La drogadicción, como el alcoholismo y la ludopatía, es una enfermedad y debe ser tratada como tal. Quienes la padecen, no pueden ser criminalizados, ni convertidos en parias, ni mucho menos encarcelados. Deben ser tratados como lo que son: personas que deben recibir un tratamiento profesional, especializado y oportuno para salvar sus vidas.

El desarrollo constitucional colombiano ha dicho que, en aras de defender el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el Estado no puede prohibirle a una persona la utilización de drogas. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los ciudadanos son libres de consumir lo que quieran, aún cuando la sustancia que introduzcan en su cuerpo tenga efectos irreversibles para su salud.

Y desde entonces se le ha dado vía libre al concepto de la “dosis mínima” que es, en efecto, la cantidad de drogas que puede portar una persona para su utilización, sin que por ello pueda ser penalizada por las autoridades.

Algunos expertos en la lucha contra el tráfico de estupefacientes han coincidido en señalar que, amparados en la tenencia de la “dosis mínima”, los grandes distribuidores de drogas han generado redes de microtráfico en buena parte de la geografía nacional. Las cifras hablan por sí mismas: Colombia pasó de ser un país productor de drogas ilícitas a ser un gran consumidor de las mismas. Un estudio adelantado por el “Observatorio Interamericano de Drogas de Colombia” (CICAD), en 2008 señaló que, el 9 por ciento de la población había utilizado algún tipo de droga alucinógena. Para 2012, ese porcentaje subió al 12 por ciento.

En uno de sus recientes estudios, el “Observatorio de Drogas de Colombia”, llega a una conclusión francamente preocupante: “La situación en Colombia, (de consumo de drogas) es intermedia entre siete países de Suramérica que usan la misma metodología para estimar el consumo de drogas en población general de 12 a 65 años, con cifras similares a las de Bolivia, superiores a las de Ecuador y Perú, e inferiores a las de Argentina, Chile y Uruguay.

En cuanto a población universitaria, según los estudios comparativos realizados en los países andinos, Colombia tiene los consumos más altos en la mayoría de sustancias”.

¿La legalización de las drogas es el camino indicado para controlar el crecimiento exponencial de las personas adictas? Para la oficina de control de drogas de las Naciones Unidas, la criminalización de los consumidores, los obliga a la clandestinidad y a tener que compartir jeringuillas, elevando el riesgo de enfermedades como el VIH, razón por la que ellos, la ONU, han recomendado a los gobiernos “suspender la práctica de encarcelar a quienes consumen drogas”.

Veámoslo en perspectiva. Holanda, en 1976 despenalizó la tenencia de menos de 30 gramos de cualquier droga blanda. El argumento central para dicha despenalización era el de combatir al creciente microtráfico y poder llevar un mayor control de drogas. Igualmente, creyeron que con el tiempo, y gracias a las campañas de prevención, el consumo dejaría de crecer al ritmo que se observaba antes de la legalización. Aquello no sucedió; Holanda se convirtió en el destino por excelencia para el “turismo de drogas”.

No obstante, la laxa legislación holandesa sigue contemplando que aquel que tenga en su poder más de 30 gramos de cualquier droga, está cometiendo un delito y es llevado ante las autoridades judiciales.

Aquello, me lleva a concluir que la Corte Suprema de Colombia se excedió con el fallo proferido esta semana, en virtud del cual rompió el límite de la cantidad de droga que puede tener una persona en su poder. Aquella decisión, errada y cuyas consecuencias serán nefastas, fortalecerá a los grandes capos del narcotráfico. Estoy de acuerdo con lo expresado por el señor Procurador, Alejandro Ordóñez: la Corte Suprema, a través de su fallo, legalizó de facto al microtráfico de drogas ilícitas.

Por eso, propondré que la bancada del Centro Democrático presente ante en el Congreso de la República un proyecto de ley que establezca nuevamente el límite entre la dosis mínima y el microtráfico.

No es admisible que una persona que ande por las calles de nuestras ciudades con un kilogramo de cocaína en su poder no pueda ser detenida por la policía, alegando que esa es su “dosis mínima”. Esa persona no puede ser tratada como un enfermo, sino que debe recibir el castigo que merecen los criminales.