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Sábado 18 de Agosto del 2018

La inquisición ecuatoriana

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 15/02/2015

 

Foto: etcetera.com.mx

Creciente ‘mordaza’ a la libertad de prensa

Por cuenta de la denominada ‘ley mordaza’ en el Ecuador, norma que hizo aprobar por el Legislativo el presidente Rafael Correa, el  caricaturista Xavier Bonilla (Bonil) vive una pesadilla al verse acorralado por el poderío de un gobierno que pretende domesticarlo. Enfrenta una eventual segunda sanción por incumplir la Ley de Comunicación, considerada antidemocrática y de corte estalinista por los medios, ya que establece diversas sanciones para los periodistas que se salen del “guion” del régimen. So pretexto de hacer que el Estado cumpla con garantizar la calidad de la información se crea en el vecino país una institución administrativa llamada “Superintendencia de Información y Comunicación” que, supuestamente, es  un “organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria” sobre todos los medios de comunicación.

Para los críticos es en realidad una entidad de bolsillo del gobernante, que tiene competencia para fiscalizar a los medios de comunicación e imponer sanciones. Los comunicadores y medios de cualquier naturaleza, formato y alcance tendrían que soportar afectaciones a su derecho a la libertad de expresión impuestas por autoridades administrativas durante todo el tiempo que dure un proceso judicial, dado que las decisiones de los órganos creados por la Ley surten efecto inmediato.

La variedad de obligaciones que se imponen a los medios y el lenguaje gaseoso de la Ley determinan que el gobierno pueda intervenir a su antojo en las empresas periodísticas, al punto que se impide a sus dueños que puedan tener otro tipo de negocios. Una prohibición que va contra los principios más elementales del respeto a la propiedad privada y la libre inversión. En caso de violaciones a la ‘ley mordaza’, como por cualquier modalidad de discrepancia con el gobierno, los medios pueden ser intervenidos, sancionados y clausurados, o sometidos a multas extravagantes e impagables, a lo que se suma el riesgo de prisión para dueños y directores.

Se crea, de igual manera, una figura diabólica conocida como “linchamiento mediático”, que prohíbe la difusión de información de manera directa o a través de terceros, que se publique de manera reiterada, restricción que se aplica a las denuncias sobre corrupción oficial.

De esta forma, la figura del gobernante se convierte en intocable, puesto que el presidente Correa suele denunciar a los columnistas, editorialistas, escritores públicos y caricaturistas por la mínima crítica. El Mandatario es  hipersensible a la caricatura y pretende que sus actos no sean blanco de la pluma de los caricaturistas.

Fuera de eso se establece la obligación a todos los medios de comunicación de “cubrir y difundir los hechos de interés público”, es decir, de interés del gobierno.

Frente a todo ello, un valeroso Xavier Bonilla, Bonil, rechaza la inquisición contra el periodismo y asistió a una citación judicial con un cartelón que tenía  la leyenda: “Yo soy Bonil”. Pese a su protesta, el proceso judicial en su contra sigue.

Lamentablemente es común también que antes de las denuncias oficiales a periodistas y caricaturistas, el gobernante se burle por la televisión en cadena de éstos, los insulte y los trate como enemigos del pueblo. Esas intervenciones de Correa, por lo general, tienen una gran audiencia y crean un clima de pugnacidad pública contra los que osan criticarlo, lo mismo que influye en la justicia para que cuando ponga la denuncia o se abra un caso de oficio, el operador judicial se incline en contra del comunicador, sin importar lo descabellada que sea la querella.

Lo cierto es que, por medio de esos ataques de la Presidencia contra importantes personalidades de los medios, se intimida a todos. Son varios los dueños de periódicos, noticieros y medios de información que han sido intervenidos, acusados por el gobierno y presionados a tal punto que han debido salir de manera precipitada del país.

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