Según la Constitución de Venezuela, el presidente de la República podrá decretar el estado de excepción “en circunstancias que afecten gravemente la seguridad de la nación” y a cuyo respecto resulten insuficientes las facultades de las cuales se dispone para hacerles frente. En uso de esta atribución, el presidente Maduro ha decretado el estado de emergencia en municipios fronterizos con Colombia, “para restablecer el orden, la paz, la tranquilidad y la justicia”, luego de “un ataque masivo” que habría dejado tres militares heridos “por unos contrabandistas”, sorprendidos mientras pasaban mercancía hacia Colombia. No me voy a detener en el “formalismo” de que esa medida tendría que haber sido adoptada en Consejo de Ministros; lo verdaderamente importante es que, según Maduro, se trata de hechos que han puesto a la patria en peligro.
Llama la atención que, mientras en otras sociedades se estimula la exportación, aquí, el que adquiere legítimamente una mercancía no puede disponer libremente de ella; además, en el caso que nos ocupa, llevarla a otro país (aunque sea en pequeñas cantidades) se considera un delito que amenaza gravemente la seguridad nacional. Se trata, sin duda, de una amenaza surrealista, que solo se le podría ocurrir a alguien que haya nacido cerca de Macondo. Queda por aclarar si quienes, con su dinero, traen desde el exterior las medicinas, los repuestos para vehículos o el papel higiénico que aquí no se consigue están cometiendo el mismo delito. Pero lo que no admite discusión es que la declaración del estado de emergencia, con la consiguiente autorización para recurrir a medidas extraordinarias, está reservada para situaciones especialmente graves, que constituyan una seria amenaza para la seguridad de la nación. Algo tan excepcional como la necesidad de hacer frente a una guerra, una insurrección militar o los efectos de un terremoto; ¡no para evitar que unos colombianos se lleven seis paquetes de leche en polvo!
Tiene que ser motivo de preocupación que nuestras fuerzas armadas no estén preparadas para hacer frente al “ataque masivo” de un grupo de contrabandistas, cargados con bolsas de harina PAN, café, aceite comestible y un poco de jabón. Sorprende que, a pesar de todo el peso que portaban, esos desalmados hayan estado en capacidad de herir a tres de nuestros soldados y hayan logrado huir con su preciosa mercancía, probablemente destinada a abastecer los supermercados del imperio.
Es condenable que 3 soldados hayan sido heridos por un grupo de facinerosos que, probablemente, se negaron a pagar la consabida vacuna. Pero, en un país en que se producen más de 25.000 asesinatos al año, más de 90% de los cuales permanecen en la más absoluta impunidad, sorprende que al gobierno le preocupe más la suerte de esos 3 soldados que la seguridad de todos los venezolanos.
Resulta curioso que, con sus atribuciones ordinarias, este gobierno sea incapaz de controlar una situación como la descrita y, para hacerle frente, tenga que recurrir a la suspensión de las garantías constitucionales en la zona fronteriza. ¡Como si las libertades económicas, la privacidad de las comunicaciones y el derecho de reunión sin permiso previo fueran derechos y libertades que están vigentes en el resto del país! ¡Como si el resto de los venezolanos pudiera disfrutar de sus garantías constitucionales!
El estado de emergencia no autoriza recurrir a medidas desproporcionadas, que destruyan humildes chozas y que maltraten a ciudadanos de otros países, del mismo modo como Donald Trump haría con los mexicanos si llegara a la presidencia de Estados Unidos. Tampoco sería proporcionado que, con un pretexto tan pueril como este, se suspendieran los derechos políticos de los venezolanos.
No es este desafortunado incidente lo que ha puesto a la patria en peligro. Ese hecho no pasa de ser un pretexto folklórico para distraer la atención de los venezolanos y para insinuar que el desabastecimiento que sufren es causado por unos colombianos que se han llevado cuatro latas de sardinas y una bolsa de azúcar. ¡No señor! Si hay una amenaza a la seguridad nacional, ella la han originado los que se llevaron el dinero de los venezolanos. El verdadero peligro para la vida de la nación deriva de la corrupción desbordada y de la presencia del narcotráfico dentro del territorio nacional. La amenaza real no proviene de unos seres miserables que subsisten revendiendo los pocos productos que logran conseguir, sino de grupos armados que operan impunemente en Venezuela. Los que han puesto a la patria en peligro son quienes han diseñado una política económica irracional, y que se movilizan rodeados de guardaespaldas mientras el pueblo es acribillado por el hampa. No nos confundamos. Los responsables de esa amenaza no están en la frontera; están en Miraflores.
