Más que afectar las conversaciones de La Habana, la destitución de Petro serviría para apuntalarlas: una expiación, para dejar en la impunidad incontables crímenes de lesa humanidad de las Farc, como el asesinato a garrotazos de dos policías desarmados.

Una de las más acertadas decisiones que ha tomado Santos en todo su gobierno ha sido destituir a Gustavo Petro. Claro que investigar y sancionar disciplinariamente al Alcalde Mayor de la Capital no es potestativo del Presidente de la República, sino del Procurador, solo que por esas cosas peculiares de la Carta del 91 era Santos el obligado a materializar una decisión que ya estaba ejecutoriada siguiendo lineamientos estrictamente legales.

Pero, siendo Santos tan calculador y tan dado a quedar bien con todo el mundo, ¿por qué no se acogió, como se había comprometido, a la tesis de que las decisiones de la CIDH son obligatorias y en cambio destituyó a Petro con tanta premura? ¿Fue producto de un cálculo electoral –tan artificioso como la caída de la bicicleta– para apoderarse de Bogotá, como dice Petro, mientras se reelige? ¿Es cierto que esta decisión afecta la negociación con las Farc?

Por una parte, es absurdo creer que la CIDH tiene un espectro de actuación ilimitado y que sus disposiciones son de forzoso cumplimiento pasando por encima del ordenamiento jurídico interno. Las medidas cautelares han estado dirigidas a salvaguardar la vida y la libertad de personas en situación de riesgo, no al amparo de cualquier cosa que esta entidad considere un derecho. Además, la CIDH no es una corte ni sus integrantes son juristas; y el otorgarles la razón se habría llevado de calle toda la institucionalidad del país al desconocer decisiones de la Procuraduría, el Consejo de Estado, la Judicatura y hasta la Corte Constitucional, que en sentencias ha acreditado las facultades del Ministerio Público para destituir a funcionarios nombrados por voto popular.

Sobra decir que a los más de 1.800 funcionarios de elección popular destituidos por la Procuraduría en los últimos 20 años habríamos tenido que pagarles indemnizaciones multimillonarias y reconocer que, en lo electoral, Santos sí podría haberse visto afectado al darle cabida a esta nueva intromisión de un organismo externo como la ocurrida en el caso de San Andrés.

Por otra parte, no se ve cómo pueda considerarse esta destitución un cálculo electoral cuando todo hace suponer que en vez de ponerle votos a un Santos anclado en el 25 por ciento, y al que Vargas Lleras no le sumó nada, le resta todos los posibles votos de izquierda, que en segunda vuelta lo acompañaría en aras del proceso con las Farc. Ahora Petro anuncia campaña por el voto en blanco, pero como en segunda vuelta no tiene efectos políticos es de esperarse que la izquierda se sume al ‘toconsán’ para hundir la reelección.

En cuanto a eso de “apoderarse de la Capital mientras se reelige”, es muy poco tiempo para emprender acciones que den votos (tapar huecos, mejorar TransMilenio, acabar el robo de celulares) y solo un reparto directo y descarado de mermelada podría hacer efecto. ¿Será que se llega a tanto?

En realidad, no es aventurado conjeturar que en esta decisión no hubo ni cálculo político ni un gesto de decidido respaldo a la institucionalidad. Más bien, como Santos está obsesionado con la ‘paz’ y es un consumado jugador de póquer, vio la oportunidad de poner una pica en Flandes para rechazar la intromisión de la Corte Penal Internacional cuando bañe de impunidad a los cabecillas de las Farc, pues le habría sido impresentable pedirle a esta que se aparte después de haber permitido intrusiones de una comisión con horario de cabaret.

Más que afectar las conversaciones de La Habana, la destitución de Petro serviría para apuntalarlas: una expiación, para dejar en la impunidad incontables crímenes de lesa humanidad de las Farc, como el asesinato a garrotazos de dos policías desarmados.