó las bases de una política internacional que en razón al esquema de juego de partidos hizo destacar el debate nacional y permitió la adopción de una política exterior nacionalista más independiente.

Entre tanto, las relaciones bilaterales se tejían alrededor de conflicto que generó la delimitación de las aguas marinas y submarinas.

Esta disputa es la base de la “golfización“ de las relaciones colombo-venezolanas. Sin duda el punto fue el de mayor interés durante las últimas cuatro décadas. Desde 1941, cuando se firma el Tratado de límites terrestres entre los dos Estados y quedan por fuera los espacios oceánicos, el problema ha sido tratado sobre la base de diálogos y propuestas, generalmente presentadas por Colombia.

Para Colombia, por su propia tradición y características en el manejo de la política internacional, el conflicto se ha circunscrito a una discusión jurídica y diplomática, como queda en evidencia con la reacción frente a la decisión de Maduro de crear una zona operativa de defensa integral marítima e insular en la Guajira, sobre el área en discusión, pretendiendo conducir operaciones para la defensa. En Venezuela por el contrario, la disputa ha sido utilizada por los partidos políticos como una bandera electoral junto con una prensa extremadamente nacionalista. Claramente, como quiere hacer ahora Maduro de forma ordinaria, tosca y oportunista, Venezuela le ha apostado a la politización del conflicto. Por eso señala el sucesor de Chávez que asistirá a la Asamblea Nacional para promover la unión nacional y cívico militar para defender su territorio y las posiciones estretégicas. Es una cortina de humo para esconder una situación interna insostenible que atenta contra los estándares democráticos, y que no tiene presentación en pleno Siglo XXI.

Es tan burda la puesta en escena que muy seguramente no logrará su propósito a nivel interno. Sin embargo, Colombia no debe bajar la guardia ni minimizar los efectos y consecuencias de tal despropósito; el hecho es desafortunado y debe prender las alarmas para no seguir descuidando un asunto tan relevante no solo por lo posición geoestratégica del área sino porque no se puede dar el lujo de seguir perdiendo territorio por no prever los escenarios.