Lo que reveló el expresidente Uribe no debe verse como un episodio más de la áspera confrontación entre santistas y uribistas. Montealegre va mucho más allá.
No se trata solo de una persecución política. Es algo mucho más grave. Lo que reveló el expresidente Uribe en su carta difundida el pasado domingo a través de las redes sociales, a propósito de la captura de su hermano Santiago, no debe verse como un episodio más de la áspera confrontación entre santistas y uribistas. Tampoco se debe creer que la Fiscalía actúe exclusivamente como aliada de los primeros para golpear severamente con sus escandalosas medidas a la oposición. Montealegre va mucho más allá.
Miremos con cuidado el perverso instrumento que ha puesto por los suelos a la administración de justicia en este país. Los falsos testigos. A primera vista podría pensarse que al darles crédito a sus declaraciones, sin someterlas al escrutinio de una juiciosa investigación, se estaba cometiendo una ligereza dándoles el valor de pruebas contundentes. Pero Montealegre y su equipo no son tontos. Saben bien que lo que tienen en sus manos es un arma de guerra.
Volvamos a la carta de Uribe. Además del perfil que hace de su hermano, el expresidente desnuda la real y tenebrosa naturaleza de quienes lo acusan. Uno de ellos, el agente de Policía Alexánder de Jesús Amaya, primero mató a su propia novia en 1991 y tres años después cometió un doble asesinato. Buscando la rebaja de su condena, atendió la propuesta que se le hizo para presentar a Santiago Uribe como uno de los malvados cabecillas de ‘los doce Apóstoles’. Otro testigo, el mayor de la Policía Juan Carlos Meneses, relacionado con bandas del narcotráfico, logró en Venezuela la protección de Chávez y Maduro, y en Colombia el apoyo del más nefasto apóstol de la Teología de la Liberación, el cura Javier Giraldo, para acusar sin prueba alguna a los hermanos Uribe Vélez. El tercer testigo estrella de esta mascarada resulta ser Eunicio Pineda, un señalado enfermo mental que padece de esquizofrenia y que tranquilamente asegura tener comunicación con el diablo. Pese a ello, sus falsos testimonios tienen el amparo de la Fiscalía.
El cura Giraldo, quien también dio su apoyo a Pineda, es de tiempo atrás uno de los grandes protagonistas de la guerra jurídica desatada por los áulicos de la izquierda y de las Farc para lograr la condena de civiles y militares que los han enfrentado.
Las investigaciones que me he permitido adelantar en torno a diferentes casos de militares y personajes cercanos a Uribe que hoy pagan injustas condenas o están detenidos, demuestran que estos son víctimas de la misma artimaña. Los falsos testimonios que abundan en sus procesos han sido el fruto de dos oscuras propuestas. A unos se les ofrecen grandes sumas de dinero a cambio de firmar una declaración que le llevan escrita. A otros, ya condenados o a punto de serlo, se les coloca frente a un satánico dilema: rebaja de penas, un exilio con nueva identidad y gastos pagados o, de no aceptar tales ofrecimientos, quedar condenados a pudrirse en una cárcel. Tal fue la propuesta que se le hizo al supuesto hacker Andrés Sepúlveda, según contó su esposa.
Luis Alfredo Ramos, los generales Uscátegui, Arias Cabrales y Rito Alejo del Río; el coronel Mejía Gutiérrez, Luis Alfonso Hoyos, Jorge Noguera, Diego Palacio, Sabas Pretelt, Andrés Felipe Arias, María del Pilar Hurtado y muchos más, al lado de anónimos soldados y oficiales, se cuentan entre quienes han sido víctimas de estos atroces montajes.
¿Se trata solo, como podría pensarse, de una persecución jurídica en contra de Uribe, de sus más próximos colaboradores y ahora de su propia familia? No nos podemos engañar. El fiscal Montealegre y su más probable sucesor, el vicefiscal Perdomo, parecen estar consolidando la más eficaz estrategia de las Farc –la guerra jurídica– que corresponde a su llamada combinación de todas las formas de lucha para llegar un día al poder. Si no abrimos los ojos, lo van a lograr.
