La (in)justicia kirchnerista

Dos tribunales decidieron y deciden en las últimas horas buena parte del futuro de la Argentina. Uno, en Estados Unidos, complicando el futuro económico con su fallo a favor de los holdouts. Y otro, igual o más grave, en el propio país, donde un jury de Enjuiciamiento persigue a un fiscal por el “error” de hacer bien su trabajo y exponer las conexiones entre empresarios, corrupción y poder oficial.

José María Campagnoli es el fiscal en cuestión, con un mérito que en otro país sería destacable: fue el primero que investigó al empresario kirchnerista Lázaro Báez luego de las confesiones de Federico Elaskar y Leonardo Fariña en Periodismo para Todos, el programa de Jorge Lanata. Claro que aquí en lugar de una felicitación consiguió que su jefa, la procuradora general Alejandra Gils Carbó, lo suspendiera de su cargo e impulsara su enjuiciamiento.

Las acusaciones contra Campagnoli son bastante claras: “Poner en peligro el avance de la persecución penal (contra Báez) invadiendo esferas de otro fiscal ”. Claro que en la primera jornada del juicio todo este andamiaje se derrumbó como castillo de naipes: ese “otro fiscal”, Guillermo Marijuán, fue absolutamente categórico y negó lo que el Gobierno sostenía. “Todo lo actuado en la causa no afectó ni perjudicó ni condicionó mi labor en la causa”, dijo por escrito, tirando así abajo la principal acusación del oficialismo contra Campagnoli.

Pero hubo algo todavía más grosero: un abogado presentado como testigo clave de la acusación terminó admitiendo que había intervenido en la compra de acciones de la firma de Elaskar por parte de otro que estaría directamente vinculada con Báez. O sea, de testigo poco y nada.

Así, entre desprolijidades, acusaciones que se caen antes de empezar y un olor a vendetta flotando en el ambiente, una cosa empezó a quedar clara: al Gobierno ya no le importa ni disimular su caza de brujas en la Justicia, tratando de jugar en varios tableros a la vez. El principal, obviamente, es avanzar en un escenario judicial que le sea al menos benévolo en un futuro cercano, cuando varios funcionarios temen pasar una y otra vez por Tribunales. Para eso, claro, lo importante ahora es colonizar Tribunales poniendo a propios y expulsando a extraños. El nombramiento de los conjueces vinculados al oficialismo queda evidente ahora que fue apenas un paso en ese sentido.

El mensaje del Gobierno, en el fondo, es para adentro de la Justicia: los que investiguen los vínculos de la corrupción y el poder, serán los futuros Campagnolis. Los que no, los futuros Oyarbides. Y dependerá de cada uno dónde pararse en los próximos y decisivos meses.

Para la sociedad, en cambio, el mensaje parece ser otro bien distinto: justicia e independiente son dos términos que en el kirchnerismo no se pueden escribir en una sola línea.

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