Tengo la impresión de que el proceso de La Habana ha entrado en su etapa más crítica, más compleja y con más riesgos de ruptura, pues la nueva ronda de conversaciones enfrenta la discusión sobre las víctimas, sin duda el punto más sensible de la agenda y, si se quiere, el momento de la verdad.
La prueba ácida para las Farc, para establecer si tienen o no la disposición de reconocer que han dejado numerosas víctimas y que su deber es confesar la verdad sobre las atrocidades cometidas y repararlas para sanar de alguna manera el daño causado.
Las víctimas son el corazón del proceso y su reconocimiento y la satisfacción de sus derechos, lo que justifica y les da legitimidad a las conversaciones de paz. Pero indiferentes a la realidad política y sordos al clamor de la gente, los voceros de las Farc no parecen entender que las negociaciones para poner fin al conflicto armado suponen mucho más que arreglarles las cargas. No de otra manera pueden interpretarse sus recientes trinos y declaraciones en entrevistas a los medios. Soberbios, como si no tuvieran velas en el entierro de la guerra de la cual han sido y son protagonistas y no actores de reparto, pontifican desde su zona de confort en la isla de los Castro, acusan, señalan qué debe hacerse y advierten —impasibles— que no pagarán un día de cárcel, que no son victimarios, que son también víctimas.
Señales muy negativas a las que Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, ripostó en tono más enérgico del habitual para exigirles el reconocimiento categórico de las víctimas, con la advertencia de que no habrá una amnistía general, es decir, que ni sueñen con la posibilidad de ser exonerados por delitos considerados como graves violaciones a los DD.HH. y el DIH. Sin duda una respuesta a lo que el arrogante Iván Márquez llama “enredadera jurídica” —léase Marco Jurídico para la Paz—, que obliga al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de crímenes atroces y a respetar los tratados internacionales que imponen iguales obligaciones y claros límites a indultos y amnistías.
Dramática la miopía política de los voceros de las Farc y la incapacidad para generar confianza en un proceso que no ha logrado “enamorar” a buena parte de los colombianos. Con cada declaración que dan, se disparan un tiro en el pie y nutren las erinias que anidan en el alma de tantos. Están estirando demasiado la pita, royendo los retazos de esperanza que nos quedan a quienes apoyamos, no sin algunas reservas, el proceso de paz.
El tiempo corre, la paciencia se agota. Si quieren beneficios y tratamiento generoso, deben honrar cuanto antes la declaración de principios suscrita con el Gobierno en la que reconocen a las víctimas y su condición de ciudadanos con derechos, y aceptan que la discusión de ese punto de la agenda debe partir del reconocimiento de la responsabilidad frente a las mismas. “No vamos a intercambiar impunidades”, dice la declaración que para las Farc parece letra muerta.
No impunidad es propósito central de la justicia transicional y es el mensaje que dejó en Colombia el exsecretario de la ONU y nobel de Paz Kofi Annan, y que les reiteró en vivo y en directo a los voceros de las Farc. Un acuerdo de paz no puede aceptar la exoneración de los más graves delitos, porque significa desconocer a las víctimas, que son las que dan sentido ético y moral a la negociación. El costo social y político de acordar el fin del conflicto armado a cambio de elevados niveles de impunidad sería muy alto. Sin justicia, algún grado de justicia para los máximos responsables, no es posible garantizar una paz duradera. El círculo está cerrándose. La pelota está en la cancha de las Farc y las posibilidades de un autogol parecen altas.
